El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, presentó este martes un proyecto de ley en el Congreso para iniciar el llamado proceso «paz total», que será entendido como una «política de Estado» y que, entre otras cosas, propone eliminar el servicio militar obligatorio para instituir un «servicio social para la paz».

«(Es) la formulación de la política de paz como una política de Estado, eso significa en primer lugar que no será solamente el alto comisionado para la paz sino el conjunto de los ministros y ministras los que tendrán a su cargo desarrollar distintos aspectos de la política en este campo», dijo a Télam el senador oficialista Iván Cepeda, quien estuvo presente en la presentación del proyecto en el Congreso.

Además, comentó que la iniciativa establece que «cada Ministerio deberá -desde su compentencia- desarrollar aspectos complementarios de la política de paz total».

«Asimismo, queda de facto abolido el servicio militar obligatorio y se genera una alternativa para los jóvenes de Colombia que es prestar un servicio social para la paz», explicó Cepeda.

Este servicio, agregó, tendrá por objetivos, «por ejemplo, implementar el Acuerdo (de Paz) de 2016, buscar que se alfabetice a poblaciones rurales en el uso de las técnicas digitales, así como la posibilidad de que los jóvenes trabajen en esas zonas rurales con las victimas» del conflicto armado.

Este, según los analistas locales, es uno de los aspectos más innovadores del proyecto.

El servicio, de ser creado, tendría una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar.

Finalmente, Cepeda detalló que la iniciativa «incluye la creación de la figura región de paz que implica territorializar la política de paz, con la inclusión de comisionados regionales que serán nombrados por el alto comisionado de paz».

El proyecto prorroga la Ley 418 de Orden Público que data de 1997 pero además introduce modificaciones para poner «a la política de paz en el centro del conjunto de iniciativas del gobierno nacional», según Cepeda.

El texto fue radicado este martes en la Cámara de Representantes por el Gobierno, representado en la figura del ministro del Interior, Prada, y el de Defensa, Iván Velázquez, acompañados además por Cepeda y por los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, David Racero y Roy Barreras.

En lo que respecta al sometimiento de bandas criminales a la justicia, fuentes consultadas el diario colombiano El Tiempo aseguraron que habrá otro proyecto que establezca el procedimiento y sería presentado en las próximas semanas.

El proyecto de ley asegura que se comprometerá a las autoridades «de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento» y habrá reuniones bimensuales para dar seguimiento al proceso.

Los déficits en torno al cumplimiento y ampliación de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son uno de los principales desafíos del actual ocupante de la Casa de Nariño, en un país en el que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hay 6 conflictos armados aún vigentes.

De todos modos, el nuevo Gobierno colombiano, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya manifestaron su voluntad a dialogar camino a lograr la «paz total», que ha sido una promesa de Gustavo Petro desde la campaña presidencial.

Los 10 puntos del proyecto:

1. Política estatal de Paz

El primer objetivo de esta iniciativa es convertir en política de Estado la política de Paz, para que se les dé carácter vinculante a los acuerdos que se alcance, para que no sean interrumpidos en la fase de implementación y/o cumplimiento.

Este cambio también permitirá que los procesos de Paz que estén en curso vinculen a los siguientes gobiernos en la continuidad de esta búsqueda de la Paz. “No es potestad exclusiva del Gobierno, sino una política constitucional que elevamos a categoría de Estado. Comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento”.

2. Regiones de Paz

El articulado plantea que el presidente de la República pueda constituir ‘regiones de paz’, para que se adelanten diálogos que busquen la terminación del conflicto. “Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, precisa el texto.

3. Comisionados de Paz regionales

Para poder avanzar con los acercamientos y diálogos de Paz, se designarán comisionados de Paz para distintas regiones del país. “Vamos a fortalecer decididamente la institucionalidad de la Paz, y el comisionado Danilo Rueda va a tener probablemente 9 colegas que van a estar en las regiones del país”, explicó el senador Iván Cepeda.

4. Suspensión de órdenes de captura y de extradición

En concordancia con el desarrollo de estos diálogos, la iniciativa plantea la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de estos grupos armados que comiencen con los diálogos, las cuales tendrían vigencia en zonas delimitadas por el Estado. Estas suspensiones, sí es el caso, aplicarían también para suspender las órdenes de extradición.

“El Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas”, se lee.

5. Fondo de inversión para la Paz

Para unificar todos los fondos de Paz, y poder garantizar la protección y uso efectivo de sus recursos, se propone también crear este Fondo de Inversión para la Paz, “como una subcuenta al interior de la cuenta especial del Fondo para la Paz, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, administrada por un consejo directivo, presidido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y sujeta a la inspección y vigilancia de una veeduría especial, sin perjuicio de las facultades a cargo de la Contraloría General de la República”.

Las funciones relativas a la administración de este fondo, explica el texto radicado, “se ejercerán en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, y de conformidad con las determinaciones que adopten el Presidente y el Gabinete de Paz. Para el desarrollo de la finalidad del Fondo se podrán crear fondos fiduciarios, celebrar contratos de fiducia y encargos fiduciarios, contratos de administración y de mandato y las demás clases de negocios jurídicos que sean necesarios”.

6. Gabinete de Paz

Como se menciona en el punto anterior, el proyecto también busca crear la figura de ‘Gabinete de Paz’ para que el presidente pueda convocar a sus ministros para reunirse y debatir en torno a los avances de Paz.

“Cada uno de los Ministerios que conforman el gobierno nacional deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia. En sesiones bimestrales, o cuando así lo determine el presidente, el Gabinete Ministerial sesionará como Gabinete de Paz”.

Y se precisa que en esas sesiones los Ministerios presentarán informes sobre los asuntos que les competan, y el transcurso de estas sesiones de Gabinete tendrán el carácter de reservados, junto con la información y documentos que se expidan allí.

7. Programas de Paz en Planes de Desarrollo

Con el mismo objetivo de institucionalizar la Paz, se busca que todos los programas, proyectos y políticas de Paz se incluyan no solo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también en los Planes de Desarrollo locales de las entidades territoriales, dice el texto, “dirigidos al logro de la paz y de un desarrollo social equitativo, y a integrar a las regiones, en especial, los municipios más afectados por la violencia o aquellos en los que la presencia del Estado ha sido insuficiente, con el propósito de alcanzar los fines del Estado”.

8. Rol de mandatarios locales

Si bien los alcaldes y autoridades locales no tendrán la facultad de adelantar negociaciones en términos de acogimiento, sí tendrán facultades humanitarias en sus territorios.

El senador Cepeda contó que se van a “autorizar a las autoridades locales para que puedan avanzar en los temas humanitarios. Es decir, que en regiones donde están enfrentados, por ejemplo, el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN, las autoridades puedan pedirle a los grupos y comprometerlos a que las hostilidades se van a librar, de tal menta que no afecten a la población civil”.

9. Servicio social como alternativa al militar

Dentro de los dos meses a la entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno reglamentará el servicio social para la Paz, que servirá como una alternativa para el militar. Su implementación se hará de manera gradual y no significa el final del servicio militar.

“El Servicio Social para la Paz tendrá una duración de doce meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en las siguientes modalidades:

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad”.

10. ¿Tendrá mensaje de urgencia el proyecto?

El presidente de la Cámara de Representantes David Racero le pidió al Gobierno darle mensaje de urgencia a este proyecto, para que se pueda radicar a más tardar en diciembre. “Para que esté aprobado antes de que se acabe el año, la única posibilidad es que se tramite de manera conjunta en Comisiones Primeras y en Plenaria de Cámara y Senado adelantar la discusión al tiempo”, dijo.

El Gobierno está estudiando esta posibilidad, pues coinciden en la importancia de que se apruebe el proyecto en el 2022. De adoptar este llamado y pedir el mensaje de urgencia, tendría prioridad por encima de otros proyectos.