Organismos de Derechos Humanos de la Argentina preparan una carta abierta de difusión internacional dirigida al presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, para exigirle esclarecimiento por los asesinatos de dos niñas argentinas a manos de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército de ese país, en septiembre pasado, además de la aparición con vida de otra niña y la liberación de una joven mujer, acusada de guerrillera, y detenida en condiciones de aislamiento. La carta, encabezada por el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pedirá también a la comunidad internacional que aplique sanciones contra el gobierno de Abdo para obligarlo a que avance en la investigación sobre un caso que remite a las peores épocas de la historia en la región.
“En Paraguay se vive un clima de terrorismo de Estado liso y llano”, dijo a Tiempo Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pimentel mantuvo un encuentro virtual con organismos de DD HH paraguayos, entre ellos la filial local del SERPAJ, en el que se analizaron posibles líneas de acción conjuntas. Según comentó el dirigente argentino, en esa reunión le transmitieron que en el país vecino se vive una “situación horrible de persecución a las organizaciones populares, hay un clima de terrorismo de Estado enmascarado en una seudo democracia. El gobierno está decidido a no investigar absolutamente nada. Están creando un clima gravísimo”.
El hecho, relatado en este diario en su edición del 6 de septiembre de 2020 y posteriores, tuvo un giro dramático a partir del testimonio ante el Comité de Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de dos de las niñas protagonistas del ataque y persecución de la FTC. La declaración, realizada hace apenas diez días, confirmaría lo que varias organizaciones vienen diciendo desde que se conoció el caso: que las fuerzas armadas ejecutaron a las niñas en un operativo amparado por el Estado, que entonces lo presentó como una acción contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el que habían sido abatidas dos “jóvenes guerrilleras”. Se trataba de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años, cuyos cuerpos fueron exhibidos con dudosos uniformes de combate.
En una conferencia de prensa convocada por la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina y acompañados por la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS y la APDH de La Matanza, la abogada Laura Taffetani describió lo que relataron las dos niñas sobrevivientes de aquel asalto del 2 de septiembre.
La historia involucra a la familia Villalba, algunos de cuyos miembros forman parte del EPP. Aquellos que no integran la guerrilla hace años que emigraron a la Argentina para evitar la persecución del FTC, una fuerza creada especialmente para combatir a ese grupo. “En noviembre de 2019, un grupo va a visitar a sus familiares: Laura Villalba, una jovencita de 19 años, y 4 niñas menores de edad. Por la pandemia deben quedarse en ese país. La FTC detecta la llegada y comienza tareas de inteligencia y persecución hacia ese grupo. El 2 de septiembre de 2020, mientras se encuentran desayunando en un campamento, los militares se acercan al lugar, toman presa a Lilian Mariana, y María Carmen es herida pero llevada con vida”, relató Taffetani. Con ellas estaban Laura, hermana de Carmen Villalba, una de las líderes del EPP detenida desde 2004, y las niñas Carmen Elizabeth, “Lichita”, su hermana melliza Tamara Anahí y Tania Tamara. Todas logran huir a través del monte en un raid desesperado que dura semanas. Tras un nuevo asalto militar, Lichita termina herida y desaparecida. Laura es detenida. Las otras dos niñas logran refugiarse y bajo la protección de dirigentes de DD HH consiguen regresar a la Argentina recién el 23 de diciembre pasado. Fueron ellas quienes testimoniaron ante la ONU.
Los organismos exigen la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), algo que hasta ahora fue negado por el Paraguay, y esta semana pedirán a la Cancillería argentina conocer las líneas de acción de demandas del gobierno de Alberto Fernández. Según supo este diario, el manejo del caso fue trasladado directamente a Presidencia, lo que sería un indicador de que se convirtió en un tema de máxima importancia.
