Mientras la llama olímpica entra en su máximo esplendor, el candor de la estrella que sostiene la ilusión del regreso de Dilma al gobierno parece agotarse ante el accionar de sus verdugos. Es que gran parte de los senadores brasileños avanzan en consumar el golpe institucional y están dispuestos a destituirla.
A pedido de Michel Temer, senadores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) decidieron acelerar el proceso de juicio político a la presidenta suspendida. Según la prensa adepta, el objetivo sería consumar la destitución para presentarse en la próxima Cumbre del G-20 como presidente, sin el mote de interino. Aunque otras versiones sostienen que se busca evitar que nuevas delaciones involucren a miembros del gobierno o al propio vice en ejercicio de la presidencia.
Lo cierto es que el jueves pasado, con 14 votos frente a cinco en contra y dos ausencias, la Comisión Especial aprobó el informe elaborado por el instructor del caso, Antonio Anastasia,senador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) acusando a Rousseff de «atentar contra la Constitución». No bastó el pronunciamiento de Iván Marx, el procurador del Ministerio Público Fiscal, quien firmó que no hubo delito en las maniobras fiscales de la gestión de Dilma. O que un Tribunal Internacional sobre Democracia en Brasil convocado por Vía Campesina, el Frente Popular Brasil y el Frente de Juristas por la Democracia sostenga que el Impeachment viola los principios de procesos democráticos y la Constitución.
Parece que la coalición PMDB-PSDB avanza en el golpe. Así, el próximo martes estarían votando por mayoría simple 41 de 81 senadores, la aceptación del Informe Anastasia y facultando al presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, a que convoque al pleno del Senado para decidir sobre la destitución de Rousseff, proceso que se daría entre el 29 de agosto y 2 de septiembre. Teniendo presente que para la destitución se necesitan 54 votos y que el inicio del juicio político tuvo el apoyo de 55 senadores, la posibilidad de evitarlo resulta remota, ya que la mandataria cuenta con 22 miembros que manifestaron su rechazo y debería lograr que otros cinco no apoyen su salida.
Al no haber delito alguno que involucre a la presidenta, el nuevo oficialismo pretende diluir el impacto del golpe, con el clima festivo del final de los JJ OO. Sin embargo, las movilizaciones que vienen sosteniéndose en las diferentes ciudades de Brasil, con manifestaciones de más de 60 mil personas, podrían intensificarse durante el megaevento en la ciudad carioca y revertir un imposible voto moral de senadores inescrupulosos.
Para esto, Dilma está proponiendo un gabinete de unidad nacional y el compromiso a llamar a elecciones anticipadas. De suceder, la derecha está tratando de bloquear la candidatura de Lula, quien estaría evaluando una alternativa.
