Estados Unidos no iba a permitir, sin ofrecer combate, que se constituyera una región que priorizara los intereses de sus integrantes, en lugar de obedecer los mandatos del imperio. Empezó a trabajar en eso inmediatamente después que le dijéramos No al Alca en noviembre de 2005. Tratarían de evitar la generación de un polo en un mundo multipolar. Se estaba logrando. Nuestra América trabajando articuladamente empezó a ser una referencia internacional, y un potencial dolor de cabeza para quienes, por décadas, dispusieron de ella como su patio trasero.
La derecha, dirigida por el imperio, en nuestra región adoptó el lawfare en los últimos años como el mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o desprestigiarlos cruelmente. En esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Para esto se necesita una Justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia para despedazar a las expresiones populares y políticos cómplices.
Obtuvieron muchos logros con ese método de guerra judicial. Sin embargo, no les alcanzó para instalar una tendencia conservadora irreversible en la región. Han destituido a presidentes: Dilma, Lugo y Zelaya (a los dos últimos además los proscribieron). Llevaron a prisión injustamente a Lula, Jorge Glas y Amado Boudou. Incluso dieron un golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué? Si no difaman y encarcelan a algunos líderes populares, no les podrían ganar en elecciones limpias y democráticas. Y pese a todo, no pueden afirmar el modelo neoliberal. Y como el lawfare no alcanza para acallar a los opositores y la voz del pueblo, achican más la democracia, y surge el autoritarismo, indicios de fascismo y el factor militar. Las FF AA vuelven a tener un protagonismo que hace años no tenían, protagonismo ejercido en contra de los intereses populares y a favor de los grupos concentrados de la economía. Y aparecen las fuerzas de seguridad, policías, Gerdarmería, Prefectura, que no tienen tanto límite constitucional para actuar en cuestiones internas, poseen más flexibilidad y una «capilaridad» en el territorio muy conveniente para moverse con más libertad y menos restricciones.
En Brasil no solo un excapitán de la policía es el presidente y un general retirado del Ejército el vice, sino que miembros de las FF AA y de seguridad tienen más cargos que en los gobiernos de las dictaduras. En Chile los Carabineros reprimen con brutalidad a los manifestantes, con la orden y cobertura de las autoridades. En Bolivia protagonizan un golpe. En Colombia actúan junto a los paramilitares para atacar a las comunidades campesinas. Solo en 2020 hubo 53 masacres, una cifra escandalosa ocultada por los grandes medios regionales. En Uruguay generales de alto rango reivindican pública y descaradamente la tortura durante la dictadura. En Ecuador, por una resolución de Lenín Moreno los militares pueden usar hasta armas letales y contarán con el patrocinio del Estado para su defensa en casos de actuaciones contra manifestantes. En Argentina la Bonaerense acaba de protagonizar un hecho gravísimo rodeando con personal armado las residencias del gobernador y la del presidente por una reivindicación salarial.
Los EE UU tuvieron en los últimos años una dedicación esmerada y una gran discreción para conectar, preparar, influir, formar para una política afín a sus intereses a militares y fuerzas de seguridad. Habrá que seguir con mucha atención la utilización del factor militar, porque hay una decisión de apelar a él ante la situación de que el lawfare ya no basta, por si solo, para detener los reclamos, la resistencia y la voluntad del movimiento popular de organizarse política y electoralmente para llegar al gobierno.
