República Dominicana fue escenario de un nuevo intento de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, en un encuentro promovido por el presidente de ese país, Danilo Medina, el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero y el auspicio del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La instancia se abre en un contexto muy diferente a otras tentativas, con la Asamblea Nacional Constituyente establecida y en funciones, la caída de la efervescencia manifestante en las calles y la posibilidad de que el gobierno acceda a algunas de las peticiones opositoras clave como prenda de negociación, según pudo averiguar este diario.
Tras una primera reunión de delegados con los anfitriones el pasado jueves, quedó agendada una próxima para el 27 de este mes entre los principales dirigentes de ambos sectores, algo que alienta el optimismo en el gobierno. «Estamos próximos a un acuerdo de convivencia política, de paz y soberanía», dijo Maduro.
Pese a la dureza de los comunicados previos y posteriores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), principal coalición opositora en Venezuela, fueron varios de sus dirigentes los que se sentaron el jueves en Santo Domingo, incluido el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Julio Borges. Para la MUD estas primeras reuniones fueron «exploratorias» y sus dirigentes se mostraron poco concesivos. Ayer dieron una conferencia de prensa en la que se ratificaron las condiciones planteadas y adjudicó la creación de la mesa de diálogo a «toda la lucha que hemos dado por rescatar la democracia y la institucionalidad, la presión internacional, y de la Asamblea Nacional». La MUD había dado a conocer un documento en el que supedita un acuerdo al cumplimiento de cuatro puntos: el establecimiento del «cronograma electoral completo e inamovible, que incluya fechas de elecciones regionales y municipales. También las presidenciales de 2018». Además, «la liberación de los presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones»; el «respeto a la independencia de poderes» y «la atención inmediata a la emergencia económica y social».
Si bien parte de estas demandas están en marcha, como las elecciones regionales y el abordaje a la crisis económica, el punto de mayor dificultad será el que se refiere a los presos políticos que la oposición cifra en 600 y los inhabilitados para ejercer cargos o candidaturas. Fuentes cercanas al gobierno de Maduro admitieron bajo estricta reserva que es posible que se estudien algunos casos «si esto permite una negociación que nos lleve a la paz en el país». Los más emblemáticos son los de los dirigentes Leopoldo López y Antonio Ledezma, el primero acusado y condenado por haber instigado a la violencia en una manifestación de 2014 en la que murieron 43 personas. El otro fue señalado como partícipe de un intento de golpe de Estado en 2015, y aún aguarda el juicio. Ambos están en prisión domiciliaria. Por otro lado, el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, fue inhabilitado para cargos públicos este año por la Contraloría General por supuestos «ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador durante los años 2011 y 2012».
A pesar de la dureza de su posición, los diputados a la Asamblea Nacional Julio Borges, Luis Florido y Timoteo Zambrano aceptaron finalmente reunirse el jueves pasado con la delegación del gobierno venezolano, integrada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y su hermana, la presidenta de la ANC y excanciller, Delcy Rodríguez.
Esto generó algunas internas, como viene ocurriendo, en el seno de la propia MUD. Por ejemplo, el diputado de la AN, Simón Calzadilla, aseguró que el comunicado sobre el diálogo no fue aprobado por todos partidos opositores que integran la coalición. «Si se va a ir a un diálogo hay que acordarlo como parte de una estrategia», reclamó.
Por otro lado, Maduro aseguró que la convocatoria no surgió de manera espontánea, sino que es producto de conversaciones «con la oposición desde hace meses», contactos que, denunció, son negados por los opositores. «En algunos casos, voceros, como el señor Julio Borges, verdaderamente se convierte en casos dignos de estudio desde el punto de vista comunicacional político, porque es capaz de afirmar que es mentira en comunicaciones públicas, cuando están sentados en una mesa de diálogo con el gobierno bolivariano y chavista que presido», señaló.
Desde la instauración de la ANC y el abordaje de esta a algunos de los temas centrales del país, como la crisis económica, las calles se aquietaron tras 120 días de protestas violentas e igual cantidad de muertos. La oposición buscó deslegitimar la elección de la ANC y decidió no participar ni presentar candidatos, tal vez apostando a su fracaso electoral. Sin embargo las cifras oficiales dijeron que la votaron más de ocho millones de venezolanos y el resultado fue que entre los 545 miembros de la ANC no hay ningún representante de la oposición nucleada en la MUD.
También fracasó, hasta el momento, el intento opositor de instalar un gobierno paralelo que solo funcionaría con apoyo militar externo, algo que pese a las declaraciones prepotentes de Donald Trump, no se ve en un horizonte cercano. «
