El Partido de los Trabajadores (PT) inscribirá este miércoles en Brasilia la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su líder encarcelado, jugándose su futuro en un desafío que pone también a prueba la solidez institucional de Brasil.

Miles de simpatizantes del líder izquierdista llegados de todo el país marchaban por la tarde hacia la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) para acompañar a los miembros del PT que harán efectiva, el último día de plazo, su improbable postulación a los comicios del 7 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 28.

Entre ellos estará el escogido por Lula como compañero de fórmula, el exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad, visto por muchos como el potencial reemplazo del expresidente, que desde abril cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Hacia el mediodía, diez de los trece candidatos ya se habían registrado, entre ellos el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL), líder en las encuestas sin Lula; el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB, centroderecha) y el exbanquero Henrique Meirelles (MDB, centroderecha), candidato del impopular presidente Michel Temer.

A sus 72 años, Lula es el favorito en las encuestas, con casi un tercio de las intenciones de voto, casi el doble que cualquiera de los otros candidatos.

Pero la postulación del expresidente (2003-2010) será con toda probabilidad invalidada, según juristas, dado que la Ley de Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.

 Rechazar «de oficio» –

El TSE, que tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro de Lula, tardará unos días, sino semanas, en dar su veredicto.

La nueva presidenta del TSE, Rosa Weber, recordó que cualquier candidatura puede ser invalidada «de oficio», aunque no sea cuestionada por el Ministerio Público o por algún partido o candidato.

El PT insiste sin embargo en que Lula puede disputar las elecciones aunque sea rechazado por el TSE, «presentando recursos plausibles», y recuerda que, en las municipales de 2016, 145 candidatos a alcalde pudieron hicieron campaña con sus registros invalidados.

Si la candidatura de Lula es efectivamente invalidada, el PT tendría entonces poco tiempo para hacer campaña por Haddad, con la incógnita de si lograría transferirle los votos del carísmático exmandatario. Una apuesta, según analistas, muy arriesgada.

Para el politólogo Thiago Vidal, de la consultora Prospectiva, lo que está en juego «es el futuro del PT como principal representante del centro-izquierda en Brasil».

«Difícilmente Haddad gane esta elección», pero «el PT presentará una nueva cara para los próximos pleitos».

El PT encadena reveses desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (heredera política de Lula) por el Congreso en 2016, seguida por una contundente derrota en las municipales de ese año y el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes históricos, con su padre fundador incluido.

– 2.000 km por Lula –

Acampados desde el martes en un terreno baldío junto al estadio Mané Garrincha, cerca de 4.000 manifestantes, según datos de la Polícia Militar del Distrito Federal, marcharán 6 km en dirección al TSE.

Unos 1.200 policías fueron desplegados y, «en caso de necesidad», las autoridades podrían «utilizar un contingente mayor», señaló un comunicado oficial.

El exmandatario fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras.

Enfrenta otros cinco procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder.

«Por la cabeza de los jueces puede pasar cualquier cosa. Hoy nuestro poder judicial está sujeto a intereses, externos e internos», declaró a la AFP Adrovando Brandao, un pequeño empresario llegado a Brasilia tras recorrer más de 2.000 kilómetros en autocar desde Sao Luis (estado de Maranhao, nordeste).

La semana pasada, una decena de juristas europeos, entre ellos el exjuez anticorrupción español Baltasar Garzón, expresó su «preocupación» por «serias irregularidades» en la condena de Lula, en una carta dirigida a la presidenta de la corte suprema de Brasil, Carmen Lúcia.