En la medida en que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y autoproclamado presidente interino de Venezuela avance en tomarse atribuciones de gobierno, el conflicto en ese país podría escalar a un nivel crítico, sólo atenuado por la intervención de instancias que llaman al diálogo, como el propio Vaticano o el Mecanismo de Montevideo, algo que la oposición y los poderes que la apoyan –entre ellos el gobierno de Estados Unidos– no se ven dispuestos a aceptar. La situación de Guaidó como activo agitador de la supuesta «usurpación» que ejerce Nicolás Maduro y titular de un proclamado gobierno de transición comandado por el Poder Legislativo con decisiones de gestión parece encaminarse rápida y forzadamente hacia una definición.
El resto de las instancias estatales que siguen respondiendo a Maduro empiezan a inquietarse ante los movimientos opositores. La semana que acaba de pasar la AN aprobó una Ley de Transición para un supuesto cambio de gobierno y Guaidó «autorizó» el ingreso de ayuda humanitaria desde corredores fronterizos en Colombia y Brasil, que Maduro ya anunció su firme decisión de impedir. El jefe del Parlamento, que promete una masiva marcha opositora para pasado mañana en apoyo a esta iniciativa, hasta se mostró propenso a «admitir» una intervención militar que «termine con la usurpación» y garantice la ayuda pedida. «Esto es un tema muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario», respondió Guaidó al ser consultado en una entrevista con medios franceses sobre si haría uso de sus facultades para autorizar eventualmente ese tipo de intervención. Pero el joven diputado perteneciente a Voluntad Popular, partido del encarcelado por «instigación a la violencia» Leopoldo López, sabe que para ejercer funciones ejecutivas requiere de una más activa intervención de las 50 naciones que lo «reconocen» –algunas ya con dudas, como se lee más abajo– y sobre todo que las Fuerzas Armadas nacionales desconozcan a su actual comandante en jefe, algo que no se ve en el horizonte a pesar de sus insistentes pedidos públicos.
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ya está evaluando la posibilidad de avanzar contra Guaidó, a quien acusa, paradójicamente, de ser él un «usurpador». En un pronunciamiento comunicado el viernes por el magistrado Juan José Mendoza, la Corte exhortó a la Fiscalía a «investigar penalmente la presunta materialización de conductas de tipo delictivo» de Guaidó y demás parlamentarios. «Existe una usurpación de funciones, al pretender Guaidó autoproclamarse presidente encargado» y «pretender tomar atribuciones que corresponden al presidente constitucional», expresó Mendoza. Claro es que cualquier acción legal contra Guaidó, incluida su detención, podría precipitar la intervención más activa de quienes apuestan a su liderazgo.
La Sala Constitucional del TSJ solicitó además a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano de suprapoder contemplado en la Constitución, creado en 2017 y controlado por el oficialismo «la toma de decisiones», tras declarar la «nulidad absoluta» de la Ley de Transición aprobada el martes, a la que caracterizó como «un golpe de Estado».
Maduro también calificó la proclamación de Guaidó como un intento de golpe y aseguró que no busca más que «justificar la intervención en el país». En una conferencia de prensa de hace dos días volvió a rechazar la ayuda humanitaria internacional y la llamó «show de la oposición». La supuesta ayuda, dijo, «es un regalo envenenado, un paquete tramposo». Maduró volvió a valorar el «Mecanismo» de diálogo propuesto en Montevideo por los gobiernos de Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom) como iniciativa para lograr la paz en Venezuela mediante diálogo y negociación. Y a pesar de que llamó «parcializado e ideologizado» al Grupo de Contacto impulsado por algunos países latinoamericanos y la Unión Europea (UE) que también tuvo su primera reunión en Montevideo (ver aparte) dijo estar dispuesto a recibir a sus enviados para dialogar.
La otra gran apuesta de Maduro es la respuesta «muy iluminada» que espera del Papa Francisco, a quien envió una carta en la que solicita su mediación. El Vaticano dijo el viernes que mantiene una posición de «neutralidad positiva» en la crisis creada en Venezuela. «La actitud de la Santa Sede no es la de quienes se sientan delante de la ventana y observan de manera casi indiferente. Es la actitud de estar sobre las partes para superar el conflicto», aseguró el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. La oposición venezolana anticipó que sólo aceptaría la invitación si la condición es que Maduro se retire del poder.
Por otra parte, ayer se pronunció el grupo de expertos del Parlamento alemán solicitado por la oposición de ese país, señalando que la decisión del gobierno de Angela Merkel de reconocer a Guaidó podría ser entendida como una injerencia en los asuntos internos de otro país. «