La Argentina viene corriendo el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela, como bien apuntan algunos apocalípticos. Hace tiempo, años, que existe este riesgo, y un sector de la política argentina se esfuerza con entusiasmo en llevar al país a ese escenario, un escenario sin duda de mayor grieta, mayor violencia, instituciones y justicia en jaque, acoso a dirigentes y simpatizantes de un sector político, y acompañamiento de los peores aliados internacionales para llevar adelante sus planes autoritarios de un país para una minoría selecta. Es una descripción fugaz pero certera de lo que se vivió en Venezuela durante los últimos años por acción del poder económico y las principales fuerzas opositoras al chavismo.
La derecha regional, y particularmente la argentina, parece empecinada en repetir esa experiencia. Las acciones y declaraciones de sus dirigentes hacen creer (y temer) que, lejos de convertirse en una “dictadura” o “autocracia” de izquierda por quienes gobiernan, como dicen quienes agitan esos fantasmas, el país corre el riesgo de ir a un enfrentamiento alentado por un sector político opositor que busque deslegitimar el poder ganado en las urnas, intente sobredimensionar una posible victoria electoral de medio término y aliente la generación de un clima de inestabilidad social con movilizaciones permanentes.
Algo así, y mucho peor, fue lo que ocurrió tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la toma del poder de Nicolás Maduro, quien lo sucedió y ganó las elecciones de ese mismo año. Desde allí enfrentó una guerra comercial y mediática con apoyo externo de alta intensidad, probablemente mayor a la que enfrentara el propio Chávez. En aquel contexto de creciente crisis social y económica, el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) perdió las legislativas de 2015, y la derecha nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró la mayoría en la unicameral Asamblea Legislativa.
Con la incorporación y el voto de tres diputados a los que el gobierno acusaba de haber sido electos mediante fraude, se alzó con la presidencia del cuerpo. El gobierno presentó una demanda ante la justicia y el Tribunal Superior, cercano al oficialismo, declaró “en desacato” al Parlamento y nulos todos sus actos. Lejos de eso, la Asamblea continuó funcionando. Gobernada por la oposición, se convirtió en el foro exclusivo de la campaña contra el gobierno. Se sancionaron las más numerosas leyes contra la gestión chavista, contra sus funcionarios y sus políticas, que nunca llegaron a regir.
Desde las cuentas institucionales de la Asamblea se convocaba a marchas partidarias, se agitaba la proclama opositora y se llegó a llamar al golpe de Estado. Hasta se llegó a votar una ley que amnistiaba a militares que se sublevaran contra el gobierno que, con todos sus defectos, sus problemas, y sus reprochables, había sido elegido por una parte importante de la población. Años después, el gobierno apelaría a un artículo constitucional para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, anunciada como para refundar el Estado, pero que en los hechos funcionó como un contrapeso del parlamento opositor, sancionando incluso leyes para apuntalar su gestión.
Con una plétora de recursos, apoyo mediático y de organismos como la Organización de Estados Americanos, la oposición puso en marcha una serie de manifestaciones públicas que concluyeron en las trágicas “guarimbas” de 2017 en que murieron alrededor de 150 personas en enfrentamientos callejeros, asesinatos directos (un joven acusado de infiltrado chavista fue prendido fuego) y represión oficial. La oposición pedía el adelantamiento de las elecciones. No ocurrió. En cambio se logró el inicio de una mesa de negociación que el principal delegado opositor, Julio Borges, dio por finalizada cuando se estaba por firmar un acuerdo al que habían arribado todas las partes, dejando en la incertidumbre a todos los participantes y a los promotores internacionales.
Se dijo entonces que fue la influencia del gobierno de Donald Trump, que ya gobernaba patrocinando a espacios como el Grupo de Lima, la OEA de Almagro y todo el que se sumara a la cruzada contra la “dictadura” de Maduro. La estrategia de Trump además incluyó millonarios recursos en supuesta ayuda humanitaria a través del USAID, movilización del Comando Sur, movimientos en la frontera, todas acciones coordinadas, asistidas y hasta solicitadas por los opositores en Venezuela.
Ante las inminentes elecciones de mayo de 2018, la oposición se autoproscribió. Una situación muy diferente a la que se vivió recientemente en Nicaragua, donde los principales candidatos con chances de disputar la presidencia fueron apresados. Con el poco democrático intento de vaciar de legitimidad un eventual triunfo de Maduro y viendo que sus acciones violentas los habían alejado del apoyo masivo que habían sabido tener, los dirigentes no participaron de los comicios, lo que dio a Maduro un cómodo triunfo con una participación de casi el 50% del electorado.
La Asamblea entonces lo nombró “usurpador” y en su lugar proclamó a quien era su titular, Juan Guaidó, como presidente interino de un gobierno de fantasía que se extendió por dos años. En entusiasta apoyo inicial de Trump y la Unión Europea se fue devaluando a la luz de los nulos resultados que obtenía la estrategia, criticada hoy hasta por Henrique Capriles, varias veces excandidato opositor y uno de los principales líderes de la MUD.
Guaidó acompañó un intento de golpe de Estado contra Maduro que se diluyó, pero que permitió la liberación del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, con prisión domiciliaria acusado de instigar a la violencia, lo que le permitió exiliarse en España.
Cuando la oposición jugó en el ámbito democrático tuvo muy buenos resultados, y chances fuertes de llegar al poder. Cuando lo hizo en los márgenes, no solo fracasó, sino que provocó un escenario que perjudicó, principalmente, al pueblo venezolano. La inestabilidad económica y social, la violencia callejera y las sanciones del conglomerado económico internacional no ayudaron a los venezolanos a superar la inflación astronómica, ni el desabastecimiento, ni la inseguridad.
Los posibles excesos de un gobierno que, lejos de ser una dictadura, puede tener un sesgo autoritario con sus consecuencias en materia de Derechos Humanos, como señala el informe de Michelle Bachelet y como fue expuesto varias veces en este medio; no anulan las acciones de una oposición obsesionada con ser protagonista a cualquier costo. La misma ONU que condenó al oficialismo, de igual modo reconoció que los bloqueos económicos, alentados y celebrados por la oposición, redujeron los ingresos del país en un 99%, según la relatora de Derechos Humanos, Alena Douhan.
Después de perder la batalla política, la oposición venezolana aceptó el díalogo en México y participará de las elecciones regionales del 21 de noviembre. Por delante podrá tener un mejor futuro electoral en su país. Eso es incierto. Sí es cierto lo que deja detrás. Una tierra arrasada por disputas inconducentes, guerras fraticidas y despojo económico.
