Pocos días antes de que un nuevo atentado en Europa impactara al mundo, la histórica organización separatista vasca ETA anunciaba a través de un medio francés que entregará finalmente las armas en forma «total e incondicional», después de un proceso de cese de hostilidades que comenzó en forma unilateral en 2011 y que hasta ahora no había producido novedades concretas. La decisión, también unilateral, de entregar su arsenal el próximo 8 de abril generó en los días sucesivos todo tipo de apoyos y críticas, sobre todo del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, quien la calificó de «propaganda» e instó a ETA a que diga ya «dónde están las armas sin ningún tipo de negociación».
El gobierno vasco se manifestó «directamente informado sobre esta posibilidad», según un comunicado al que accedió Tiempo. Junto al Parlamento regional, pidieron al poder central «estar a la altura» y pusieron en marcha una serie de acciones tendientes a garantizar el proceso de desarme, entre ellas estrechar los contactos con los verificadores y el viaje del titular del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, a Colombia a entrevistarse con el presidente Juan Manuel Santos, para buscar sintonías con el proceso atravesado por ese país.
«Hasta ahora, el único desarme es el que han llevado a cabo las fuerzas de seguridad españolas y francesas», expuso Rajoy el miércoles en el Congreso mientras se debatía el presupuesto. Tanto el gobernante Partido Popular como el PSOE homenajearon a las víctimas del terrorismo y coincidieron en la caracterización. El vocero de los socialistas, Antonio Hernando, recordó las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el anuncio del fin de la violencia de ETA de 2011, luego de cinco décadas de acciones armadas, cuando dijo que España sería «una democracia sin terrorismo pero nunca sin memoria». Además dijo que se trata de un «acto de propaganda para recuperar protagonismo» de una ETA derrotada que «no ha tenido el coraje de arrepentirse ni humanidad para pedir perdón a las víctimas», dijo.
En sintonía similar se manifestó el expresidente conservador José María Aznar, más allá de su alejamiento con Rajoy dentro del PP. La fundación FAES, que preside, coincidió con el presidente al vaticinar que el 8 de abril asistirán a una «nueva escenificación» de la banda con el propósito de «enmascarar su derrota».
Podemos, en su lugar, recurrió a un silencio cauteloso. Tiempo atrás, Pablo Iglesias declaraba que las acciones terroristas de ETA causaron un «enorme dolor» en España, pero existían «explicaciones políticas» y que comprenderlas es necesario para «avanzar hacia soluciones democráticas». En una intervención del año pasado en el Fórum Europa, Iglesias aseguró que si no existieran estas razones políticas no se entendería que los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se sentaran «a hablar» con la banda etarra.
Esta es una de las mayores críticas del gobierno de Urkullu hacia el presidente Rajoy. El lehendakari (mandatario vasco) ha expuesto en varias oportunidades la contradicción del presidente, por respaldar públicamente el proceso de paz en Colombia mientras se padecía la «inacción» de La Moncloa para abordar las consecuencias del final de la actividad de ETA.
En el comunicado oficial, el gobierno vasco solicitó «a todas las instituciones y entidades, especialmente al gobierno español y francés, altura de miras y canales de comunicación directos, alejados de la sobreexposición mediática y centrados en el logro de un objetivo de valor histórico».
De cumplirse el desarme, quedarán dos grandes cuestiones a resolver. Una, la unificación de los presos de ETA, por lo que se realizó una multitudinaria marcha en enero pasado. Según los datos publicados entonces por el EPPK, el colectivo que aglutina a los reclusos etarras, $ 396 se encuentran «dispersados» por 74 cárceles: 309 en España, 86 en Francia y 1 en Portugal.
El otro aspecto a resolver es la reinserción en la vida pública y social de los miembros del grupo. Este tema es «clave» para Rajoy y motivará un duro debate, ya que según una última encuesta un 81% de los vascos apoya la reinserción de presos etarras; y solo un 9% respalda la política penitenciaria del gobierno del PP. «
Otro fantasma recorre la península
Según una encuesta realizada por el gobierno regional, el 41% de los ciudadanos vascos quiere que se realice una consulta sobre su relación con España más allá de que el Estado central no lo acepte, como ocurrió en Cataluña, donde el expresidente Artur Mas recibió una condena de inhabilitación por dos años por haberla realizado.
La encuesta indica que el 16% de los vascos apoyaría la consulta solo si estuviera pactada con el gobierno central, y un 24% se opondría. Por otro lado se registró el aumento de quienes apoyan incondicionalmente la independencia: un 25% frente al 21% de 2016. Un 30% se mostró cercano a la independencia si las circunstancias son favorables, lo que también registró un aumento de un punto porcentual. De igual manera disminuyó el porcentaje de quienes se oponen, que pasó del 35 hace un año al actual 31 por ciento.
Estos datos se encuentran en el «Sociómetro» publicado el jueves por el gobierno vasco. En el capítulo relativo al autogobierno, el 34% de los encuestados se dijo partidario de una organización territorial del Estado con Comunidades autónomas, como el actual, mientras el 23% se inclinó por un estado federal en el que las comunidades tengan mayor autonomía que en la actualidad. Un 20% desea «un estado en el que se reconozca a las nacionalidades ser estados». Un 52% de la población cree que un mayor autogobierno favorecería a la economía vasca, un 57% que contribuiría a un mejor funcionamiento de los servicios públicos, y un 48% que contribuiría a mejorar la convivencia.
