Cuando todavía no se acallaron los ecos de las elecciones del 28 de abril y aún se negocia la formación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, este jueves comenzó una nueva campaña, esta vez para municipales y autonómicas en regiones clave (Madrid y Cataluña) y al Parlamento Europeo, a desarrollarse el 26 de mayo. Antes del 28A la cuestión de las cloacas del Estado, el sistema de espionaje ilegal a dirigentes y magistrados, puso en el tapete el acoso del que también participaron algunos medios sobre Podemos y su líder, Pablo Iglesias. En estos días, la detención de cuatro empresarios vinculados al jefe de una organización paraestatal muestra un nuevo giro en el escándalo que involucra al PP de Mariano Rajoy pero tiene ramificaciones en otra gestión socialista.

El personaje central en esta historia es un comisario retirado, José Manuel Villarejo, detenido desde noviembre de 2017 en el marco de una denuncia por blanqueo de capitales y el armado de una organización criminal que se dedicó a utilizar información personal de dirigentes políticos, jueces y empresarios para extorsionarlos por dinero y para que obedecieran ciertas directivas ajenas a su voluntad.

La trama Villarejo también incluye el aprovechamiento de esa información por los poderes políticos, y en esta situación quedó expuesto el que fuera ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. En su lista de casos figuran filtraciones de supuestos delitos de un exalcalde de Barcelona, la manipulación de declaraciones de un exfuncionario venezolano en relación con pagos a los fundadores de Podemos por parte del gobierno de Hugo Chávez.

Villarejo, que había entrado en la policía en 1972 –ahora tiene 67 años– fue galardonado al poco tiempo por sus acciones contra la organización vasca ETA. Creció dentro de la fuerza hasta que por circunstancias no demasiado claras se alejó en 1983 para dedicarse a la actividad privada. En poco tiempo se hizo de una pequeña fortuna mediante la formación de casi medio centenar de empresas.

En realidad, lo más fructífero de su actividad perece haber sido la investigación particular, aunque la autoridades del gobierno aseguran que jamás tuvo permiso para ejercer como detective. Pero evidentemente sus contactos dentro de la Policía y sus relaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la agencia de espionaje oficial, le dieron material para hacer su tarea como encubierto. Una especie de D’Alessio pero de las grandes ligas.

Entre sus casos más conocidos aparece el incendio en la Torre de Windsor, en la City madrileña. La investigación judicial determinó que fue un operativo destinado a quemar documentación perjudicial para el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González Rodríguez, quien renunció a sus cargos en marzo pasado «hasta que concluyan las investigaciones en curso, pues así quiere evitar que se utilice a su persona para dañar a BBVA», según informó la institución.

La novedad de estos días es que la policía detuvo por orden judicial a un grupo de empresarios ligados a Villarejo, acusados de haber contratado al excomisario por 10 millones de euros para entorpecer un caso judicial que los involucra en Guatemala con una colosal coima de 30 millones de la misma moneda  al expresidente Otto Pérez Molina para la adjudicación de la construcción y explotación de una terminal de containers en Puerto Quetzal. «