El juez brasileño Sérgio Moro ordenó este jueves la captura del expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, a quien le dio plazo hasta mañana viernes para presentarse y quedar detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir su condena a 12 años y un mes de prisión.

La decisión fue tomada luego de que Moro recibiera un oficio del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre pidiendo la detención del exmandatario al juez del Lava Jato.

Moro escribió en su fallo que «en atención a la dignidad del cargo que ocupó, le concedo (a Lula) la oportunidad para presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 de mañana».

Moro pidió a la Policía Federal no esposar al ex presidente, quien acusó al magistrado por persecución política ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El ex presidente, al conocer la noticia, salió en automóvil del Instituto Lula en el barrio de Ipiranga de San Pablo hasta la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su cuna política.

Según dijo a Télam una fuente cercana a Lula, crece la tendencia dentro del equipo de abogados de que el miércoles la Corte puede tratar una acción contra las detenciones sin condenas firmes y con eso permitir la libertad del ex sindicalista.

En el PT piensan que el tribunal de Porto Alegre, la cámara que confirmó la condena de Moro, se apresuró y saltó algunos trámites procesales para evitar que Lula el miércoles sea beneficiado con una cautelar sobre la prisión en segunda instancia, contra el texto constitucional.

«Vamos a ver las medidas que vamos a tomar, pero no admitimos vivir sobre el autoritarismo judicial. No se agotaron los plazos todavía. Veo una voracidad por detener», se quejó el abogado de Lula Roberto Batocchio, a la radio BandNews FM.

Lula será alojado en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con la provincia de Misiones.

«En razón de la dignidad del cargo que ocupó, fue previamente preparada una sala reservada, especie de Sala de Estado Mayor, en la propia superintendencia de la Policía Federal para el inicio del cumplimiento de la pena, para que esté separado de otros presos, sin riesgo a la integridad física o moral», escribió Moro.

Bocinazos y fuegos artificiales fueron lanzados en las inmediaciones de la Avenida Paulista de San Pablo luego de que se conociera la decisión del magistrado de la Operación Lava Jato.

«Mi impresión es que Lula no se ausentará», dijo el abogado de Lula al ser preguntado sobre si se entregará o esperará a los agentes de la Policía Federal.

La decisión tomó de sorpresa hasta a la Policía Federal.

Para el PT, fue un balde de agua fría a los planes de último momento porque suponían que la captura sería el próximo martes 10. Incluso Lula había organizado un acto frente a su casa en Sao Bernardo do Campo.

«Si el miércoles la Corte logra tratar el tema de la inconstitucionalidad de la prisión en segunda instancia, para la cual hay mayoría, Lula saldría de la cárcel como un héroe», dijo a Télam el director del Instituto Brasilis, el politólogo Alberto Almeida.

En San Pablo, Lula evaluó con la dirigencia del PT en la sede del partido su futuro y el de la fuerza luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazara por 6 votos contra 5 el pedido de Lula para seguir en libertad hasta que se agoten todos los recursos de su condena a 12 años y un mes de prisión.

«Lula está sereno y con la tranquilidad de los inocentes», dijo la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann.

La estrategia del PT incluye montar un acampe frente a la casa de Lula en Sao Bernardo do Campo, Gran San Pablo y articular movilizaciones nacionales.

El miércoles puede ser clave: el juez de la Corte Marco Aurelio Mello anunció que tratará la cautelar presentada hoy en carácter de urgencia para tratar la inconstitucionalidad de la prisión en la segunda instancia.

«Llegamos a un desgaste innecesario, voy a llevar el caso a la Corte, donde ya hay mayoría», sostuvo Mello, quien votó a favor de Lula en la noche del miércoles.

«Este principio de presunción de inocencia será restablecido en la Corte, pero ayer le fue retirado un derecho a un hombre inocente», dijo Hoffmann, quien acusó a la presidenta del máximo tribunal, Carmen Lucia Antunes, de haber usado el cargo «para un objetivo no republicano». «Si hay algún tipo de violencia contra Lula, lo consideraremos un preso político».

Los jefes de bloque del PT en diputados y en el Senado, Paulo Piimenta, y Lindbergh Farias, dijeron que la candidatura de Lula se mantiene.

Según dijo a Télam un portavoz del partido de Lula, la estrategia es llegar a la justicia electoral, el 15 de agosto, para registrar la candidatura del ex presidente, favorito en las encuestas, para forzar a ese tribunal a evaluar si está capacitado para anotarse. Es decir, Lula puede seguir siendo candidato hasta que lo objete la justicia electoral.

La Ley de Ficha Limpia impide a un condenado en dos instancias presentarse como candidato, pero esto es en otro fuero, el electoral, que tiene sus tiempos y sus excepciones, y no tiene nada que ver con la causa penal de la Operación Lava Jato.

«Lula es nuestro candidato», reafirmó Hoffmann, y añadió que el ex mandatario, quien no formuló declaraciones tras el fallo adverso de anoche, «está bien, sereno», con «la conciencia tranquila de los inocentes».

«No tengo dudas de que marcará negativamente la imagen de Brasil en el exterior, estamos poniéndonos como una republiqueta bananera», añadió Hoffmann.

«Condenar al mayor político de la historia, al político que lleva adelante la preferencia electoral, es violencia. Lula es nuestro candidato porque es inocente y será candidato porque llevará esperanza a la recuperación del país, pero la candidatura es de todo el pueblo. Lula está bien, está sereno, tiene la conciencia tranquila de los inocentes», dijo.

Por otra parte, el portal de noticias del diario O Globo especuló con un plan B petista, encarnado en una eventual candidatura del ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad, coordinador de la campaña de Lula.

Otro posible Plan B según el politólogo Almeida es el exgobernador de Bahía Jacques Wagner, exjefe de gabinete de Dilma Rousseff.

El expresidente fue condenado en dos instancias a 12 años y un mes de prisión por haber recibido un departamento en propiedad oculta de la empresa constructora OAS en la playa de Guarujá, litoral de San Pablo, como parte de los ingresos ilegales que recibía su Partido de los Trabajadores (PT) para sus campañas.