La Central Obrera Boliviana llamó a una multitudinaria concentración este lunes en la Apacheta, de El Alto, para recibir a la Marcha por la Patria, que con Evo Morales a la cabeza, partió el martes de Caracollo, Oruro, cerca de 200 kilómetros al sur. Esperan sumar a un millón de personas en apoyo del gobierno democrático de Luis Arce y contra los intentos golpistas que surgen desde Santa Cruz de la Sierra.
El viernes, desde Ayo Ayo, una de las paradas intermedias, Morales dijo que la movida, que se inició junto con el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, “se resume en la defensa de este proyecto político y social que hemos construido”, del que resaltó que “no viene del Fondo Monetario Internacional, que solo nos trae privatizaciones. Estamos acá los nacionalizadores”, agregó.
Hace dos años, un golpe contra Evo, fomentado por la derecha –con eje en el líder entonces de los llamados Comités Cívicos de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho– tuvo apoyo de los medios de comunicación pero para concretarlo fue clave el rol de la COB, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana. Había comenzado denunciando fraude en el triunfo de Morales de octubre de 2019 –en este caso la “ayuda” de la OEA de Luis Almagro fue decisoria– y con cortes y movilizaciones de grupos de choque derechistas.
En 2020, y tras las demoras por la pandemia –convenientemente aprovechadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez– el MAS-IPCP volvió a ganar, por el 55%, de la mano de Arce, arquitecto del “milagro económico boliviano” durante las presidencias de Evo, y Choquehuanca, que fue el canciller durante gran parte de su mandato. Camacho ganó, a su vez, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, el reservorio del separatismo.
La derecha habló de un nuevo fraude, aunque no cuestionó el triunfo de Camacho. Desde La Paz, el gobierno comenzó a desplegar su agenda antineoliberal e impulsó el juzgamiento de todos los delitos cometidos por los golpistas, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.
La aprobación en agosto de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue la excusa justa para que los sectores ideológicamente opositores aglutinaran también a quienes sintieron afectados sus bolsillos. Se trata de una norma para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en línea con iniciativas de organismos financieros internacionales y la ONU. Proliferaron paros y cortes de ruta armados por la oposición que hicieron peligrar el abastecimiento de productos esenciales.
Arce buscó calmar los ánimos derogando la llamada también Ley Madre. Eso generó controversias dentro de la derecha, porque el sucesor de Camacho en el Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, decidió levantar las medidas de fuerza, ganando la hostilidad de los grupos más radicalizados.
Camacho, en tanto, alienta el debate sobre el federalismo. Bolivia tradicionalmente adscribió al centralismo unitario, y así también quedó definido en la Constitución de 2009 que crea el Estado Plurinacional. El rechazo de la mitad más rica de Bolivia, el Oriente, tiene profundas raíces históricas, culturales y también raciales. El Altiplano es territorio con mayoría de descendientes de los pueblos originarios. El sector oriental, controlado por criollos de origen europeo y cada vez más influidos por la nueva derecha internacional, económicamente egoísta, xenófoba y antidemocrática.
En 2008 fomentaron la secesión para poner fin al “dominio de los indios”. No contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, razonablemente opuestas a la división del país. Pero fueron sembrando en ese sector de la administración central al punto de sumarlos al golpe de 2019. Y ahora diseñaron una estrategia con el mismo objetivo de no ceder nada de sus recursos para el crecimiento del total de la sociedad, pero sin romper la unidad territorial. «Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo, el centralismo y el masismo no los dejan. Ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo», dice ahora Camacho.
En este año, Arce ya cambió tres veces la cúpula militar, sabedor de que ahí anida un enemigo poderoso. Baste solo recordar que Evo terminó por renunciar luego de una imposición del comandante en jefe de las FF AA, el general Williams Kaliman y una “sugerencia” entonces de la COB. Esa misma dirigencia sindical que hoy pide apoyo para sostener al gobierno democrático. «
Cumbre en México
Los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández participarán en forma virtual de la presentación de la propuesta de Modelo Solidario de Desarrollo para América Latina, El Caribe y Europa del Grupo de Puebla. La organización que nuclea a 54 líderes progresistas de 16 países se reunirá presencialmente por primera vez tras la pandemia en la Ciudad de México entre el lunes y el 1 de diciembre.
Confirmaron su presencia los expresidentes Ernesto Samper de Colombia, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. También participará la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Lula da Silva enviará un mensaje grabado como forma de expresar su adhesión a un grupo del que fue inspirador.
Aunque no es el centro del debate, sin dudas el acoso a los gobiernos democráticos de Bolivia y Perú y la elección en Chile serán parte de los temas a tratar.
Fernández acudió en defensa de Morales y le dio asilo en Argentina a fines de 2019.
