La frase sintetiza un año de gestión de Iván Duque como presidente de Colombia, según la visión del informe “El aprendiz del embrujo”, que acaban de publicar en forma conjunta la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD); la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), junto con cientos de organizaciones: “Finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público”.

En el texto, una serie de artículos compilados en un libro de casi 500 páginas, al que accedió Tiempo, asevera que la defensa de los derechos humanos tuvo un severo retroceso durante el primer año del gobierno derechista Centro Democrático, relacionados con la vuelta a un “panorama de guerra, violaciones de derechos humanos y desconocimiento de los principios democráticos y de la autonomía de las instituciones”.

En el prólogo se advierte que “más de seiscientas organizaciones sociales, comunitarias y no gubernamentales, y alrededor de sesenta autores institucionales y personales, investigadores, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, escritores y periodistas, caricaturistas y fotógrafos, nos ofrecen aquí sus miradas sobre qué, cómo y porqué viene existiendo en el país un gobierno que algunos no saben dónde está ni qué hace, pero al cual todos perciben por sus efectos nefastos y por estar siempre en el lugar equivocado mientras sus socios se rotan entre lo público y lo privado a la caza de las rentas del Estado fingiendo la paz y reinventando la guerra”.

Con respecto a la situación de violencia creciente y la falta de implementación de las cláusulas rubricadas en el Acuerdo de Paz de 2016, el libro apunta que “Duque nunca aceptó el Acuerdo de Paz ni lo reconoció como un compromiso de Estado. Por el contrario ha intentado hacerle un esguince insistiendo que se trata de un acuerdo del gobierno anterior, y por ello no lo consideró como parte sustancial del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que presentó al Congreso”.

“De manera específica”, continúa, “rechaza con vehemencia algunos puntos del Acuerdo como la Justicia Especial para la Paz, la formalización y distribución de tierras y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”.

El informe señala también el diseño “expoliador” y “neoliberal” del gobierno, como parte de un programa lesivo de los derechos ciudadanos. “La agenda de equidad y legalidad que había convocado a sectores ajenos a la derecha no se ha traducido en hechos. Hoy la noción de trabajo decente está subyugada a la obsesiva idea de la fexibilización laboral; las discusiones sobre restitución y acceso a la tierra –que no son lo mismo-, se ocultan en la agenda antinarcóticos, y las propuestas sobre la igualdad de oportunidades, en especial para niños y jóvenes, fueron sustituidas por estrategias policivas que no forjan seguridad o bienestar”.

En este sentido, el partido de gobierno “viene promoviendo una mentalidad de desprestigio del sector público como gestor ineficiente y servidor corrupto. Fue el argumento para desmontar el Estado como prestador de servicios. Como se ve en los servicios de salud, los privados se quedaron con las clínicas y los hospitales”, advierten los autores.

El título del informe remite a la publicación de 2003 “El Embrujo Autoritario”, en el que se denunciaron hechos de violencia durante la presidencia de Álvaro Uribe, mentor del actual gobernante. No solo considera a Duque su “aprendiz”, sino que además señala su “fragilidad” al frente del gobierno. “Duque fue impuesto a un partido voraz que no tiene más acuerdo interno que su miedo al cambio y la jefatura suprema e indiscutible, por el momento, del senador Uribe”, dice el texto.

Con respecto a la violencia, se asegura que el gobierno no está encarando políticas firmes para evitar las masacres, sobre lo que cuestiona “la ausencia de garantías para los constructores de paz y los defensores de los derechos humanos; y las crisis y tragedias humanitarias como las formas más agudas del estado de estos derechos en el devenir actual de los conflictos sociales y de la democracia en el país”.

Los crímenes no solo están relacionados con el desarme de grupos guerrilleros, sobre lo cual el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostienen que ya son más de 700 líderes sociales y 135 ex combatientes de las FARC los asesinados desde 2016. También afecta directamente a las mujeres y a referentes de la diversidad sexual.

Según cifras del estudio, en el primer semestre de este año 12 mujeres defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, cifra que en el mismo periodo del año pasado se ubicó en seis. El mismo período fueron también asesinados seis defensores de la comunidad LGBT, tres casos más que los ocurridos entre enero y julio en 2018, sin que se observen políticas al respecto.

El informe concluye en que la salida a estos conflictos irá de la mano de “la respuesta articulada” del movimiento social que ha logrado “un espacio único de interlocución y concertación” con el Gobierno. “Esta incidencia conjunta desde la sociedad civil, de la mano del respaldo de la comunidad internacional (…) ha facilitado que pese a las distancias existentes con el actual Ejecutivo, este haya decidido reactivar los mecanismos de diálogo históricos para la concertación”, afirma.

Esto, precisa el libro, dio lugar este año al comienzo de un diálogo con el Gobierno para “la promulgación de una Política Pública de Garantías a la labor de las personas defensoras de derechos humanos” y próximamente “está prevista la activación de conversaciones para abordar la implementación del Protocolo de Protesta Social”, entre otros avances.