El pasado 23 de julio, en las elecciones españolas, la izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya logró siete escaños y el separatista Junts per Catalunya otros siete. Esos 14 votos pesan como oro para que el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español), pueda ser reelecto, luego del fracaso de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), quien no logró el apoyo mínimo requerido, aun cuando fue quien sumó más votos en las elecciones y además tuvo el apoyo de la extrema derecha de Vox.

El Cámara de Diputados española está compuesta de 350 escaños, por lo que se requieren al menos 176 votos favorables. El PSOE logró 121 propios, a los que se agregan los 31 de Sumar, de Yolanda Díaz; los 6 del Euskal Herria Bildu; los 5 de Partido Nacionalista Vasco y uno de la Coalición Canaria. Esos 164, no obstante, requieren en forma imprescindible de los 14 catalanes para lograr mayoría. Ya cuentan con los siete de ERC. Faltan los de Junts, pero estarían muy cerca.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, en principio, logró su cometido: el acuerdo para la sanción de una ley de amnistía para unos 600 procesados por la intentona independentista de 2017, entre ellos el propio líder de Junts, exiliado en Bélgica. Pero la firma final se demora, «debido a la complejidad jurídica del pacto», según calificaron ambas partes. Aunque el secretario general de Junts, Jordi Turull, anticipo que se «vienen horas y días de mucha presión». Desde el PSOE, la versión es que «presionan para ampliar lo que se pueda la amnistía».

A la vez, en las últimas horas, el plenario de la militancia de ERC validó el acuerdo con los socialistas con un 89% de voto positivo. Lo que los negociadores de la Esquerra pusieron sobre la mesa es la escalofriante deuda que mantiene la Generalitat de Cataluña con el Estado central, que ascendería a unos 73.300 millones de euros. Consiguieron que se condonaran 16.300 millones. Algo más de un 22 por ciento, que no es poco.

Claro que ese «descuento de la deuda» generó rispideces, por caso en los gobiernos de Andalucía, Cantabria y el de Castilla y León, que pusieron el grito en el cielo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lo calificó como un acuerdo «completamente indigno». En la misma dirección se pronunció el propio Núñez Feijóo, quien anunció que su fuerza recurrirá la decisión.

La fecha límite para lograr la investidura de Sánchez es el 27 de noviembre. Aunque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que le corresponde formalmente fijar la fecha del debate, insiste en que su misión es “facilitar la investidura” y que muy intentará que sea el próximo miércoles 8, o al día siguiente.

De todos modos quedan tres semanas para sellar los pactos y que el Parlamento vote la continuidad del actual presidente, para que España evite las nuevas elecciones generales que deberían celebrarse el 14 de enero. Este stress político es recurrente en España: cuando fue electo  Sánchez, en 2020, el 7 de enero, las negociaciones no se detuvieron por los feriados de fin de año y a pesar de ello el ok de los catalanes se demoró hasta las últimas horas antes del vencimiento del lapso.