Un país convulsionado por el golpe militar contra el gobierno de transición democrática y la amenaza de brutales violaciones a los Derechos Humanos tiñen el presente de Myanmar, la nación asiática que nuevamente es noticia en los medios del mundo. Y la Justicia argentina tiene un rol que cumplir por una denuncia de representantes del pueblo rohingya que tienen en sus manos la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuan.
Esta semana, los militares derrocaron al gobierno que encabezaba Win Myint, en la práctica liderado por la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, detenida bajo acusaciones bastante confusas de haber violado una norma comercial. Bajo argumentos igualmente deletéreos, la Premio Nobel de la Paz 1991 había sido proscripta en las elecciones de 2010, cuando se inició esta transición democrática que culminó abruptamente (por ahora) en la madrugada de este lunes. Antes, había pasado diez años presa tras haber ganado las elecciones de 1990, lo que la convirtió en emblema de la lucha contra la dictadura.
Las protestas que estos días fueron creciendo en ese país asiático no aventuran una confortable estadía en el poder al general Min Aung Hlaing, quien asumió al estar al frente de las FF AA. Tímidas al principio, apenas limitadas a cacerolazos o bocinazos anónimos en un país que bien conoce de la violencia institucional, fueron tomando cuerpo en las universidades y en las calles de las principales ciudades.
El argentino Tomás Ojea Quintana, relator de DD HH de la ONU en Myanmar entre 2008 y 2014, en 2019 presentó en Buenos Aires a dirigentes rohingyas ante el juzgado de Servini para denunciar no solamente a los jefes militares nuevamente golpistas, sino a la líder de la Liga Nacional por la Democracia, el partido que ganó abrumadoramente las elecciones en noviembre pasado y que con su triunfo desencadenó la reciente maquinaria golpista de los uniformados.
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“Represento a las organizaciones rohingyas que trajeron el caso a la Argentina invocando la jurisdicción universal contra la cúpula militar que está en el poder, al mando del general Min Aung Hlaing, y también la cúpula política porque consideran que fue condescendiente y tuvo una connivencia en el genocidio”, explica Ojea Quintana a Tiempo. “No solo hubo atrocidades, violaciones masivas, asesinatos de niños, sino políticas públicas coartándoles el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, condenándolos a vivir en ghetos”, agrega.
Conocedor como pocos de la realidad birmana –el nombre tradicional del país antes del cambio que promovieron los militares, que se mantuvieron en el poder desde aquel golpe del ’90 hasta 2011–, Ojea Quintana recuerda que Servini llevó adelante investigaciones sobre crímenes del franquismo en España, pero todavía no tomó el caso rohingya porque había una causa en la Corte Penal Internacional de La Haya que, para el ahora relator de DD HH en Corea del Norte, no se contradice con la que se presentó en Buenos Aires.
“Nuestro país tiene una tradición de Memoria, Verdad y Justicia, que es un valor internacional”, dice. A los militares se los acusa de genocidio y a la dirigencia política de haber permitido la persecución contra esa etnia de fe musulmana o al menos de haber mirado para otro lado mientras se consumaba. Más de 700 mil rohingyas huyeron como pudieron, mientras otro millón permanece en las peores condiciones. Para analizar la influencia y hasta las razones detrás del golpe, Ojea Quintana destaca que los militares controlan todas las empresas extractoras de los recursos naturales. “Todo el poder económico está en manos de holdings militares. Mantienen el control de la seguridad de todo el territorio. Este poder no lo han perdido en estos años de transición. Una explicación es que frente a estas elecciones tan abrumadoras se podría llamar a una reforma constitucional, que es lo que siempre se ha pedido y que pide la comunidad internacional, pero no estaban dispuestos a perder poder”.
–Quizás percibían un futuro como el de las FF AA chilenas, que tras al régimen de Pinochet también dejaron una Constitución a su medida.
–En Myanmar se reservaron el 25% de los asientos en el Parlamento, el derecho a designar los ministros del Interior, Defensa y de Asuntos Fronterizos. Se reservaron también el derecho a tomar el poder cuando está en juego la seguridad nacional, que es lo que argumentaron ahora. Dicen que en noviembre hubo fraude y que eso atenta contra la seguridad nacional. Para una reforma se necesitaría que alguno de ese 25% diga que sí a una reforma, y nadie lo veía posible. El triunfo de noviembre les preocupó evidentemente. En este momento, San Suu Kyi aceptó las reglas de juego para ir a elecciones a pesar de estar proscripta. La habían apartado por estar casada con un extranjero y haber vivido en el exterior, una norma que realmente tiene su nombre. La dirigencia política no exigió investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad ni al menos creó una Comisión de la Verdad que les dijera de alguna manera “vamos a revisar lo que hicieron, vamos a limitar su poder”. Para mí, ese fue un grave error.
Los militares tienen otro as en la manga, y en esto hay similitudes con otras realidades como, por caso, la colombiana. Desde la independencia, en 1948, un hecho del que fue protagonista el padre de Suu Kyi, Aung San, comandante del Ejército Independiente Birmano, hay un conflicto interno con etnias minoritarias, como los Karen y los Kachis. “Es el conflicto interno más viejo del mundo y los militares nunca han llegado a un acuerdo de paz”, dice Ojea Quintana. Esto les permite mantener un país militarizado y justificar el control de la sociedad en todos los niveles.
Mientras tanto, en el despacho de la jueza Servini de Cubría todo vuelve a la normalidad luego de la feria de enero, los rohingyas –que se presentaron en Comodoro Py con su vestimenta típica hace más de un año– esperan que los criminales paguen por sus delitos. En Myanmar, en tanto, los que no pudieron escapar temen que este nuevo golpe sea la excusa para terminar con la “limpieza étnica” que lleva décadas. Los birmanos, por su parte, van perdiendo el miedo y reclaman por la democracia perdida, condicionada pero que mantenía la esperanza de construir un futuro diferente.
La dama
Aung San Suu Kyi nació en Rangún, Birmania, el 19 de junio de 1945. Hija de Aung San, quien fundó el Ejército Birmano Moderno y en 1947 negoció la independencia ante el Imperio Británico. Poco después su rival U Saw lo hizo asesinar. Suu Kyi fue educada en una escuela inglesa metodista. Habla con fluidez cuatro idiomas: birmano, inglés, francés y japonés. Practica el budismo theravada. En 1991 fue galardonada con el premio Nobel de la Paz. Estuvo bajo arresto domiciliario por un total de 15 años durante los últimos 21. Esta semana fue apresada nuevamente.
