El 12 de octubre en América es una fecha que rememora el inicio de la invasión europea con las consecuencias devastadoras para la población autóctona que se conocen. Hasta no hace tanto, los almanaques argentinos marcaban la fecha en rojo como Día de la Raza y asumían presidentes constitucionales. Hasta que en 2010 Cristina Fernández reformó mediante un DNU la denominación, que tenía su origen en otro decreto, de Hipólito Yrigoyen. Es desde entonces Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En la península ibérica, en cambio, este jueves se celebra el Día de la Fiesta Nacional de España. Esta vez, la conmemoración encuentra a la región más rica del reino enfrentada con Madrid para lograr su independencia y su deseo de formar una república. Dos expresiones que la monarquía y la dirigencia política española rechazan de un modo feroz.

Por eso la celebración en la capital del país fue diferente. Los Reyes presidieron el desfile con el gobierno en pleno y la mayoría de líderes políticos cerca de la foto. Las crónicas reflejan que por primera vez en muchos años no hubo abucheos para las autoridades nacionales a la tribuna de la Plaza de Lima, desde donde presenciaron la parada militar, donde marcharon también miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional bajo el lema «Orgullosos de ser españoles».

Por el momento, el único incidente notable fue la caída de un avión Eurofighter cuando volvía del desfile y se estrelló en la base Los Llanos, en Albacete. El piloto no alcanzó a saltar y falleció, según el informe oficial.

Las fuerzas armadas -bajo la mirada solemne del jefe del gobierno español Mariano Rajoy y el rey Felipe VI- desfilaron por el céntrico paseo de la Castellana, acompañadas por primera vez en 30 años por la Policía Nacional, justo dos semanas después de su dura intervención para impedir el referéndum de autodeterminación prohibido en Cataluña.

En Barcelona, miles de catalanes que se oponen a la independencia celebraron la Fiesta Nacional de España marchando al grito de «¡soy español!», apenas cuatro días después de una enorme marcha de cientos de miles de personas para rechazar el proyecto secesionista.

Ultimátum a Puigdemont

Las relaciones entre esa región del noreste de España y el poder central pasan por su peor momento desde la vuelta de la democracia al país, que favoreció la recuperación del autogobierno en Cataluña suspendido durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Esta autonomía, motivo de orgullo para gran parte de los catalanes, está en su punto álgido ante el ultimátum lanzado por Rajoy al presidente catalán Carles Puigdemont para «clarificar» si declaró o no la independencia en su presentación ante el Parlamente este martes.

Dispone hasta el lunes de margen. Si no contesta o responde afirmativamente, tendrá una prórroga hasta el jueves 19 de octubre para rectificar antes de que Madrid tome el control de la región a través del artículo 155 de la Constitución española, según la amenaza.

El martes, Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia a la que se había comprometido tras el referéndum del 1 de octubre, en el que ganó el sí con un 90% de votos y una participación del 43% según su gobierno.

El presidente regional dijo asumir «el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República», pero pidió suspender «los efectos de la declaración de independencia» para intentar un diálogo con Madrid.

Sin embargo, justo después, firmó una declaración de independencia junto al resto de diputados separatistas que, según el portavoz de su ejecutivo, tuvo solamente carácter «simbólico».

Puigdemont insiste en resolver a través de una mediación internacional este conflicto, iniciado en 2012 ante el rechazo de Madrid a un referéndum de autodeterminación ampliamente reclamado en Cataluña, dividida casi a partes iguales sobre la independencia.

«No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia», aseveró Rajoy.

Puigdemont, presionado por su propio campo para seguir adelante con la secesión, respondió por Twitter: «Pides diálogo y te responden poniendo el artículo 155 encima de la mesa. Entendido».

Presión internacional y económica

La Unión Europea, ya sacudida por el Brexit, sigue la crisis con inquietud. La Comisión Europea pidió «pleno respeto del orden constitucional español» y París, Berlín y Roma denunciaron el carácter «ilegal» e «inaceptable» de una declaración de independencia.

También Estados Unidos mostró su apoyo a «una España fuerte e unida» en un mensaje del secretario de Estado, Rex Tillerson, para felicitar la fiesta nacional.

Dentro del país, Rajoy recibió el apoyo del principal partido de la oposición, los socialistas, del PSOE que también arrancaron del mandatario un compromiso para iniciar una reforma de la Constitución en aras de solucionar esta crisis que afecta de pleno la economía.

Decenas de empresas de Cataluña, con un 20% del PIB español, cambiaron su sede a otras regiones del país y el fundamental sector turístico registra un descenso en las reservas.

Madrid dispone de otras medidas para frenar el independentismo: desde decretar un estado de emergencia hasta la detención de Carles Puigdemont y sus aliados.

Pero cualquier medida drástica puede empeorar las cosas en Cataluña dada la fuerte movilización de los independentistas y el rechazo generalizado a las acciones de los conservadores españoles, sobre todo desde la brutal represión el 1 de octubre pasado.

Suspender la autonomía «provocaría una reacción mayoritaria de la población catalana» y «un reforzamiento del independentismo», advierte Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Según Frederico Santi, analista de Eurasia Group, «la crisis política e institucional se agravará, salvo un improbable cambio de gobierno en Madrid o Barcelona».