El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos y sus agencias de aduanas pagaron millones de dólares para «compras masivas», sin orden judicial, de sistemas de geolocalización para rastrear los movimientos de los ciudadanos a través de sus teléfonos celulares, afirmó este lunes la ONG Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La entidad publicó una gran cantidad de contratos entre diversas oficinas del DHS para comprar datos de ubicación recopilados por las empresas Venntel y Babel Street, informó la cadena televisiva estadounidense NBC News.
Los archivos, obtenidos por ACLU el año pasado, a través de una demanda en curso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), «arrojan más luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal», afirmó la organización en un blog, según la agencia de noticias AFP.
Los contratos y otros documentos se obtuvieron a través de la Ley de Libertad de Información.
En 2020, The Wall Street Journal informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE y CBP, respectivamente, en inglés) -integrantes del DHS- compraron sin orden judicial datos para acceder a la ubicación confidencial de ciudadanos.
A raíz de esta publicación, ACLU presentó una demanda para obligar a las agencias a brindarle información.
Los archivos demuestran que el DHS usó «millones de dólares de los contribuyentes para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares» de ciudadanos -estadounidenses y extranjeros- a través de datos que le vendieron las empresas telefónicas, añadió.
ACLU aseguró que se compraron «cantidades masivas» de información a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos protege los datos de ubicación de teléfonos móviles del acceso del gobierno sin una orden judicial.
«La Corte Suprema dejó claro que debido a que el historial de ubicación de nuestro teléfono celular revela muchas privacidades, merece la protección total de la Cuarta Enmienda», afirmó Nathan Freed Wessler, de la ACLU, en un comunicado.
“Estos registros nos enseñan aún más acerca de cómo las agencias federales de aplicación de la ley y de inmigración en Estados Unidos están explotando el historial de ubicación confidencial de millones de estadounidenses dentro de Estados Unidos”, dijo Wessler a NBC News.
“Se están aprovechando de la falta de fuertes protecciones de privacidad en la ley de Estados Unidos y nos hacen a todos vulnerables a ser rastreados por capricho de algún empleado del gobierno”.
La Cuarta Enmienda a la Constitución protege a los ciudadanos de registros y aprehensiones arbitrarias.
Según Shreya Tewari, también de la ACLU, los archivos demuestran que el gobierno ha intentado «lavarse las manos de cualquier responsabilidad en la compra» de datos en los casos en los que hubiera necesitado una orden judicial.
La ACLU asegura que el volumen de información confidencial que consiguió el DHS es «asombroso».
Venntel dijo en un correo electrónico publicado por la ACLU que «compila, procesa y valida automáticamente más de 15 mil millones de señales de ubicación diarias de más de 250 millones de dispositivos móviles».
No está claro en los documentos si ICE y CBP usan los datos para realizar arrestos específicos de personas y, en correos electrónicos al DHS obtenidos por la ACLU, Venntel dijo que no almacenó información de identificación de personas, informó NBC News.
La organización de la defensa de las libertades civiles estima que estos documentos son «una prueba más» de que el Congreso necesita aprobar una ley que ponga fin a esta práctica.
