Luego de una ola de críticas y de protestas de organizaciones feministas y de derechos humanos, el Congreso de Guatemala decidió este martes archivar la polémica “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que, entre otras cosas, elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio igualitario.

La ley había sido aprobada por el mismo Congreso el 8 de marzo, justo en el Día Internacional de la Mujer, lo que despertó aún más la ira de los colectivos de mujeres y disidencias.

El proyecto se había presentado en 2017 e implicaba la reforma del Código Civil con una batería de artículos que ponía en peligro los derechos fundamentales de las personas de la diversidad sexual y criminalizaba aún más a las mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo.

Contemplaba las siguientes disposiciones: elevar de 3 a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”; prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la unión de hecho; prohibir la educación sexual integral vedando a las escuelas a enseñar «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal». Además, institucionalizaba con diversas normativas el rechazo a la diversidad sexual.

Marcha atrás en la «capital pro vida de Iberoamérica»

Un día después de que el Congreso la aprobara, el gobierno declaró a Guatemala “Capital pro vida de Iberoamérica” en un acto en la Plaza de la Constitución encabezado por el presidente Alejandro Giammattei y jerarcas de la Iglesia. Durante su discurso, el mandatario dijo que se busca proteger la vida en sus “cinco etapas”.

Sin embargo, fue el mismo Giammattei quien luego indicó en un mensaje a la población el 10 de marzo que vetaría la ley porque violaba la Constitución guatemalteca, además de varios tratados internacionales.

Durante todos estos días se sucedieron manifestaciones de rechazo y repudios de diversos sectores sociales que finalmente, lograron que las y los diputados dieran marcha atrás con la iniciativa.

La organización Amnistía Internacional había indicado la semana pasada mediante la directora para América, Erika Guevara Rosas, que la normativa fomentaba “el odio y la discriminación” y no protegía “a las familias ni a las vidas”.