En España se usa la expresión «cloacas del Estado» para referirse a las redes de militares, policías e integrantes de los servicios de inteligencia, en actividad o retirados, que trafican información, arman operaciones de prensa y encubren a empresarios y políticos. Hace una semana se desmontó una fake news que involucraba a Pablo Iglesias, según la cual el ex vicepresidente y fundador de Podemos habría recibido dinero del gobierno de Venezuela a través de una cuenta en las islas Granadinas, un paraíso fiscal emplazado en el Caribe.
No es la primera vez que intentan vincular a Iglesias con presuntos fondos provenientes de Venezuela o Irán, pero el montaje quedó en evidencia después de que el diario Crónica Libre revelara una serie de audios en los que Antonio García Ferreras, director del canal La Sexta, y Mauricio Casals, directivo de Atresmedia -el grupo mediático al que pertenece la emisora- y presidente del diario La Razón, conversaban con uno de los personajes más opacos del país: José Manuel Villarejo.
Villarejo, un excomisario que inició su carrera durante el franquismo, se encuentra envuelto en varios casos de corrupción que tienen en el centro al derechista Partido Popular (PP), hoy en la oposición. En la charla, el policía retirado menciona la información sobre Iglesias difundida por Eduardo Inda, director de OK Diario, una publicación digital cercana a las banderas de Vox, que Ferreras tacha de «burda». El problema es que La Sexta también había difundido la noticia falsa.
Los audios son de marzo de 2017. Villarejo todavía tendría unos meses de libertad antes de ser detenido por una causa relacionada con su empresa personal de espionaje. Podemos se había consagrado como el tercer partido más votado de las elecciones de 2016 y el segundo de la izquierda detrás de los socialistas del actual presidente Pedro Sánchez, frente a una campaña de fake news y acoso contra sus dirigentes. Aquella conversación expone ahora el accionar de las «cloacas del Estado», el alcance de sus operaciones y el impacto directo sobre el sistema democrático.
«Podemos se presentó por primera vez a unas elecciones generales en 2015. Podemos obtuvo un resultado espectacular: casi 70 diputados y 5 millones de votos. Los meses posteriores las cloacas del Estado han operado para atacar a una formación y los cimientos de la propia democracia. Nadie ha perdido perdón cuando la justicia ha archivado las falsas acusaciones y los montajes. Todo el lawfare se ha apoyado en la difusión de los medios de comunicación», asegura la politóloga Dina Bousselham.
Bousselham, directora del medio digital LÚH!, fue víctima de las fuerzas que trabajan al margen de la legalidad cuando le robaron el celular en 2015 y apareció información suya en la casa de Villarejo. «Hay que destapar todas estas cloacas, destapar cómo ha ido funcionando la pata mediática junto con el poder político, económico y policial, apoyándose en la judicialización de la política. La estrategia de lawfare tiene que ser desmontada», sostiene.
Además, considera que sin la campaña de desinformación «el papel de Unidas Podemos en el gobierno sería más fuerte y obligaría al PSOE a poner en marcha más medidas progresistas», en alusión al actual gobierno de coalición. «La tarea fundamental de los medios de comunicación decentes es apartarse de esta mala praxis que ha involucrado a periodistas cómplices con las cloacas de Villarejo y sus secuaces», dice la académica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Sánchez se solidarizó con Iglesias y las personas que sufrieron campañas de desinformación y les pidió a los miembros del PP que «digan que nunca jamás se van a poner en manos de personajes como Villarejo». Además, el presidente español acusó a la derecha por usar a «una policía mal llamada patriótica» –por el grupo paraestatal de Villarejo que operaba de forma clandestina bajo las órdenes políticas del ministro del Interior de Mariano Rajoy, exmandatario y antiguo líder del PP–para «perseguir a adversarios políticos y obstaculizar la investigación de la justicia ante casos de corrupción que afectaban a su partido”.
Iglesias también recibió el apoyo de Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Como señala Bousselham, «en América Latina se conoce muy bien la judicialización de la política dentro de la oleada reaccionaria que ha vivido el continente antes del segundo giro progresista». España se ha acostumbrado a las causas armadas, la fabricación de documentación falsa y el espionaje. Incluso el celular de Sánchez fue hackeado, sin que la inteligencia pudiera determinar quién ordenó la interferencia.
De hecho, unos días antes de la revelación de Crónica Libre, el diario El País publicó unos audios de Villarejo y María Dolores de Cospedal, entonces número dos del PP y ministra de Defensa, en los que comentaban el fracaso de la operación para vincular a Iglesias con el dinero del chavismo, pero conspiraban para ligarlo con una supuesta reunión de miembros de ETA, Podemos y agentes del servicio secreto cubano en Venezuela. Era mayo de 2017 y el partido de Rajoy estaba desbordado por varios casos de corrupción. Cospedal necesitaba frenar información y demonizar a la izquierda. Otra vez Villarejo.
«Villarejo está haciendo temblar los cimientos del Estado con su involucración en el ámbito político y policial por las investigaciones que llevó, y puede llegar a salpicar a la propia monarquía. Su nombre figura en prácticamente todas las tramas que se han desvelado en los últimos años, que lo tienen como pieza clave, por organización criminal, blanqueo, cohecho. Fue agente encubierto, manejó a 46 empresas en nuestro país como detective por encargo de diferentes organismos públicos y privados», subraya Bousselham. Villarejo no fue condenado y en marzo de 2021 salió de la cárcel. «
