Pedro Castillo estaba condenado desde el día que ganó la segunda vuelta, aquel 6 de junio de 2021. La diferencia con su contrincante, la ultraderechista Keiko Fujimori, fue de 0,26% -50,13 a 48,87%-, apenas 44.263 votos para un padrón total de algo mas de 25 millones de ciudadanos. En un esquema de poder tan fragmentado -Castillo fue a balotaje con 18,92% ven primera vuelta y Fujimori con 13,41%- el dirigente del gremio docente no tenía muchos apoyos en el Congreso. Un dato que el poder real computó para tratar de impedir su llegada al gobierno y luego soplándole la nuca para que no pudiera gobernar.
Fue así que intentaron todo para deslegitimar el resultado de las urnas hasta que recién una semana antes del 28 de julio, cuando debía finalizar el período del interino Francisco Sagasti, el Jurado Nacional de Elecciones lo dio ganador y le permitió asumir.
Entró malherido a la Casa de Pizarro, la sede del gobierno nacional. Desde ese momento los sectores del Parlamento que representan a esa parte de la sociedad peruana que no soporta nada que huela a izquierda -y mucho menos si es alguien con sangre india en sus venas- comenzaron su tarea de zapa.
La forma fue boicotear cada designación ministerial. La constitución le da un enorme poder a los legisladores. Castillo prometió que iba reformarla para que gobernar no fuera un eterno rosqueo con el único objetivo mantenerse en el cargo. No es casualidad que los últimos cinco presidentes hayan terminados procesados, uno de ellos permanezca prófugo y otro se haya suicidado por no caer preso. En siete años, Perú ha tenido 8 presidentes, elegidos, designados, resignados, caídos en paracaídas…
Castillo se propuso cambiar esa tendencia lastimosa para la democracia de la nación que recuerda a José de San Martin con más fervor incluso que en su patria de nacimiento. Pero no lo logró.
En total cambió más de 70 ministros en menos de 500 días de gestión hasta este 7 de diciembre en que se dio por perdido con un manotazo de ahogado que quizás fue una forma de mandar todo al demonio para no seguir en ese acoso permanente.
La derecha del país y la regional celebra su caída. Sabe que su efímero paso por el gobierno desprestigia a los sectores de la izquierda que se jugaron por su candidatura. El gobierno mexicano ya anunció que se suspende la cumbre de la Alianza del Pacífico que se iba a realizar en Lima el 14 de diciembre. Ese organismo nació al calor de gobiernos de derecha en 2011 para contrarrestar la Unasur que llevaban adelante los progresismos regionales. Integrada por Chile, Perú, Colombia y México, era el momento de darle un giro con un mandatario que ahora no desentonaba con el reciente cambio en los demás socios de ese club.
Sucede que las cifras de la economía indican que Perú luce un crecimiento este año de cerca del 4% y que para le próximo se adelanta una cifra similar. En los últimos 30 años, el promedio de crecimiento rondó el 4,8%, computando incluso la crisis de 2008 y la pandemia, donde hubo caídas importantes. Los analistas de sesgo más neoliberal destacan, con estos guarismos, que a pesar de las recurrentes crisis políticas, la economía está firme. “La macro está bien sólida”, dicen cada vez que pueden los que ponen a Perú de ejemplo, que pululan mas de lo que se cree.
No hablan de pobreza, que ronda el 36%, con más de 11 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad, según datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Porque el crecimiento no es reparto, como bien se sabe por experiencia.
El caso es que si “la macro” está de maravillas, en consecuencia los que ganan siguen ganando e incluso ganan cada vez más. Entonces, ¿a quién le importa la estabilidad política? Mejor dicho, ¿a quién le conviene la inestabilidad política?
Si la respuesta es “a los que tienen mucho que perder con un buen gobierno”, ahí se puede hallar a “la mano invisible del mercado” que llevó a la caída de Castillo.