Unos 800 empresarios pymes argentinos y españoles se reunieron en la mañana de este jueves en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el centro de Madrid, con la presencia del ministro de Producción, Francisco Cabrera, como parte de la visita oficial de Mauricio Macri a España. El titular de la cartera de Producción realizó el acto de apertura, en el que subrayó y remarcó las oportunidades de inversión que se abren en la Argentina para las empresas españolas. El anterior presidente de la CEOE , Gerardo Díaz Ferrán, es un íntimo conocido de la Argentina y terminó detenido por el vaciamiento de su empresa Marsans y fraude por la compra de Aerolíneas Argentinas, nacionalizada a raíz de este escándalo por el gobierno de Cristina Fernández en 2008.
La Ley de Asociación Público-Privada es la pista de aterrizaje de las inversiones, porque es una ley muy moderna y muy favorable a la atracción de inversiones, afirmó Cabrera este jueves. Esto no es un tema de ocurrencias, llevamos trabajando hace tiempo, hay muchos intereses españoles en Argentina. Son 5000 las empresas que trabajan ya de forma estable con Argentina, y son 200 las empresas españolas que ya están instaladas allí y nuestro interés crece cada vez más, dijo por su parte a la agencia Télam Antonio Garamendi, vicepresidente del CEOE, que acompañó a Cabrera en el panel.
Garamendi, unos de los empresarios más poderosos de España, presidente además de Confemetal, la confederación que reúne a todas las empresas del sector, dijo a esta agencia: Estamos viendo la microeconomía y la macroeconomía argentinas, y ahora queremos ver la Macrieconomía».
Ahora voy a mantener, aquí en la sede de CEOE, reuniones bilaterales con empresas españolas grandes y medianas. Me reuniré con los sectores de supermercadismo, autopartistas, y voy a seguir con estas reuniones mañana con el presidente Macri en el foro del diario El País, que se llama ‘Invertir en Argentina’, que tendrá lugar en el Casino de Madrid, cerca de la emblemática Plaza de Sol».
Garamendi es uno de los cuatro vicepresidentes de la cámara empresarial, fundada en 1977, a la salida del franquismo y que integra, según especifica en su pagina web, «a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad que se vinculan a través de más de 4000 asociaciones de base».
La vertiente principal de la que surgen sus miembros fundadores fueron los empresarios del antiguo Sindicato Vertical franquista que -rápidos de reflejos- a la muerte del dictador armaron una «sindicato de patrones» para acogerse a las leyes de libertad gremial instauradas por el gobierno de Adolfo Suárez.
El actual directorio, que integra Garamendi con Joan Rosell como presidente, desde 2010, sucedió al que comandaba Gerardo Díaz Ferrán, quien desde el grupo Marsans llegó a ser dueño, luego de varios pases de mano tras el fiasco de la privatización, de Aerolíneas Argentinas. Marsans y el propio Díaz Ferrán quedaron en el candelero por fraude y vaciamiento desde el 2008, a un año de su asunción como presidente de la CEOE, aunque desde esa cámara presionaba ante su gobierno -entonces en manos del socialista José Rodríguez Zapatero- por la nacionalización de la línea de bandera argentina.
Luego de estos desaguisados, la CEOE decidió expulsarlo de sus filas, pero el caso había ya manchado no solo a la Cámara sino a todo el sistema político y fue una de las razones que llevaron al nacimiento de las protestas de los indignados, que tuvieron su bautismo el 15 de mayo de 2011 en la Plaza del Sol.
Pero la suerte de Díaz Ferrán estaba sellada. Y el grupo Marsans, que llegó a ser la empresa turística más grande de España, cruzó todos los límites cuando dejó varados en el verano de 2010 a más de 4700 personas y declaró una deuda acumulada de 417 millones de euros, entre ellos unos 100 millones pertenecientes al fisco español.
Tras la quiebra de Marsans, Díaz Ferrán fue detenido el 3 de diciembre de 2012 y acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. En junio de 2013 el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid lo halló culpable por el concurso de Viajes Marsans, y condenado por fraude a la Hacienda española en la compra de Aerolíneas Argentinas. El 17 de diciembre de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a prisión y a 99 millones de euros de multa. El 2 de julio de 2015, se declaró culpable y aceptó una condena de cinco años y medio de cárcel y una multa de 1,2 millones de euros por haber vaciado al holding para no pagarles a los acreedores.
