Un fantasma sigue recorriendo Chile. Es el fantasma de la derecha pinochetista y su funesto legado constitucional. El próximo viernes 17 comenzará oficialmente la campaña de cara al plebiscito del 17 de diciembre, en que los chilenos aprobarán o rechazarán, en una segunda oportunidad, un nuevo proyecto de Carta Magna.
El martes pasado, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, miembro del ultraconservador Partido Republicano y discípula de José Antonio Kast, entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta constitucional redactada, mayormente, por su espacio político, junto con otras fuerzas de derecha que dominaron el proceso luego de ganar en las elecciones constituyentes de mayo pasado. El propio presidente Boric cuestionó a las fuerzas de derecha por imponer un nuevo proyecto sin buscar consenso con los demás sectores representados en el consejo. Las modificaciones conservadoras que se proponen, la introducción de cláusulas que atentan contra avances logrados en los últimos años y la similitud con la constitución vigente de 1980 en materia económica y social, hacen que de aprobarse, el nuevo proyecto no produzca ningún cambio sustancial a lo vigente, en una demostración de gatopardismo absoluto. Y sin embargo, ese carácter de lo redactado en sus 216 artículos, es lo que genera un rechazo medido en las encuestas de la mayoría de la población y en el clima expresado por la dirigencia política, social y cultural. Como si la derecha hubiese aprovechado la coyuntura para presentar una propuesta tan semejante a lo actual y de tan escasas probabilidades de ser aprobaba, que en cualquier caso seguirán rigiendo la ley marco y el concepto de Estado vigentes.
Más teniendo en cuenta que todos los análisis indican que la sociedad chilena no está dispuesta a atravesar un tercer proceso constituyente. El mismo Boric ya descartó esa posibilidad para lo que resta de su mandato, que finalizará en marzo de 2026.
La propuesta redactada por la derecha no avanza en las cuestiones centrales que motivaron las revueltas de 2019, como el acceso público a la salud y la educación. Según analistas, solo maquilla el articulado para enunciar un “Estado social” capaz de garantizarlo, pero no modifica el espíritu vigente de la “libre elección” y el “libre mercado” para la oferta privada de estos derechos. A tono con las propuestas de los libertarios argentinos, la constitución propuesta “institucionaliza” el voucher para el acceso al estudio cuando establece que el Estado debe garantizar el financiamiento “por estudiante”. Según el académico chileno Luis Villavicencio Miranda, entrevistado por ciperchile.cl, “al conectar el financiamiento con cada estudiante, se institucionaliza el voucher. Es decir, pagar por estudiante y no pagar al establecimiento de acuerdo a los costos que signifique entregar una educación de calidad”.
Entre otros artículos que generan controversia están el que ordena la expulsión «en el menor tiempo posible» de extranjeros que ingresen a Chile «de forma clandestina o por pasos no habilitados», un guiño de la derecha a los sectores que reclaman mano dura ante el incremento de la inseguridad que asocian con la migración.
El proyecto allana también el camino para revisar la actual ley del aborto, que permite la interrupción del embarazo en caso de violación, inviabilidad del feto y cuando la vida de la madre corre riesgo. El cambio radica en la modificación del articulado actual que dice que la ley protege la vida del que está por nacer, reemplazando el “que” por “quien”.
El oficialismo cree que su interpretación es un riesgo a la normativa vigente y cierra la puerta a una posible norma que legalice el aborto sin causales.
El oficialismo y sectores de izquierda consideran que se trata de un texto «ideologizado» por la derecha radical. El académico citado en esta nota va más allá. Considera que la derecha pretende con este texto constitucionalizar un “plan de gobierno” cargado de sesgo ideológico y retrógrado. “Se hipertrofia en contenidos constitucionales asuntos que debían ser de competencia del legislador, ahora con un sesgo ideológico de derecha”.
En 2020 el 78% de la población aprobó el cambio de Constitución tras las masivas protestas contra la desigualdad en un país donde rige una de las economías de libre mercado más consolidadas de la región. El rechazo a la primera propuesta en 2022, quizá porque pretendía más transformaciones de las que la sociedad chilena estaba dispuesta a aceptar, abrió el juego al escenario actual, dejando a Chile con la única opción de apostar a reformas puntuales a una constitución pinochetista de la que parece no poder desprenderse.
Rechazo del sector económico
Entre las numerosas críticas planteadas al proyecto constitucional de la derecha chilena, 40 destacados economistas pronunciaron su rechazo a lo que consideran un texto que no solo no mejora, sino que empeora las condiciones actuales. Los profesionales, entre los que se encuentran el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, el exministro de Economía Carlos Ominami, el expresidente del Banco Central Roberto Zahler y la economista Andrea Repetto, afirman que “la Constitución que nos rige requiere mejoras, pero el texto que se ofrece a la ciudadanía no es una Constitución para todos”. Para los economistas vinculados al progresismo y la izquierda, las modificaciones de una “abrumadora mayoría de derecha, impiden que nos sintamos interpretados por la propuesta final y, en consecuencia, votaremos en contra”. Para ellos, “una aprobación del texto arriesga afectar la economía mediante una mayor incertdumbre y problemas de funcionamiento institucional. La Constitución que nos rige requiere mejoras, pero el texto quese ofrece a la ciudadanía no es una para todos. En particular, no da paso al Estado Social de Derecho que se acordó al iniciar esta etapa, pues no da herramientas para su satisfacción efectiva, ni ayuda a crear un sistema político representativo y eficaz”. Se destaca que la propuesta “reduce signifcativamente la capacidad del Estado para perseguir ciertas conductas delictivas, al hacer inconstitucionales delitos cuya tipificación se delega a normas reglamentarias, tal como ocurre en materia de delitos ambientales y aduaneros y el reforzamiento penal de la regulación económica”.
