España se encamina a las urnas en un clima de tensiones políticas derivadas de la cuestión no resuelta del independentismo catalán, del crecimiento de la ultraderecha y de una crisis económica que una medida de Donald Trump relativa a Cuba no haría sino empeorar. En este marco, la buena noticia para Pedro Sánchez es que podría legitimar su gobierno, al que ingresó como por la ventana el 2 de junio de año pasado, enancado en el apoyo de Unidos-Podemos y los partidos nacionalistas regionales.

La cadena de casos de corrupción que envolvió al Partido Popular (PP) generó las condiciones para que –confiando en que ganaba «con la camiseta»– Mariano Rajoy pidiera un voto de confianza al Congreso. Hacía dos años había sido reelecto y con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sumido en una crisis casi terminal que nada parecía preocupar.

La sorpresa fue que la centroizquierda, conformada dentro de Podemos por grupos que masivamente habían abandonado el PSOE, disgustados por las políticas de corte neoliberal aplacadas por José Luis Rodríguez Zapatero, convencieron a Sánchez, que ni siquiera era diputado, de que daban los números para sacar a los conservadores del Palacio de La Moncloa. Y efectivamente, aliados con el Partido Nacionalista Vasco y los catalanes, forzaron la renuncia de Rajoy. Sánchez asumió con una debilidad de base que ahora espera remediar.

No es que el presidente del gobierno haya decidido lanzar una votación anticipada porque se sentía fortalecido, simplemente fue que no logró que le aprobaran un presupuesto considerado por los sectores progresistas del país como más beneficioso para las clases populares que los que se vienen manejando desde 2008 en adelante.

Las últimas encuestas sostienen que el PSOE lograría una mayoría que de todas maneras no le daría para gobernar en soledad. Necesitarán otra vez de los votos parlamentarios de Unidas-Podemos (la alianza entre el partido de Pablo Iglesias, Izquierda Unida y Equo, la versión española del Partido Verde, que al calor de los tiempos que corren, cambió de género) y quizás hasta de los nacionalistas.

Aquí es donde la cosa se puede complicar, porque a estas horas también avanza el juicio contra los líderes independentistas catalanes, calificados por amplios sectores sociales como presos políticos. Qué hacer con este entuerto es un tema de debate nacional que atraviesa los comicios.

En este escenario también vino desgajándose la centroderecha, que desde la vuelta de la democracia, en 1975, está mayoritariamente representada por el PP. El partido Ciudadanos (Cs) se formó con descontentos con la corrupción en 2006. VOX, corrido todo lo que puede a la derecha, nació en 2013 ante el crecimiento de la inmigración y el avance del independentismo regional, y viene creciendo con un discurso xenófobo y ultramachista.

El pentágono

A la elección del 28 se presentan cinco candidatos a la primera magistratura: Sánchez por el PSOE, Pablo Iglesias por Unidas-Podemos, Pablo Casado por el PP, Albert Rivera por Cs y Santiago Abascal por VOX. Todo indica que habrá algo más de votos de derecha que de izquierda (casi 46% a 44%), pero la dispersión no le permitirá ampliar su base de escaños en el Parlamento, algo que conseguiría más fácilmente el PSOE, aunque tampoco es que le sobre tanto.

Que el clima se pone denso cuando falta una semana para las urnas lo prueba la disputa por el debate de los candidatos. Hay bastante acuerdo en que no se haga presente el representante de VOX, con la excusa de que no tiene representación parlamentaria. Curiosamente –o no– eso hace crecer la imagen de Abascal, a través de las redes sociales, en las que sus partidarios son muy activos, habla de censura. 

El encuentro de a cuatro iba a ser este lunes por la Televisión Española (RTVE), mientras que el canal privado Atresmedia iba a hacer lo propio el martes. A último momento el canal público cambió la fecha al 23, superponiendo el desafío. Sánchez dijo que iría a RTVE, Iglesias pidió alguna negociación para evitar un papelón y los «trifachos», como los caratularon en un programa humorístico ironizando sobre la plataforma de búsqueda de hoteles Trivago, dicen que estarán en Atresmedia, que ahora desinvitó a Abascal.

Desde el 1 de mayo, en tanto, habrá un duro golpe a los capitales españoles en Cuba ya que ese día la Casa Blanca anunció que levantará la suspensión de la ley Helms-Burton.

Se trata de una normativa aprobada en 1996 y en suspenso desde entonces que endurece las sanciones contra el gobierno de la isla y penaliza el comercio y las inversiones externas. Desde hace décadas España es el principal inversor en la mayor de las Antillas, con fuertes intereses en el sector hotelero y de servicios. Tres días después de las elecciones, empresas españolas podrían ser demandadas en Estados Unidos por sus vinculaciones comerciales con el gobierno de la Revolución.

Mientras tanto, la deuda pública española se mantiene en alza y en febrero trepó a 1.1 88.919 billones de euros, el 98,2% del PBI o 1,2 puntos más que un año antes. «