La falta de definición en el conflicto entre la oposición y el gobierno venezolanos, la acumulación de «ayuda humanitaria» y las decisiones de cierre de fronteras están generando un caldo de cultivo en la ciudad colombiana de Cúcuta, que se convirtió en epicentro del debate desde que comenzó a gestarse la cruzada opositora que pretende desplazar a Nicolás Maduro del gobierno. Sobre todo después del fallido intento del sábado pasado de ingresar mercadería a territorio venezolano, políticos y funcionarios de uno y otro lado de la frontera empiezan a alertar sobre los graves problemas que pueden generarse en esa ciudad de frontera, hoy escenario de todas las maniobras políticas, de inteligencia y operativas de los poderes que intervienen en la disputa con Venezuela. Hasta el alcalde cucuteño, César Rojas, reveló que nunca estuvo de acuerdo con el traslado de ayuda humanitaria desde la ciudad y advirtió sobre posibles focos de conflicto relacionados con ese tema (ver aparte). Por otro lado, el coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, Freddy Bernal, muy cercano a Maduro, denunció ayer que el gobierno de Iván Duque «otorgó estatus de refugiado» a un grupo compuesto por militares desertores y «mercenarios» instalados en Cúcuta que «pretenden en las próximos días efectuar incursiones violentas contra Venezuela con armamento comprado por USA en Europa del Este, tal como lo denunció el canciller de Rusia», dijo en su cuenta de Twitter. Bernal instó a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, «a pronunciarse y hacer una revisión inmediata del uso que el narcogobierno de Colombia hace de esta noble agencia y del estatus de ‘refugiados’ para estos mercenarios».
Cúcuta viene siendo hasta ahora el punto de reunión del eje antichavista regional e internacional. El propio Duque se trasladó varias veces allí para realizar actos junto a la oposición venezolana. Allí también se trasladaron, entre otros, el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliott Abrams, el senador republicano de extrema derecha, Marco Rubio, y Carlos Trujillo, embajador de EE UU ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde allí lanzó Juan Guaidó, autodeclarado «presidente encargado», el intento de distribuir la ayuda enviada mayormente desde los Estados Unidos, violando además la prohibición de salir de Venezuela, impartida por el Tribunal Superior de Justicia. Días atrás, Maduro dijo que Guaidó, debe «respetar la ley» y que si regresa al país «tendrá que ver la cara de la Justicia», aunque el tribunal no realizó hasta ahora acusación formal.
En lugar de regresar, el legislador opositor inició una gira de «reafirmación» por otros países de la región cuyos gobiernos ya lo apoyaban, comenzando por el Brasil de Jair Bolsonaro. El viernes, después de ver al presidente Mario Abdo en Paraguay, se encontró con Mauricio Macri en Olivos, y en el Palacio San Martín brindó una conferencia de prensa. Ayer tenía previsto visitar Ecuador para regresar mañana a Caracas. Según confiaron fuentes del gobierno venezolano a Tiempo, la preocupación dentro del chavismo no es la violación legal sino que se intente instalar «un falso positivo» contra su integridad desde sectores de inteligencia opositores.
En su paso por la Argentina Guaidó aseguró que su espacio está «preparándose para la transición» de gobierno. También aseguró que la oposición se mantendrá «en la calle» hasta lograr «la libertad en Venezuela». Aunque ninguno de esos objetivos tiene plazo ni horizonte visible. En la lectura del chavismo, la gira de Guaidó es una muestra de debilidad. Es que tras la imposibilidad de ingresar ayuda el 23 de febrero, el opositor endureció su pedido de «usar la fuerza», postura que fue rechazada por el Grupo de Lima en su reunión del lunes siguiente y por el vicepresidente de EE UU, Mike Pence. Más allá de la amenaza permanente de la «opción militar», Estados Unidos parece no dispuesto a dar un paso que pueda significar un conflicto global de proporciones, teniendo en cuenta el férreo apoyo de Rusia hacia el gobierno de Maduro. Así resulta evidente que ninguna imposición de cambio de gobierno en los términos planteados puede aplicarse sin poder de fuego. Más allá de algunas deserciones, que Guaidó contabiliza en «600 efectivos», las fuerzas armadas oficiales siguen leales a su comandante en jefe. «
Tendiendo puentes
El gobierno de Nicolás Maduro analiza cómo sacar tajada de los sectores que, con diferencias, hablan de la posibilidad del diálogo. Incluso aceptó reunirse con los representantes europeos del llamado Grupo de Contacto, a pesar de que este pide realizar elecciones. Maduro apuesta a establecer con Europa un canal de ayuda humanitaria «soberana» para paliar las graves consecuencias económicas que generan los bloqueos impuestos por Estados Unidos a divisas venezolanas, como se contó la semana pasada. Ahora la nueva estrategia comunicacional chavista es hablar de la instalación de una nueva mesa con la oposición, similar a la montada en 2017 en República Dominicana, que se desarmó por decisión unilateral de los opositores momentos antes de la firma de un acuerdo consensuado.
En una entrevista con la agencia rusa Sputnik, el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, aseguró que el gobierno está dispuesto a una mesa de diálogo si se respetan cinco puntos. «Uno, respeto a la soberanía de Venezuela; dos, respeto al derecho a la paz que tiene Venezuela; tres, levantamiento de las sanciones; cuatro, que se establezca un mecanismo para dirimir por vías pacíficas las diferencias que haya entre el gobierno y la oposición; cinco, que haya un respeto a la no injerencia por parte de otros países y gobiernos».
Maduro espera también convencer a la Comisionada en la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que visite Venezuela y contribuya en la consolidación del diálogo. Así se lo hizo saber el canciller Jorge Arreaza en la última reunión multilateral del miércoles pasado.
