Este hecho histórico fue algo opacado por la política exterior norteamericana, que en pocos días operó fuertemente para evitar una resolución específica sobre el país.
Luego de un día de negociaciones, los Estados aprobaron hoy, por consenso, una resolución que eliminó toda mención a Estados Unidos y excluyó la creación de una comisión de investigación independiente.
El “debate urgente” sobre las violaciones actuales de derechos humanos de inspiración racista, el racismo estructural, la brutalidad policial y la violencia contra la protesta había empezado el miércoles. Fue propuesto por 54 Estados africanos a raíz de una carta de familiares de George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castile y Michael Brown, apoyados por más de 600 organizaciones de todo el mundo. La carta pedía que se creara una Comisión de Investigación sobre la situación de Estados Unidos.
Nunca este tema había sido objeto de un debate político entre Estados. El derecho a la protesta social recién empezó a abordarse de manera tímida hace menos de diez años en el Consejo; la violencia policial siempre brilló por su ausencia. Dos temas claves en el mundo, particularmente en América Latina.
El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 Estados y sigue una lógica geopolítica. Su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos, ocupó un rol político central en denunciar las violaciones de las dictaduras de América Latina, incluso en Argentina. Su agenda es rígida, marcada por la presentación de informes hechos en los meses anteriores. Las discusiones urgentes son propuestas por Estados, por lo que son políticamente sesgadas: nadie quiere abordar temas “sensibles” y, menos aún, irritar una superpotencia como Estados Unidos que en la presidencia de Trump atacó los espacios multilaterales.
Las pocas organizaciones de la sociedad civil que acceden al Consejo de Derechos Humanos buscan promover avances, impedir retrocesos y garantizar cierta coherencia por parte de las delegaciones. Estas mismas voces tienen problemas de representatividad – son pocas las organizaciones nacionales y del Sur presentes ahí. Los movimientos negro e indígena, entre otros, estuvieron siempre excluidos.
El debate empezó con mensajes fuertes de la Secretaría General de la ONU y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el asesinato de George Floyd, el racismo estructural, la violencia policial. La Relatora Especial sobre racismo, Tendayi Achiume, pidió una Comisión de Investigación Independiente, con la autoridad necesaria para investigar el racismo en el uso de la fuerza en Estados Unidos. El hermano de George Floyd aportó un doloroso testimonio. También solicitó una comisión de investigación.
La secuencia que se vio después desnudó la naturaleza de las negociaciones en Naciones Unidas. Uno tras otro, los Estados hicieron intervenciones sobre el racismo en “todos los países”, “todas las regiones”, “alrededor del mundo” omitiendo la mención al país responsable por las violaciones que originaron el debate: Estados Unidos. Las excepciones fueron 4 ó 5 de los 194 países de la ONU.
Al término de las negociaciones, se aprobó por consenso una resolución que requiere a la Oficina de la Alta Comisionada que haga, con apoyo de las relatorías especiales, un informe sobre el racismo sistémico y violaciones contra personas africanas y afrodescendientes por agentes policiales. Se trata de un mecanismo con menores recursos y poder de intervención, pero que permite que el tema siga en agenda. Se mantuvo una mención a George Floyd que, sin nombrarlo, permitirá abordar la situación en Estados Unidos.
Aunque deja un gusto amargo al responder a medias a la demanda clara que hicieron las y los familiares de las víctimas, el movimiento logró abrir una brecha que permite mantener en agenda un tema tan relevante y postergado en el sistema internacional como es el de la violencia policial racista.
