El próximo fin de semana la política italiana vuelve a confrontarse con el pueblo en las urnas. Tras la larga y trágica suspensión de la actividad pública por la emergencia sanitaria, entre el 20 y el 21 de septiembre se votará para renovar a seis de los 20 gobernadores de región, y se celebrará un referéndum constitucional para definir si se reduce el número de legisladores. En el panorama político italiano postveraniego, ambas votaciones se presentan íntimamente entrelazadas.
El referéndum busca confirmar o rechazar una ley aprobada en el parlamento en octubre de 2019, y que prevé la reducción en la cantidad de diputados, de los 630 actuales a 400, y senadores, de 315 a 200. Al tratarse de una ley que modifica tres artículos de la constitución, necesita de una aprobación por mayoría calificada (que no obtuvo) o una confirmación por voto popular (que es lo que se busca).
También están llamados a votar quienes tengan la ciudadanía italiana en el extranjero. Argentina, con más de medio millón de electores, es el país adonde fue enviada la mayor cantidad de sobres para el voto por correspondencia, que debe llegar a los respectivos consulados antes del 15 de septiembre. La de los italianos en el exterior sería una de las representaciones más afectadas por el recorte: de los 12 diputados y 6 senadores elegidos por los italianos en el mundo, quedarían 8 y 4 respectivamente. Y por eso la mayoría de los movimientos de ciudadanos en el extranjero llaman votar que NO en el referéndum.
La norma fue presentada y defendida el año pasado por el Movimiento 5 Estrellas (M5E), uno de los partidos de la coalición de gobierno, y que nació justamente de las manifestaciones de rechazo al sistema político italiano lideradas por el cómico Beppe Grillo en los primeros años 2000. Según esta visión el parlamento no sólo no cumple fielmente con su rol de representación de la ciudadanía, sino que además significa un enorme gasto para el erario público. Una promoción de la austeridad anti-política que el M5E comparte con la extrema derecha de La Lega de Matteo Salvini, que se sumó de inmediato a la campaña por la aprobación de la ley, y por el SI en el referéndum constitucional. Según los cálculos del frente por la reducción parlamentaria -al cual se suman otras expresiones de la derecha conservadora- se podrían ahorrar hasta 100 millones de euros por año con el recorte de legisladores, y agilizar la elefantiásica burocracia parlamentaria.
La izquierda, el progresismo y movimientos sociales, en cambio, llaman a votar NO en la consulta. En parte por convicción. Porque un recorte de los legisladores en una república parlamentaria, donde la ciudadanía sólo vota a su parlamento, significaría reducir la representatividad de las instituciones. Con la reforma, Italia pasaría a ser el país con la menor cantidad de diputados por habitante de la Unión Europea, y para los partidos más chicos, o con menos presupuesto, se haría aún más difícil ocupar ese lugar. El diario La Repubblica, abiertamente en contra del recorte, calcula además que si se aprobara la reforma el ahorro sería del 0,007% del total de los gastos del sistema político. Pero hay otro motivo detrás de la oposición de la izquierda en el referéndum, y es que en caso de aprobación se trataría, en la práctica, de un respaldo político para uno de los pilares del discurso de La Lega y el M5E. A pesar de tratarse de una discusión que lleva décadas en el país (desde 1983 hubo siete intentos de modificar la cantidad de legisladores establecida en la constitución), en la coyuntura actual, el abatimiento de los costos de la política y la limitación de las instituciones son una bandera esgrimida por neo-conservadores y autoproclamados “antipolíticos” más generalmente sindicados como populistas.
Además de llevar la delantera en los sondeos previos al referéndum son también estos sectores los que tienen mayores posibilidades de recoger un muy buen resultado en las regiones donde se vota el domingo 20: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania y Puglia. Si bien el M5E se presenta por separado y en ningún escenario está en condiciones de disputar la gobernación, la coalición de centro-derecha liderada por La Lega, con los neofascistas de Fratelli d’Italia y el eterno Silvio Berlusconi, se encaminan a ganar cuatro de las seis gobernaciones en disputa.
La doble cita con las urnas tras la crisis pandémica podría entonces confirmar el rumbo encarado por la política italiana en los últimos años. Los partidos más lanzados contra el status-quo institucional -y también sus garantías democráticas-, son los que más seducen al electorado. Un castigo probablemente más que merecido a la “casta” tradicional, pero que podría convertirse en un premio para derechas y movimientos anti-europeos