Los vientos parecen soplar nuevamente a favor de los independentistas catalanes. Es cierto que la corrupción fue determinante para llevar a la caída de Mariano Rajoy. Pero la persistencia del conflicto con Cataluña y el empecinamiento de los dirigentes independentistas fue clave para minar el poder del exmandatario conservador. Sobre todo porque Rajoy nunca quiso sentarse a dialogar con el por ahora exiliado Carles Puigdemont ni con ninguno de los dirigentes del bloque separatista.

Ayer, al tiempo que Pedro Sánchez le prometía al rey que iba a respetar la Constitución de 1978, en Barcelona el flamante president de la Generalitat, Quim Torrá, tomaba juramento a los consellers, los ministros del gobierno catalán, con lo cual terminaba concretamente con la vigencia del artículo 155 de intervención del Poder Ejecutivo, dictado el 27 de octubre pasado con apoyo del PSOE, ahora en el poder en Madrid. 

«Presidente Pedro Sánchez, hablemos, tratemos esta cuestión, tomemos riesgos, ustedes y nosotros», planteó Torra en un tramo de la ceremonia. «Tenemos que sentarnos en la misma mesa y negociar de gobierno a gobierno», abundó Torra. «Esta situación que vivimos ya no puede alargarse ni un día más».

El tono sonó firme pero tiene algo de conciliador, luego de que Sánchez pudiera hacerse del gobierno con apoyo de los catalanes en el congreso nacional. Torra, el plan B de los independentistas –ya que con mayoría parlamentaria no pudieron ungir a Puigdemont porque está procesado por la Justicia española y se refugió primero en Bruselas y ahora en un limbo jurídico en Alemania– asumió el cargo el 17 de mayo. En ese momento, este editor de 55 años desafió a Madrid nombrando a cuatro exministros de su predecesor que causaron especial irritación en la capital española, dos de ellos presos por el intento de secesión y otros dos escapados a Bruselas. 

Sánchez, quiéralo o no, está obligado a buscar el diálogo con los catalanes para buscar vías de acuerdo sobre el entuerto histórico con la región más rica de España. Y Tora se lo ofreció en bandeja el viernes en el mismo acto con que puso punto final a la intervención.

Por eso entre sus primeras declaraciones, Sánchez ofreció «restablecer puentes» y «normalizar las relaciones». Pero planteó un punto que genera discordia y para Barcelona resulta contradictorio: «Este gobierno quiere que Cataluña esté en España, y escuchará a Cataluña».

En relación con el País Vasco, el otro territorio con ansias separatistas,  para Sánchez el panorama viene más despejado. En abril pasado, Rajoy había consensuado con el PNV un presupuesto a medida de sus apetencias, con un 32% más de inversión que el año pasado, 509,05 millones de euros frente a los 385,67 millones de 2017. En ese momento los cinco votos del PNV eran indispensables para que el PP pudiera permanecer en La Moncloa. Ahora fue la moneda de cambio para la llegada de Sánchez y lo será para su permanencia, habida cuenta de la debilidad con que nace su gestión. «