El Gobierno de México y una fiscalía especializada publicaron este martes las tres posibles «causales» de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de magisterio de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, con presencia de grupos del narcotráfico en las tres hipótesis.

Según el nuevo informe, conocido al cumplirse nueve años de la desaparición y en medio de las manifestaciones y reclamos de familiares, una de las posibles causales es la «confusión» del grupo narco Guerreros Unidos «respecto a la presunta infiltración de ‘Los Rojos’ (cartel rival) entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala».

Otra variante es «la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos», tras las protestas y destrozos a la sede municipal, y una tercera hipótesis «el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero» en alguno de los cinco colectivos en los que los estudiantes viajaban hacia Ciudad de México.

De acuerdo con las hipótesis oficiales, el alcalde Abarca podría tener razones para aplicar un escarmiento a los jóvenes por la reciente desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera, días antes del paso de los jóvenes por Iguala.

Los estudiantes partieron de la sede de la escuela rural de maestros en el municipio Tixtla, a unos 120 kilómetros de Iguala, y pasaron a esa ciudad a ocupar otro transporte en la terminal de autobuses, donde abordaron el denominado «quinto vehículo» que podría estar cargado con droga traficada hacia EEUU, según investigaciones de la fiscalía.

La capital mexicana vivió este martes las protestas de familiares y organizaciones sociales, que marcharon desde El Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

El documento publicado con motivo del noveno aniversario de la tragedia se denomina «Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada», reportó la agencia Sputnik.

El texto señala que, «de acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se lis haya separado en al menos tres grupos y que los llevaran a diferentes lugares para su ejecución y desaparición» en nueve municipios del estado de Guerrero.

Esos sitios posibles con Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.

El texto oficial revela que existían vínculos entre las autoridades federales, del estado de Guerrero y municipales, incluidos efectivos del Ejército y la desaparecida Policía Federal (ahora reemplazada por una Guardia Nacional militarizada), con los Guerreros Unidos, señalados como responsables de los crímenes.

Según el documento, militares y agentes federales «recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo».

El reporte fue publicado por orden de López Obrador, después de que familiares de las víctimas exigieron conocer la transcripción de las conversaciones interceptadas por la DEA, la agencia antidrogas de EEUU, entre miembros de los Guerreros Unidos en Iguala y sus jefes en la ciudad estadounidense de Chicago.

«El informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos, más todas las grabaciones o textos que entregó EEUU y una relatoría del trabajo de la Fiscalía Especial, todo esto lo vamos a subir (a la plataforma gubernamental en Internet)», había prometido por la mañana López Obrador.

El informe indica que «derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vincula con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala».

Rodríguez Pérez fue promovido a general en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Además participaron en la trama el capitán José Martínez Crespo; y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón, detalla el texto.

Otros funcionarios vinculados con ese grupo criminal son el ex alcalde de Iguala, Abarca, y su esposa, hermana de Salomón y Alberto Pineda Villa, integrantes del ahora csi desaparecido cártel de los Beltrán Leyva.

El 2 de septiembre, el diario The New York Times publicó alrededor de 23.000 mensajes de texto inéditos interceptados a Guerreros Unidos, declaraciones de testigos y documentos de investigación.

La conclusión de cuatro periodistas del diario señala que prácticamente todas las ramas del Gobierno mexicano en Guerrero «llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino».

Actualmente hay 132 personas detenidas relacionadas con los hechos en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías y 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Además están en prisión el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex alcalde de Iguala y su esposa, y 14 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La primera investigación, impulsada por el gobierno de Peña Nieto, estuvo marcada por una cantidad de irregularidades que, en principio, cargaron toda la responsabilidad en las bandas criminales organizadas y deslindaron el involucramiento de fuerzas policiales y militares, lo que fue rechazado por los familiares de los 43.

López Obrador había adelantado la difusión de este documento, que los familiares rechazaron, y lamentó las «diferencias» acerca del aporte de las Fuerzas Armadas.

«Tenemos diferencias; ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer este lamentable caso», dijo el mandatario.

Anoche, los abogados de las familias rechazaron el texto ofrecido por altos funcionarios del Gobierno porque lo consideran parecido a la primera versión ofrecida en la administración anterior, denominada «Verdad Histórica», que fue desacreditada por recientes investigaciones que revelan el rol activo de los militares en la tragedia.

«En el informe del Secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él, a la información que solicitaron los familiares», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes normalistas, tras una reunión con representantes gubernamentales, informó AFP.

«Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa de los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando de lado al Ejército», dijo Rosales.

Un grupo de investigadores conformado tras un acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que el Ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.

Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba «imposible» seguir adelante con su labor.