El camino a la independencia escocesa y su permanencia en la Unión Europea estarán condicionados por la salida de Gran Bretaña de la UE (Brexit), aprobada por el Parlamento británico y en marcha en un proceso que durará seis años en total. El jueves, la primera ministra Theresa May bloqueó los planes independentistas de los scots, cuyo primer intento fracasó en 2014, al rechazar cualquier proceso hacia una salida de la órbita del Reino Unido hasta que se cumplimente el Brexit. La ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, calificó de «indignante e inaceptable», e incluso «antidemocrática» la decisión de May.
Sturgeon planeaba presentar mañana ante el Parlamento regional un proyecto de ley que la autorizara a celebrar un nuevo referéndum vinculante para una fecha a definir entre el otoño de 2018 y la primavera del año siguiente, es decir, antes de que se complete el proceso de salida del Reino Unido de la UE.
«Buscaré la aprobación del parlamento para abrir negociaciones con el gobierno de Reino Unido sobre los detalles del procedimiento que permitirá al Parlamento escocés legislar para un referendo de independencia», dijo.
Pese a que el 55,3% de los escoceses dijo «no» en el plebiscito sobre la independencia de septiembre de 2014, el 62% eligió continuar dentro de la UE cuando se realizó el referendo sobre la permanencia o salida del Reino Unido del bloque, en junio pasado, en que la mayoría de los británicos votó a favor de salir. El cambio de escenario y el inminente inicio del proceso motivaron a Sturgeon a insistir. Para ella, el hecho de que el primer resultado no estaba condicionado por la posible salida de la UE «justifica» la celebración de un nuevo plebiscito.
El anuncio provocó la reacción inmediata de Downing Street, que se opone no solo a la independencia de Escocia sino a su permanencia en el bloque común como Estado autónomo. El jueves, Theresa May declaró públicamente que «no es el momento» para el nuevo referéndum. Una forma muy amable de anunciar que el gobierno central no lo admitirá. Pero el viernes fue más allá. En el Foro de Primavera del Partido Conservador acusó a Sturgeon de tener una «obsesión con dividir al país». Llamó a defender a «la preciada Unión» y recalcó que la nacionalista escocesa quiere «imponer un voto que será malo para Escocia, para el Reino Unido y para todos nosotros».
Escocia viene tendiendo puentes para permanecer en la UE desde la elección de junio, pero Bruselas no da signos del todo claros en su favor. Además de argumentar que se trata de un «asunto interno» de los británicos, los funcionarios de la comunidad advirtieron que los miembros vetarán su incorporación automática. Según la doctrina Barroso, si parte de un Estado miembro se convierte en independiente, deberá solicitar su inclusión de cero si quiere volver a adherirse a la UE. Uno de los países que más sostienen esta cláusula es España. No es casual. Una Escocia independiente y reconocida por los estados europeos sería un antecedente inercial para el movimiento separatista de Cataluña, ante el cual el gobierno de Mariano Rajoy se opone firmemente. Justamente esta semana se conoció el fallo que inhabilitó por dos años al expresidente catalán, Artur Mas, por haber «desobedecido» al poder central y haber realizado una consulta sobre la independencia que no fue vinculante, pero que arrojó un 80% de votos a favor de la separación.
Escocia podría enfrentar una situación similar si Sturgeon avanza con sus planes. La propia May se lo advirtió a los escoceses: «Escocia abandonará la UE, como parte del Reino Unido o como independiente», dijo. El discurso de fortaleza y unidad de May tiene un interés que trasciende lo cultural. Si Escocia se dividiera del Reino Unido, no solo habría que modificar la bandera británica (conformada por la de cada región: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte). Gran Bretaña perdería el 32% de su territorio, el 8% de su población, el 7,7% de aportes al PBI y el 8% del total de exportaciones anuales. Además, Escocia tiene 59 bancas en el Parlamento. Su eventual salida obligaría a GB a alterar su forma de gobierno. «
Ya surgen los primeros escándalos en Londres
El presupuesto pos Brexit presentado por el gobierno británico generó el primer gran tumulto para Theresa May, que lleva siete meses en Downing Street Nº 10. La primera ministra británica se vio obligada a ordenar a su secretario de Economía, Philip Hammond, que retrotrajera la medida de aumentar en un 2% los impuestos a los trabajadores autónomos, resignando así la recaudación de casi 2300 millones de euros hasta 2022. Justo la cantidad que prometió aumentar en el gasto social. La medida fue tomada luego de que quedara en evidencia de que con ese aumento impositivo «Phil hoja de cálculo», como llaman al economista por su habilidad con los números, estaba incumpliendo con una de las principales promesas de campaña del antecesor de May, David Cameron, quien dejó el lugar a su exsecretaria de Interior tras perder su posición en el referéndum por el Brexit (Cameron apostaba por permanecer en la Unión Europea).
Por otro lado, el impacto de la marcha atrás fue «humillante» para Hammond, según reflejaron los medios británicos. Dicen que May dijo a Hammond: «Hay que revisar esta medida y no me importa cuán malo puede ser para su carrera». Los diarios también señalaron la improvisación del gobierno, ya que la contradicción fue advertida por una periodista de la BBC.
El presupuesto de Hammond ya había sido fustigado por no contemplar una estrategia para el divorcio de la Unión Europea. Entre los retos que supone la salida del bloque, figuran la factura de 60 mil millones que Bruselas analiza imponer a Londres. Quienes lo defienden señalan que Hammond esperará al inicio de las conversaciones con los comunitarios antes de adelantar jugadas.
