Durante las postrimerías del gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez, en 2019, la pobreza en la República Oriental del Uruguay se calculaba en el 8,8 por ciento. Un año después, ya con Luis Lacalle Pou, representante de un abanico del partidos de derecha -Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente, Cabildo Abierto-, según el Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje creció al 11,6%, equivalente a un total de 409.586 personas. Sólo en pandemia ese aumento supuso unas 99.953 personas. Estos guarismos hicieron recordar al 2013 cuando, en baja, el nivel de pobreza era del 11,5 por ciento.
Al mismo tiempo, en las últimas horas, se conoció un aumento del 16% de casos en situación de calle en Montevideo. El censo se realizó hace apenas una semana, en pleno invierno: 3907 personas sin techo, contra los 3384 registrados en 2020 y 2518 en 2019. El ministerio también informó que se logró que el 70% de esas personas fueran instaladas en algún instituto o dispositivos y que permanecerían unas 920 a la intemperie. El 89% son varones, con un promedio de 38 años. Estas mediciones se contemplan en un país que hace dos años tenía una población total de 3,46 millones. Sólo en Montevideo, cuya alcaldesa es Carolina Cosse (FA), viven unos 1,4 millones, es decir un 40,5% de todo el Uruguay.
La noticia causó estupor en un país al que organismos regionales, hasta hace poco, le elogiaban su “calidad de vida, igualdad y democracia”. En las últimas horas, el titular del Mides, Martín Lema, resaltó el esfuerzo “para contar con mayor cantidad de elementos y tomar de decisiones”. La diputada del FA, Micaela Melgar, exfuncionaria del Mides, opuso: “Cada vez más gente termina en la calle con este gobierno. Ahora son cuatro mil en Montevideo. Se necesitan políticas para frenar la crisis social. No cupos para taparla”.
Hasta julio, la inflación acumulada en 2021 el año fue del 5,3 por ciento. Las últimas marcas de desocupación son de principios de año, un 10,5%; en Montevideo, el indicador se ubicó en 8,4% y en el interior la cifra se eleva a 11,9 por ciento. El gobierno prevé que el PIB subirá un 2,7% y espera una reducción del déficit fiscal de 5,4 por ciento. El uruguayo en relación al dólar ronda los 43 pesos y se aguarda que llegue a 46 a fin de año.
Sería un buen dato para el gobierno que hace un par de semanas tuvo un serio revés político cuando se supo que la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), clave para la administración de Lacalle Pou, deberá ser puesta en discusión en un referendo, ya que la oposición (el FA junto con organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas), alcanzó con creces las firmas necesarias que obligan a convocarlo. Se requería un 25% del padrón, unos 672 mil apoyos y llegaron a casi 800 mil. La ley, sancionada el 8 de julio del 2020, mediante un tratamiento exprés, es muy cuestionada en puntos como la flexibilización del uso de la fuerza policial, regulación del derecho a la huelga, ilegitimidad de piquetes, aumento de imputabilidad de menores, eliminación de la obligatoriedad de la educación formal en primera infancia y otras desregulaciones, así como una serie de medidas en relación al fuerte Estado uruguayo, y de comercio exterior, entre otras.
Por otro lado, se aceleran las normas para que, en distintas etapas se produzca la esperada la reapertura de fronteras, lo que no sólo importa mucho al sector turístico, ya que representa la reactivación de distintos rubros. “Las empresas estás dormidas y recién poniendo primera para arrancar tras un año y medio de letargo”, advirtió el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Uruguay fue mirado como un ejemplo durante 2020 por sus bajas tasas de contagios y mortalidad respecto del Covid-19. Si bien, tras el último verano, se produjo un pico muy alarmante, con números que pusieron en jaque el muy elogiado sistema sanitario uruguayo, la baja sostenida de contagios permite planes para abrir fronteras y al tiempo una gran apertura interna que incluye aumentos del aforo en espectáculos y en iglesias, así como la vuelta progresiva del público al fútbol. De todos modos, Cardoso advirtió que esas medidas dependerán del comportamiento del virus. Si bien la intención es “abrir fronteras a extranjeros de cualquier nacionalidad”, se espera un fuerte tránsito de argentinos, ya que las aperturas de este “lado del charco” se compatibilizan con las orientales.