El Ministerio de Justicia de Bolivia pretende anular un beneficio de libertad otorgado por una jueza y se sumó a la investigación contra el expresidente Evo Morales por el supuesto delito de estupro, por haber concebido un bebé con una menor de edad en 2015, lo que fue considerado por el propio Evo, su entorno y dirigentes del Grupo de Puebla como un caso de lawfare.
Según un comunicado de este foro que reúne a dirigentes y expresidentes populares de la región, las «legítimas diferencias» internas entre el expresidente y el actual, Luis Arce, «parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales».
El GP advierte sobre las causas citadas que son «algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado, hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales».
Para el propio Evo, la acción judicial se enmarca en el intento de proscribirlo que viene denunciando hace meses. «En vez de dedicar sus esfuerzos a garantizar combustibles, contener la inflación y la crisis económica que azota a las familias bolivianas, el Gobierno prefiere dedicar sus últimos meses de gestión en buscar proscribir al instrumento político que lo llevó a la presidencia e inhabilitar a quien ellos consideran su principal adversario: Evo», dijo en X.
El ministro de Justicia, César Siles, adelantó que pedirá al Tribunal Constitucional la revocatoria de la decisión judicial que anuló la orden de detención de Morales y solicitará a la Fiscalía que investigue a jueces que habrían favorecido al expresidente, según informó la agencia de boliviana de información (ABI).
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que solicitará que la investigación sobre trata y tráfico de personas contra Morales sea secreta para proteger a la víctima y evitar su politización. Así, ha asegurado que es un «tema sumamente delicado» porque «está de por medio una menor».
Morales aseguró fue amenazado, perseguido, encarcelado «todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual» e incluso intentaron matarlo. «No tengo miedo. No me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron», indicó.
«Podrán silenciar mi voz, podrán matarme pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia», manifestó.
Los socios de Morales denunciaron que existe una persecución política contra él en medio de la lucha interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) entre sus partidarios y los de Arce, y las denuncias del Gobierno de que el expresidente está orquestando un golpe de Estado.
En esa línea, el intelectual español y titular del CELAG, Alfredo Serrano Mancilla, expresó: «En primer lugar, piden meter preso a Evo Morales sin ninguna sentencia firme en su contra. En segundo lugar, están deliberadamente buscando cualquier excusa (FALSA) para abrir procesos en contra de Evo Morales (ya son 4 en los últimos días). En tercer lugar, lo que buscan de facto es la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial«.
Por su parte, el Grupo de Puebla hace un llamamiento a prestar atención «a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente» a Morales, mientras que alerta de que «estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales».
El caso causó polémica después de que la fiscal Sandra Gutiérrez denunció que fue despedida horas antes de ejecutar una orden de captura contra Morales y acusó al fiscal general, Juan Lanchipa, de estar protegiéndolo. Sin embargo, Lanchipa explicado que tomó la medida por «conducta negligente y por inconsistencias procesales en el cumplimiento de sus funciones» y «no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión».
El fiscal general, quien termina su gestión este mes, fue cuestionado por varios ministros de Arce quienes le exigieron explicaciones por despedir a Gutiérrez y por no ejecutar la orden de captura de Morales, Lanchipa aseguró que la salida de la exfiscal fue a causa de su «negligencia» en esa investigación.
Tras las declaraciones de Gutiérrez la denuncia de trata de personas se filtró a los medios y fue confirmada por varios funcionarios del Gobierno. El mismo presidente Arce solicitó que el caso se declare «en reserva» para que no se politice y para proteger a la supuesta víctima de Morales.
El nuevo ministro de Justicia, César Siles, dijo que el caso involucra a una «niña» que fue «violada a sus 15, a sus 16 años», presuntamente «obligada por sus padres» a cambio de «favores específicos». Según Siles, «producto de esa violación engendró a otra niña», cuyo padre «reconocido en un certificado de nacimiento (es) el señor Evo Morales Ayma».
BB con Europa Press
