Perú está militarizado y la primera mujer presidenta está sentada sobre una pila de cadáveres. La ex vicepresidenta Dina Boluarte (Balearte como satirizan los carteles) fue nombrada por el Congreso, la institución más denostada por el pueblo peruano. Su asunción, dice, es porque Castillo -quien se encuentra en prisión con una pena preventiva de 18 meses- dio un golpe de Estado. El control de poderes entre Ejecutivo y Legislativo llevaba a un empate catastrófico desde 2017. Un ejemplo de ello es que Martín Vizcarra cerró el Congreso con la venia internacional en 2019 y el siguiente Congreso lo vacó. Cada vez más, la permanente modificación de artículos recortaba facultades al mandato popular presidencial en favor del monopolio del Congreso. Esto se hizo evidente frente a las protestas, cuyas consignas pueden resumirse en: cierre del Congreso corrupto y nueva Constitución.

El supuesto “autogolpe de Estado” de Pedro Castillo tuvo un saldo de cero víctimas fatales, el de Boluarte lleva un total de 21 asesinatos a manos de las fuerzas represivas. También se han denunciado detenciones arbitrarias, golpizas, torturas y secuestros, todo ello en “defensa de la democracia”. Las provincias más militarizadas son aquellas donde Pedro Castillo obtuvo mayor cantidad de votos 16 meses antes. Para “subsanar” el “golpe de Estado”, Dina decretó el Estado de Emergencia Nacional por un mes. La criminalización de los medios de comunicación hacia los manifestantes es una práctica habitual que se conoce como “terruqueo”. Lo cierto es que hay un poder con fuerza estatal represiva y otro que no. El presidente pertenece a este último. Las fuerzas de seguridad responden a una presidenta sostenida por el Congreso, el mismo que negó el adelantamiento electoral este viernes enfureciendo aún más a la población. Si Dina es destituida por cadena de sucesión será el presidente del Congreso quien asuma, por lo que el futuro de la presidenta depende completamente de su sumisión al legislativo.

Castillo es acusado de rebelión a pesar de que no hubo uso de la fuerza pública, pero consideran que la mera alocución constituye un delito en flagrancia, ya que todo el mundo escuchó el discurso del presidente que convocaba a Asamblea Constituyente. Solo dos días antes de que fuera destituido de su cargo y, posteriormente, encarcelado, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, se reunió con el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas. Kenna es una veterana agente de la CIA y se presume que es quien indicó al Ejército desestimar la orden del mandatario. Luego, su encarcelamiento dio origen a las protestas.

La embajadora visitó recientemente a la presidenta de facto, a quien reiteró el respaldo de Washington a «la institucionalidad democrática en Perú», así como a las medidas que el Gobierno peruano pueda tomar para «estabilizar la situación social». Este viernes, el Twitter oficial de Presidencia anunciaba que Boluarte dialogó telefónicamente con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, quien le reiteró el respaldo de los Estados Unidos al gobierno que lidera.

El cariz internacional de este asunto generó posicionamientos internacionales antagónicos. Países como México, Argentina, Bolivia, Colombia y Honduras no reconocen a Dina Boluarte. Luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para garantizar la protección del exmandatario peruano, un grupo de nostálgicos del Grupo Lima -organización disuelta por Castillo- encabezado por Andrés Pastrana y Mauricio Macri, decidieron sacar otro comunicado conjunto solicitando lo opuesto. Entre los 20 firmantes destacan algunos especialistas en represión como Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México) y Lucio Gutiérrez (Ecuador), entre otros.

Mientras la disputa se da en la Justicia y ante organismos internacionales, la gente de a pie sabe de qué lado de los tanques está.  «