Nadie en la estructura del delirante gobierno de Estados Unidos –ni en el Congreso, los medios de prensa o los demás poderes fácticos– hizo hasta ahora algo más que levantar prudentemente la voz para condenar la política soberana de México. Ninguno fue más allá. Eso sí, la decisión del vecino del sur de imponerles restricciones a las agencias de espionaje norteamericanas que operan en el país, nada menos que 17, golpeó a todos. En la casa matriz, el gesto de dignidad fue visto como una “actitud que socava” las relaciones bilaterales. Algunos, como el ultramontano senador republicano Ted Cruz, se animaron a amenazar. Otros, como los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, optaron por la vía de la discreción, aunque no se privaron de chantajear al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO como lo llaman abreviadamente los mexicanos.  

La bronca se desató después de que las dos cámaras del Congreso mexicano sancionaran una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que puso punto final a la libertad que tenían las 17 agencias norteamericanas para hacer y deshacer, con protección institucional para espiar, detener y torturar personas. Para desatar la bronca con amenazas o chantajes se contó con el previo visto bueno del futuro presidente, el demócrata Joe Biden. Según el diario de Nueva York, el 21 de noviembre, en una reunión con lo que será el grueso de su equipo, fue muy claro: “No hay tiempo para perder –habría dicho– en lo que hace a nuestra seguridad nacional. Necesito un equipo preparado desde el primer día para imponerle al mundo la idea de que el asiento de la cabecera de la mesa es de Estados Unidos”

La crisis actual vio la luz a mediados de octubre, cuando fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el ex ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos. La Justicia norteamericana admitió que estaba preso a pedido de la DEA, que tras espiarlo durante más de dos años lo acusaba de narcotraficante. A la vez, admitió que sus agentes en suelo mexicano se valían de unas laxas disposiciones de los acuerdos bilaterales, que permitían el espionaje a granel: a ministros, magistrados, altos funcionarios, periodistas y los militares con los que operaban codo a codo. Fue esto lo que llevó a que, después de obtener la liberación de Cienfuegos y su traslado a México, AMLO presentara el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, para regular y transparentar la presencia de agentes extranjeros.

Cuando la reforma recién había entrado al Congreso, el fiscal general William Bärr dio la primera respuesta oficial. Opinó que la nueva ley “parece hecha para los narcotraficantes y las organizaciones criminales, por lo que habrá que actuar en consecuencia”. Después fue el Departamento de Justicia, que dijo que “la nueva legislación impedirá el abordaje de desafíos compartidos, dificultará la cooperación y obligará a revisar diferentes aspectos de la relación bilateral en materia de seguridad”. Al fin, entre otras voces propias de la caverna republicana, se destacó la del senador Cruz, que señaló que “atacar o limitar a la DEA es inaceptable”, acusó a AMLO de “cómplice de los narcos” y exhortó al gobierno a “luchar con todas las armas, no importa cuáles, las necesarias, contra la intransigencia de México”.

Todos hablan de la DEA, porque pese a su probada ineficacia es la que cuenta con más prensa, pero en México compartía la sistemática violación de la soberanía con otras 16 agencias de inteligencia norteamericanas, muchas de ellas desconocidas para el gran público. La comunidad está integrada, además, por: CIA, NSA, Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), FBI, oficinas de Inteligencia Nacional, Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, Departamento de Seguridad Nacional, Inteligencia y Análisis del Departamento del Tesoro, Departamento de Energía, Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, Oficina Nacional de Reconocimiento, Inteligencia de la Fuerza Aérea, Inteligencia del Ejército, Inteligencia Naval, Inteligencia del Cuerpo de Marines y la Inteligencia de la Guardia Costera.

Los medios citaron esa larga lista, pero ninguno se sorprendió de la existencia de semejante constelación. Los diarios de Nueva York y Wall Street consultaron a congresales que no dieron sus nombres, a ex “altos oficiales” que optaron por el anonimato, a ignotos analistas para hacerles decir lo que necesitaban que dijeran. Que “desde ahora las agencias deberán actuar en la clandestinidad”, que “no compartirán información ni brindarán datos sobre sus agentes”, que “la reforma congelará las investigaciones en curso, lo que significa que aumentarán la violencia y el flujo de drogas hacia Estados Unidos”, que “las relaciones diplomáticas entrarán en crisis debido a que del lado estadounidense habrá reservas para compartir información de inteligencia”. Que “habrá represalias”.

Ante una pregunta de la BBC el periodista mexicano Salvador García Soto aseguró que “en gobiernos anteriores, especialmente el de Felipe Calderón (2006-2012) hubo una apertura muy amplia a estas agencias. La DEA coordinaba operativos y tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para su uso”. Trasladada esa versión al presidente, AMLO dijo que “antes los agentes estadounidenses entraban, salían, daban órdenes y hacían lo que querían sin que nadie defendiera la independencia y la soberanía”.

El presidente señaló que los espías actuaban por encima de la Constitución, pero “ahora eso simplemente se acabó”. Los espías ya no podrán portar armas, no tendrán inmunidad diplomática y deberán ofrecer un informe mensual sobre sus actividades a las autoridades mexicanas. «