Cuando a fines de julio un equipo de la televisión rumana llegó a Indianápolis, en el medio oeste de Estados Unidos, tenía el objetivo de investigar sobre la vida de Lisa Montgomery, ejecutada en un presidio del estado de Indiana en enero pasado. Era un caso atractivo para exponer en medio de la pandemia: era la cuarta mujer enviada al cadalso en toda la historia de uno de los pocos países del mundo, una gran potencia, donde aún se imparte justicia a través de la pena de muerte, y era la primera mujer en ser ejecutada tras un interregno de 67 años. Le aplicaron una “inyección piadosa”, mezcla de cinco barbitúricos. Pero quién era Lisa Montgomery pasó a ser una pregunta secundaria, cuando los rumanos empezaron a recibir un torrente de denuncias sobre la situación carcelaria estadounidense.
Desde los años 70, y de la mano de la guerra a las drogas –cacería por igual de narcos y de drogadictos–, se disparó el número de presos. En este medio siglo de fracasos, nació y creció el gran negocio de las cárceles privadas. De 1970 a la actualidad la cantidad de personas encerradas en los 4455 presidios norteamericanos se cuadruplicó, para llegar hoy a casi 2,5 millones: Estados Unidos tiene alrededor del 4,5% de la población global, pero en sus cárceles sobrevive casi el 25% de los presos del mundo. Según el World Prison Brief (WPB), la tasa de adultos detenidos es de 655 por cada 100.000 habitantes (en Argentina 186), entre 5 y 10 veces mayor al del resto del mundo occidental y cristiano. El 60% son negros o latinos.
Los equipos de trabajo que asistieron a Bernie Sanders en las primarias demócratas de 2020 se apoyaron en esas investigaciones (WPB es una base de datos carcelarios globales de libre uso operada desde el Birkbeck College de la Universidad de Londres) para concluir en que “el mayor peso del explosivo crecimiento de personas presas recae sobre los pobres y las minorías, sobre todo los negros, que son encarcelados a una tasa seis veces mayor que la de los blancos. Cerca de 1,5 millones de pobres –dijo Sanders cuando competía con Joe Biden– están encerrados, más de 60.000 de ellos en el alienante confinamiento solitario”. El demócrata se refería a las prácticas de destrucción psicológica que, a instancias de los instructores del FBI y de la CIA, aplicaron en Sudamérica las dictaduras del Plan Cóndor.
Los niños son las primeras víctimas. Actualmente se estima en 2,8 millones el número de menores con uno o los dos padres encerrados en la formidable red de prisiones federales y estaduales (a aquellas 4455 cárceles hay que agregarles 102 “institutos de recuperación”). Con el inicio de las presidencias neoliberales de Ronald Reagan (1981-1989) comenzó a observarse un aumento exponencial de la población carcelaria femenina, lo que tiene un impacto devastador en la formación de la sociedad del futuro. El 80% de las presas son madres de niños que se crían en la calle, sin padres, mal nutridos, víctimas de las drogas que el establishment dice combatir, que abandonan la escuela y acaban atrapados en el mundo del delito, en las cárceles, engordando el negocio del Prison-Industrial Complex.
Las mujeres son el segmento de más rápido crecimiento. De 13.400 presas en 1980 pasaron diez años después a ser 84.600. En 2006 las estadísticas del WPB contabilizaban 200.745, un aumento de casi el 1500% en solo un cuarto de siglo. Hoy ya se habla de unas 260.000 prisioneras, un 10,3% de los habitantes de la red carcelaria. El 68% son negras o latinas, y si se suman otras minorías, la proporción de no blancas ronda el 70%. El 33% de las mujeres encarceladas en el mundo, lo están en las cárceles de Estados Unidos, país que, sin embargo, sólo tiene el 4% de la población femenina global. Para completar el cuadro de degradación social derivado de las políticas neoliberales, a eso hay que agregarle alrededor de un millón de madres que están en libertad condicional o en situación de “probation”, el tratamiento que se aplica a los autores de delitos menores o simples infracciones.
Vale recapitular: con una población equivalente al 4,5% del total mundial, Estados Unidos tiene casi el 25% de los prisioneros del planeta; 2,8 millones de niños tienen al menos a uno de sus padres en la cárcel; en julio de 2020 Donald Trump retomó la política de asesinar prisioneros y en enero –ya con Joe Biden en la Casa Blanca– fue ejecutada la primera mujer después de 67 años. Cada cual, el uno republicano, el otro demócrata, aporta lo suyo. El 30 de julio, tras haber separado a las familias –niños a un lado, padres al otro– ingresadas con la ilusión de lograr un trabajo, Biden empezó las deportaciones expeditas de los llegados desde Centroamérica. El 13/7 The Washington Post había denunciado que ya en 2017 Trump había hecho lo mismo, separando a 234 niños de sus padres, “entre ellos un bebé de diez meses”. Había ocurrido en Indiana, donde en enero asesinaron a Lisa Montgomery.
“KID FOR CASH”
A fines de 2008 Estados Unidos se conmovió con lo que se conoció como el “kid for cash” (niños por dinero), un negociado por el que los jueces de un Tribunal de Causas Comunes mandaron a miles de jóvenes a la cárcel. En juicios que no duraban más de dos minutos, y en los que los adolescentes no tenían asesoría letrada, se los condenaba a largos períodos de detención por delitos tales como hacerle una mueca a un profesor o entrar a una oficina pública sin pedir permiso. El objetivo era llenar las prisiones con personas, delincuentes o no, por las que el Estado paga una jugosa cuota mensual. Los jueces recibían suculentos sobornos de las empresas gestoras de las cárceles privadas del estado de Pensilvania.
El caso fue descripto en todos sus detalles en “Capitalism, a love story” (Capitalismo, una historia de amor), un documental de Michael Moore. Gracias al cineasta norteamericano se supo que el gigante de la banca europea BNP Paribas cesó el financiamiento al Prison-Industrial Complex, el operador de las prisiones privadas. Moore denunció, además, que “los dueños de las cárceles hacen millonarias inversiones para comprar jueces y candidatos a la Presidencia, al Congreso o a una gobernación”. Se refería a Corecivic y Geo Group, las dos más grandes gestoras que, luego se supo, financiaron las campañas de Donald Trump, el senador ultraderechista Marco Rubio y el gobernador fascista de Texas, Greg Abbott.
