Desde hace más de un mes la pulseada entre el movimiento de resistencia a la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron y el amplio universo social que lidera la Intersindical en Francia no se debilitó tras las últimas jornadas de protesta que se desarrollaron en más de 250 localidades a lo largo y ancho de la geografía gala. Pero llegó el momento de un balance provisorio. Las protestas del martes 7 y del sábado 11 fueron tan multitudinarias (superaron los dos millones y medio de asistentes) como las del 19 de enero, pero con una presencia inferior de huelguistas que el 31 de enero, lo que plantea interrogantes mientras el gobierno concentra su voluntad en forzar la reforma. La masividad, que sigue mostrando una extensa oposición popular y una clara comprensión de las consecuencias, confirma el nivel de popularidad de la protesta contraponiéndose en la «guerra social de desgaste» a un gobierno como el de Macron, cada vez más aislado.
La discusión pública, a pesar del posicionamiento de la prensa hegemónica, dejó al descubierto los argumentos falsos de los principales funcionarios que defienden el proyecto, como el ministro de las Cuentas Públicas, Gabriel Attal. Es todo un símbolo que declare que «hay que salvar el sistema de reparto de las pensiones de la quiebra» mientras diversos artículos muy sólidos demuestran la incongruencia de sus argumentos, sobre todo si se tiene en cuenta la desestabilización del sistema de reparto generada con las deducciones de las cotizaciones sociales, por los sucesivos gobiernos. Un elemento conocido en nuestras latitudes, cuando en pleno menemato se privatizaron las jubilaciones vía AFJP.
La tendencia que se expresa como denominador común del neoliberalismo a escala planetaria es la falacia de la inviabilidad del régimen de sustentabilidad, que invisibiliza la tarea sistemática expresada en las exenciones patronales a las cotizaciones de la Seguridad Social que ascendieron a 85 mil millones de euros en el presupuesto del 2021. Además, el Gobierno, para demostrar a las agencias de calificación y a la Comisión Europea que es ejemplar en materia de cuentas públicas, impone que los fondos de pensiones amorticen el capital de su deuda en 17 mil millones cada año.
Para los trabajadores franceses, queda cada vez más claro que lo que está en juego en todo este debate es la distribución de la riqueza, empezando por los recursos de la fiscalidad y la distribución del gasto público.
La masividad de la protesta expresó no sólo el rechazo a la reforma de las pensiones, sino que también puso en primer plano el descontento ante la inflación, la carestía de la vida, sobre todo de los alimentos y la energía, y la liquidación de los servicios públicos, empezando por los hospitales y las escuelas. Ante este escenario la unidad sindical en la lucha es la novedad. Pero se requiere más para poder contrarrestar las políticas del establishment neoliberal.
El desprecio de clase mostrado hacia la voluntad popular revela el enfoque político del gobierno: repetir la táctica de Sarkozy quien en el otoño de 2010, para aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años, resistió a una serie de huelgas y manifestaciones de un nivel equivalente a las actuales. El 12 de octubre de ese año, los puertos y muelles y las refinerías se declararon en huelga: 18 días con 12 refinerías bloqueadas y un tercio de las estaciones de servicio sin combustible. Luego la Inter-Sindical se limitó a convocar jornadas de movilizaciones cada vez más espaciadas, que dejaron sin perspectiva al movimiento de los petroleros.
Teniendo en cuenta esa experiencia, que se convirtió en un duro golpe para el movimiento de los trabajadores, sectores de la izquierda sindical ahora apuestan a profundizar las huelgas. Pero se debe tener en cuenta la diferencias significativas, teniendo cuenta que todos los sindicatos están definidos a favor de impedir la implementación del proyecto presentado por la primera ministra Elisabeth Borne. El 7 de febrero, la co-delegada general del Sindicato Solidaires, Murielle Gilbert, declaró: «No podremos ganar si no avanzamos hacia una reconducción real y un bloqueo generalizado de la economía». El interrogante es si esta vez, la pulseada entre el gobierno, con su sagrada alianza con el establishment económico y financiero, y la mayoría de los medios de comunicación se verá jaqueada por la creciente generalización de la protesta, con la llamada estrategia sindical de las huelgas renovables, o su sincronización intermitente obligará a la derecha gobernante a dejar el proyecto de reforma regresivo para otra oportunidad.
