La Fiscalía General (FGE) de Bolivia anunció que una comisión de fiscales de La Paz pidió la detención preventiva del expresidente Evo Morales al imputarlo formalmente por presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. «La comisión de fiscales (…) emitió la imputación formal en contra del expresidente Evo Morales Ayma, sobre la base de todos los elementos de convicción colectados durante la etapa preliminar; además en la resolución de imputación se solicita la detención preventiva», dijo la FGE en un comunicado.
Ésta era la primera resolución de una autoridad judicial contra Morales, quien está exiliado en Argentina tras resultar forzado a renunciar en noviembre del año pasado y pasar luego por un breve refugio en México.
La respuesta del mandatario depuesto no se hizo esperar. Por las redes sociales expresó: “De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a #Bolivia”.
De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a #Bolivia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 6, 2020
Morales fue acusado de sedición y terrorismo por el Gobierno golpista, que tomó como base la grabación de una llamada telefónica en la que el exgobernante supuestamente instruía acciones de bloqueo de carreteras durante las protestas que siguieron al golpe de noviembre. La administración transitoria de Jeanine Áñez -quien es también candidata presidencial para las elecciones de septiembre próximo- ha acusado además a Morales de varios delitos económicos, fraude electoral y hasta de haber montado desde su exilio un reciente caso de corrupción en la compra de respiradores hospitalarios.
La imputación por terrorismo fue anunciada, luego de una serie de presiones del Gobierno sobre la Fiscalía. Incluye al dirigente campesino Faustino Yucra, con quien supuestamente conversó Morales en el audio que sustenta la denuncia. «Se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno – Santa Cruz. Aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019», señaló la FGE. Añadió que la imputación se basaba, entre otros análisis técnicos, en una pericia del Ministerio Público de Colombia, hecha a pedido de Bolivia, que estableció «una alta probabilidad» de que una de las voces del audio sea la de Morales.
En la conversación telefónica divulgada por el Gobierno de Áñez cuando lanzó la acusación, se escuchaba a la supuesta voz de Morales instruir: «Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad».
El gobierno ha recrudecido en las dos últimas semanas sus ataques contra Morales, su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la candidato presidencial de esa organización, Luis Arce, favorito para ganar las elecciones según las primeras encuestas de intención de voto.
