El gobierno colombiano tomó posesión «de los bienes, haberes y negocios» de Electricaribe, compañía que distribuye energía en el norte del país y de la cual la empresa española Gas Natural Fenosa es la principal accionista, para «asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica» en siete departamentos de Colombia, informó en un comunicado la Superintendencia de servicios públicos.
La medida se ejecutó porque la situación financiera de Electricaribe «puede llevarla a una inminente cesación de pagos».
Esto podría según las autoridades colombianas tener consecuencias en el suministro de electricidad a numerosos colombianos, ya que si dejara de pagar a las empresas locales de generación eléctrica estas podrían terminar cortando el servicio.
El presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión, «la mejor salida para ordenar empresa y garantizar servicio», indicó en su cuenta en Twitter.
Pocas horas más tarde, el gobierno español manifestó su preocupación por la intervención, que espera, dijo, que sea solo «temporal» y que se alcance un acuerdo que tenga en cuenta los intereses de todas las partes.
«El gobierno español manifiesta su preocupación ante la intervención por las autoridades colombianas de la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe)», indica el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, destacando que esta empresa «lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia».
La resolución de las autoridades colombianas ordena la suspensión temporal de pagos de las obligaciones de la empresa y la «separación definitiva» de sus cargos del representante legal y la junta directiva.
Gas Natural Fenosa (GNF) aseguró padecer de «muy fuertes tensiones de tesorería» debido a impagos de facturas de los clientes, que a finales del tercer trimestre de 2016 ascendería a unos 1.275 millones de dólares (1.260 millones de euros).
En agosto, GNF, con una participación accionaria del 85% en Electricaribe, notificó la existencia de una controversia con el Estado colombiano y pidió un diálogo «amistoso» ante un organismo de arbitraje.
Electricaribe, que atiende a más de 2,5 millones de clientes en el norte de Colombia, es señalada de reiterados incumplimientos y, según la superintendencia, en promedio cada uno de sus usuarios no tiene luz 92 horas al año.
Madrid asegura que la empresa «ha mostrado siempre su interés en cooperar y colaborar con las autoridades colombianas».
«El gobierno español confía en que esta medida de intervención sea sólo temporal y que se alcance un arreglo satisfactorio para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de la empresa y de los usuarios», señala el comunicado de la cancillería española.
