La suspensión y reemplazo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a solo 15 días de las elecciones, constituye una avanzada institucional contra la candidatura de Gustavo Petro, que las fuerzas opositoras califican de “golpe de Estado” y se suma a la campaña de la derecha y ultraderecha uribista colombiana ante la histórica posibilidad de que la coalición de izquierda, que lidera el hoy senador nacional, triunfe en las elecciones del próximo 29 de mayo. Quintero fue suspendido el martes por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, una funcionaria muy ligada al uribismo y al presidente Iván Duque, de quien fue ministra de Justicia, invocando la ley que impide a funcionarios públicos pronunciarse en términos de inclinaciones electorales. Esta peculiar ley, según Cabello, alcanza también a gobernantes elegidos por el voto popular. En comparación con otros sistemas, pone en juego la libertad de opinión y restringe las posibilidades de difundir propuestas partidarias desde el llano. Tras la suspensión, Duque nombró a Juan Camilo Restrepo Gómez, un funcionario de su gobierno, para reemplazar al alcalde durante los tres meses impuestos.
La medida fue tomada como un amedrentamiento contra los dirigentes que apoyan al Pacto Histórico de Petro y se suma a una campaña de desprestigio que relaciona al candidato con grupos extremistas (ver aparte) y le adjudica supuestos actos de corrupción. Medellín forma parte de la región denominada Eje Cafetero, tradicionalmente uribista, donde Petro viene creciendo sostenidamente y podría lograr un caudal de votos que defina la elección sin necesidad de pasar al balotaje.
La sanción contra Quintero se basó en que el lunes pasado publicó un muy breve video en sus redes sociales en el que dentro de su automóvil ponía la marcha primera mientras decía “el cambio, en primera”. Remitía a la forma en que sus simpatizantes expresan apoyo a Petro, en alusión a la posibilidad de ganar en la primera vuelta. En la Justicia aseguran que era la segunda vez que Quintero “incurre” en esta falta. La primera fue cuando se mostró en una fotografía votando por la interna del Pacto Histórico durante las últimas elecciones legislativas.
Para el suspendido alcalde de la segunda ciudad más importante de Colombia, se trata de un claro interés “y un propósito del gobierno nacional de desestabilizar las elecciones”. El viernes llegó a Bogotá junto a un equipo jurídico encabezado por un abogado provisto por el propio Petro, para presentar una cautelar que revoque la decisión. En una rueda de prensa organizada en las puertas de la Procuraduría, aseguró que “no importa si intentan poner alcaldes ‘fantoches’ que tienen como propósito tratar de desestabilizar las elecciones y romper la democracia para poder influir en los resultados. Hay una ciudadanía más fuerte, más grande, más rural y urbana, más humana. Vamos a defender el derecho de la ciudadanía de definir su futuro. No pasarán”. Flanqueado por colaboradores, entre ellos la diputada María José Pizarro, Quintero aseguró que viajará a Washington a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comenzará una recorrida “por las calles de Medellín y de Colombia” para sumar apoyos y lanzar una campaña de financiación que le permita afrontar acciones jurídicas. Según confirmaron desde el entorno, el mismo Petro estará acompañándolo en esa gira. Mientras, informó, un equipo técnico “está preparando alegatos que van a demostrar cómo la procuradora se alió con el gobierno nacional para poder excluir a los líderes que hacen parte de otra orilla ideológica” y afirmó que se violó “la Convención Americana a 15 días de las elecciones”. Además aseguró que la comunidad internacional “está observando con asombro cómo el desespero los está llevando a romper la democracia”.
Quintero, técnico informático de 41 años, fue electo alcalde de Medellín en 2019 con más del 38% (305 mil votos) superando por casi diez puntos al canditado del oficialista Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. El apoyo de Petro se explica también porque él mismo fue destituído en 2013 como alcalde de Bogotá por un procurador cercano al expresidente Álvaro Uribe. Una destitución que años después se comprobó infundada y los cargos invalidados.
En el mismo acto, la procuradora suspendió también a otro alcalde y dos dirigentes. Sin embargo, la oposición había denunciado por injerencia en la campaña al presidente Duque y al general del ejército Eduardo Zapateiro, sin lograr que la funcionaria judicial aplique sanción alguna.
En tanto, el alcalde nombrado por Duque recibió en Medellín el abucheo de los seguidores de Quintero y el rechazo explícito de todo su gabinete. «
El gobierno nacional está desesperado
“El Gobierno Nacional está desesperado porque su candidato no sube en las encuestas”, señaló Gustavo Petro en la última sesión plenaria del Senado de Colombia.
“Si ganan ustedes, los aplaudimos, si ganamos nosotros, jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo”, dijo el candidato que mejor aparece en las últimas encuestas de cara a las elecciones.
En el recinto, varios legisladores se pronunciaron acerca de la suspensión del alcalce de Medellín, Daniel Quintero, que apoya la candidatura de Petro (ver aparte). En la sesión, también siguió de manifiesto la campaña de demonización del candidato del Pacto Histórico que es favorito en las encuestas para las elecciones del próximo 29 de mayo.
Un senador uribista llegó al límite de asegurar que Petro había hecho un “pacto” con organizaciones criminales y recibía el apoyo de Carlos Castaño, el antiguo jefe paramilitar de las autodefensas que falleció en el año 2004.
Luego debió aclarar que se refería a Salvatore Mancuso, otro exlíder paramilitar que cumple condena en Estados Unidos. En realidad, Mancuso solo se había manifestado a favor de una propuesta de Petro de establecer el “perdón social” a exguerrilleros y paramilitares desmovilizados.
Días atrás, el comandante del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, llamó a Petro “politiquero del narcotráfico” usando un término que el mismo Petro había esgrimido en una crítica a las fuerzas armadas. Es que existe cierto nerviosismo en el mundo militar ante la idea de ser conducido Petro, por su pasado en el M-19, una guerrilla de la que fue parte en su juventud y que entregó las armas en 1990.
