El debate de investidura presidencial del candidato del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, que comenzará el martes, «está muerto desde antes de nacer», según dijo un analista a Télam, al punto de que hasta el propio interesado dejó entrever que no reunirá los votos necesarios en el Congreso, por lo que se prevé que el rey Felipe VI tendrá que encargarle la tarea al socialista Pedro Sánchez, quien pareciera contar con los respaldos necesarios para ser consagrado en las próximas semanas.

La señal más evidente de las escasas chances que tiene el líder conservador de ser investido esta semana es el acto al que el PP convocó este domingo en la madrileña Avenida Alfonso II, para oponerse a una potencial ley de amnistía que sólo podrá ser impulsada si él fracasa en su intento. Esto posiciona al PP más como un partido de oposición que como uno de gobierno.

Efectivamente, las negociaciones entre el Parido Socialista Obrero Español (PSOE) y los independentistas de Junts por Cataluña (JxC) incluyen una amnistía para todos los procesados por el frustrado intento secesionista de 2017, que beneficiaría desde a directores de escuelas que prestaron sus instalaciones para la votación del referendo unilateral hasta el exiliado expresidente catalán Carles Puigdemont.

«El ambiente general en España es de que la investidura de Feijóo está muerta antes de producirse. Desde antes de recibir el encargo del rey sabían que no iban a lograr los apoyos. A mi juicio lo han dado por perdido», afirmó el politólogo Alejandro Solís en diálogo con Télam.

«La manifestación de este domingo en contra de la amnistía al ‘proces’ catalán es una reacción a la investidura de Sánchez, que todavía no se le han encargado», agregó el analista, que integra Ideas en Guerra, un grupo de pensamiento político integrado por profesionales jóvenes.

La idea en que coinciden todos los analistas es que finalmente el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no va a respaldar a Feijóo porque la presencia del ultraderechista Vox en ese entente le resulta intolerable.

«El PNV tiene elecciones el año que viene y no puede jugárselas con tener a Vox en la mochila. Vox ha tenido resultados nefastos en Euskadi, pero además es una fuerza ultranacionalista con postulados existencialmente antitéticos con cualquier fuerza independentista», dijo por su parte Sergio Pascual, ex diputado español por Podemos y actual miembro del consejo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

«Vox es el lastre que le impide el apoyo del PNV, pero además el PP ya tiene muchos cogobiernos en comunidades autónomas y en ciudades y municipios, lo que explica la reticencia del PNV a salir en esa foto», coincidió Jorge Resina, politólogo y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Sin los cinco votos del PNV, el PP (137 bancas) se queda sólo con el respaldo de los 33 legisladores de Vox, uno de Unión del Pueblo Navarro y otro de la Coalición Canaria, en total 172, lejos de los 176 necesarios para la investidura.

Pero, además, en la votación del miércoles pasado para permitir que los legisladores gallegos, vascos y catalanes hablen en el recinto en su idioma de origen, la representante canaria votó a favor, es decir, en contra del bloque que lidera el PP.

Tras el debate de investidura, previsto para martes y miércoles, se pasará a la votación, lo que se estima que llegará hasta el viernes. Pero el dato es que el mismo martes comienza a correr el plazo máximo de dos meses que prevé la Constitución para que, en caso de que se frustre este primer intento de Feijóo, el rey le encargue a otro postulante armar gobierno antes del 26 de noviembre, que todos descuentan que recaerá en Sánchez.

Los dos meses son un tope, después del cual habría que convocar a nuevas elecciones, pero lo más probable es que mucho antes, ya con el encargo de Felipe VI en su bolsillo, Sánchez esté en condiciones de someterse al debate de investidura.

Se estima que en un mes o menos la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol Socias, convocará al debate.

La clave será la negociación del PSOE con los independentistas catalanes de Junts, que es el partido que tiene la llave que necesita Sánchez para volver a La Moncloa, sede del gobierno español, con todas las atribuciones presidenciales, en lugar de los poderes restringidos que le da su actual condición de interinato.

Junts tiene en el tope de sus reclamos la amnistía para los condenados por el proceso de 2017 y la realización de un nuevo referendo independentista.

«Van a seguir tirando de la cuerda, pero finalmente van a terminar votando a favor, aunque sea dándole al socialismo el mínimo apoyo necesario», señaló Solis.

Para Pascual, el tiempo que tiene Junts para seguir tensando las negociaciones es acotado, «porque necesitan retomar su actividad y porque durante el resto de la legislatura estaría en el centro de todos los debates centrales del próximo gobierno y, en contraposición, si no le da la investidura a Sánchez se condena al ostracismo».

Aunque hubo elecciones en que tuvieron más representantes que los siete que le depararon los comicios del 23 de julio, nunca los independentistas catalanes tuvieron el peso estratégico que tienen en este momento.

«Es muy jugoso para que Junts lo deje pasar, sería irracional», señaló Pascual, que destacó que «Sánchez está dispuesto a darle una ley de amnistía, que tendría un coste inicial puertas adentro del socialismo, pero no a largo plazo».

«En el cruce de gestos para llegar a un acuerdo, digamos, Junts tendría que cederle al PSOE el compromiso de que el diferendo esta vez se tiene que resolver por una vía dialogada, no unilateral, que no va a volver a emprender la dinámica de 2017», agregó el consultor.

«Si hay acuerdo para una amnistía, el tema de la unilateralidad va a ser una línea roja que Sánchez no puede atravesar. Se podrá plantear tal vez un proceso muy abierto y de medio plazo. (El presidente catalán) Pere Aragonés (Ezquerra Republicana) había prometido una mesa de diálogo de partidos catalanes y esto podría ser un tema de cuidado para Junts, que compite por el mismo electorado», dijo en tanto Resina.

El catedrático recordó además que el expresidente catalán Puigdemont, que sigue autoexiliado en Bruselas, «había planteado la necesidad de una figura de un mediador independiente, luego de rechazar la propuesta del PSOE de proponer al (expresidente José Luis) Rodríguez Zapatero para ese rol. Tal vez algún proceso de ir hacia un referendo, más esta figura del mediador independiente, puedan ser una base de entendimiento», agregó Resina.

Si todo esto fracasa, la alternativa constitucional es convocar a nuevas elecciones para el 14 de enero.

Pero ni los entrevistados ni otros observadores consultados por Télam ven esta opción como la más probable, porque «no le conviene a ninguno», pero sobre todo a los partidos más pequeños, ya que todos los sondeos de votación en ese escenario hipotético anticipan que la política española volvería a regirse con una lógica bipartidista, tras una década de diversificación de la oferta electoral.