En plena cuarentena y sin que medie un riesgo geopolítico inminente, al presidente Nicolás Maduro le saltó una crisis interna en la Policía Nacional Bolivariana. Nace por irregularidades en los ascensos dentro de la Policía Nacional Bolivariana para el mes del julio. Por el hecho ya está preso el Comisionado Mayor de de la PNB Daniel Urpin, autor de la denuncia administrativa.
La crisis interna nace de la siguiente estadística. De un total de 204 oficiales y suboficiales policiales ascendidos en junio 77 tienen causas penales y administrativas, la mayoría de ellos pertencen al cuerpo policial llamado FAES. La denuncia interna la hizo Comisionado Mayor de apellido Urpin.
De la lista de ascendidos, 27 funcionarios padecen causas judiciales de tipo penal. A esta cantidad en condición irregular, se añaden otros 50 funcionarios entre los que lograron ascender, que están encauzados por causas judiciales de tipo disciplinario.
La suma arroja un total de 77 funcionarios que no califican para ocupar un puesto superior al que ocupaban en el cuerpo policial. Sin embargo, por órdenes de algunos jefes superiores fueron colocados en la lista de los calificados para ascender y fueron ascendidos.
Pero el trasfondo es mayor. Desde hace dos años se fortalece una fuerza policial conocida en Venezuela como FAES, Fuerza de Acciones Especiales. Nacida para combatir delincuentes, en su trayectoria cambió su función y “confunde” malandros con militantes y civiles desarmados. Según información interna de la FAES, sus funcionarios tienen sobre sus hombros no menos de 362 víctimas civiles muchos de ellos militantes de barrios pobres.
Un diario oficial chavista como Ciudad Caracas, tuvo la honradez periodística de publicar una crónica de hechos ocurridos en un barrio caraqueño, donde la FAES causó la muerte de dos menores. Muchos jefes oficialistas tomaron nota de esta crónica.
La novedad resulta una contradicción en el conjunto de avances y fortalezas frente a sus enemigos imperiales e internos. El desarrollo y expansión de las Milicias Bolivarianas a más de tres millones de militantes armados, la auto depuración en los altos mandos con la salida de una veintena de coroneles y mayores idos a Bogotá y Estados Unidos como renegados del chavismo.
El perfeccionamiento operativo y tecnológico de las Fuerzas Armadas, sobre su Fuerza Aérea y Ejército, probados en situaciones de riesgo de invasión y en por lo menos cinco intentos de golpe de Estado desde 2013.
La defensa militar del gobierno bolivariano está garantizada por el conjunto de fuerzas militares que incluyen las policiales, como se demostró hace dos meses cuando una fuerza de mercenarios llegados de Colombia y Miami, fueron capturados en las costas de La Guaira y del Estado Aragua.
La FAES no participó de esa gesta defensiva del gobierno y el pueblo bolivariano.
¿Qué es lo preocupante? Que su conducta aproximan a la FAES más a las BACRIM (Bandas Criminales) de Colombia, o a las Milicias Urbanas de Río de Janeiro (las que matan negras y negros pobres y militantes anti Bolsonaro), o peor: a la fuerza parapolicial del pasado fujimorista de Perú al mando del general Montesinos.
Desde hace casi dos años, la militancia bolivariana y muchos funcionarios políticos advirtieron sobre la peligrosa autonomía operativa de la FAES.
La actual crisis interna en la PNB por los ascensos “amañados” parece colocarse como un escenario propicio para que el gobierno defina el rol de la FAES y limite sus funciones al estrictamente policial: combatir la delincuencia armada.
América latina tiene demasiados precedentes negativos sobre este tipo de cuerpos policiales, sin importar el tipo de gobierno que lo contiene. Pero es más grave cuando se trata de un gobierno tan maltratado por el imperialismo y la derecha latinoamericana. La militancia del continente mira con preocupación esa novedad.
