Para los tiempos que corren, la novedad es que en Perú hay un escándalo de corrupción de proyección incalculable, pero Odebrecht no aparece involucrada. El caso fue creciendo en las últimas semanas tras la difusión de audios de miembros del Poder Judicial negociando sentencias a cambio de dinero. Y ya se llevó puestos al presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, al titular del Consejo de la Magistratura, Orlando Velásquez, y al ministro de Justicia, Salvador Heresi. Pero pone en la mira al nuevo fiscal general, Gonzalo Chávarry, quien juró este viernes pero también estaría implicado en una colosal maniobra para lucrar con causas judiciales o para administrar puestos a «los amigos». También fueron detenidos un magistrado de la Corte de Apelaciones de El Callao, Walter Ríos, y otro miembro de la Corte, César Hinostroza, está suspendido y no se descarta que termine entre rejas.

En todo este mar de fondo, el presidente Martín Vizcarra resulta beneficiado políticamente porque como se recordará, asumió el cargo tras la obligada renuncia de Pedro Pablo Kuczyinski el 21 de marzo pasado implicado, él sí, en acusaciones de sobornos de la constructora brasileña. El escándalo puede darle el aire que su precaria situación no le brinda para poder gobernar.

Más aun porque el caso salpica a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y en el contexto de la crisis política que envuelve al país desde principios de año, se convirtió en una suerte de árbitro de las grandes decisiones del país. Por esa razón ahora aparece como la principal sostén de un proyecto de reforma del sistema judicial que propone el presidente para calmar las aguas.

Desde que se conocieron los audios –grabados por la policía en el marco de una investigación de la fiscalía y publicados por el portal IDL-Reporteros y el programa de tevé Panorama– la sociedad peruana salió a las calles a protestar por el nivel de corrupción que se revelaba en las conversaciones. El horror alcanzó límites imprevisibles cuando la población escuchó una charla entre el supremo Hinostroza con alguien que le pedía por un acusado de violación a una menor.

«Once añitos, fue desflorada… voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?», pregunta el magistrado. Como antecedentes de Hinostroza, los medios señalaron que tiene al menos tres absoluciones de violadores de niñas, fue abogado de un narcotraficante y como frutilla del postre, cuando se postuló para un cargo en el máximo tribunal de justicia de Perú, se encontró que había plagiado su tesis y un libro que pretendió atribuirse en su currículum.

Gonzalo Chávarry había sido designado para el cargo de fiscal general hace un mes. Horas antes de «ponerse la toga», este viernes se conoció un audio en el que le dice precisamente al cuestionado Hinostroza que está dispuesto a cambiar un funcionario de esa dependencia que no era del agrado o no servía a los intereses del supremo.

Los audios incómodos son casi una tradición en la política peruana. Sin ir más lejos, Kuzcyinski renunció cuando Keiko, la hija del exdictador Alberto Fujimori, presentó cintas con una conversación de su hermano Kenji negociando votos parlamentarios para sostener al debilitado mandatario ante una embestida para que dejara el cargo por su «sociedad» con Odebrecht. PPK, como se lo conoce al expresidente, acordó liberar al patriarca de los Fujimori –preso por violaciones a los Derechos Humanos durante su gestión en los ’90– para salvar el pellejo. Pero con «el Chino» en su casa, se tuvo que ir igual. Kenji, enfrentado con su hermana, fue suspendido.

Hace diez años otro escandalete durante el gobierno de Alan García salió a la luz cuando se difundieron conversaciones del lobbista de una petrolera noruega para quedarse con áreas de explotación a cambio de millonarias coimas dentro del gabinete del expresidente. Tuvieron que dejar el cargo el entonces primer ministro, Jorge del Castillo, y cinco ministros. «