Juan Vivero entró a su cita de rutina con las autoridades de inmigración en Nueva York y ya no salió. Es colombiano e ingresó sin permiso a Estados Unidos en 2011. Una vez en el país, pidió asilo político, pero no le fue concedido. Finalmente optó en el último tiempo por la vía familiar ya que su esposa y su hijo son ciudadanos. El martes pasado, fue una vez más al tribunal a conocer su situación, pero allí fue detenido por la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). La jueza había rechazado su petición.
Los casos de latinoamericanos indocumentados que son apresados o que comienzan a tener problemas legales en Estados Unidos son cada vez más frecuentes. No es que antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia no los tuvieran. En los últimos dos años hubo 24 situaciones como las de Vivero, en las que el ICE capturó a inmigrantes que se presentaban ante la corte. Pero en el último tiempo, la preocupación y el temor a la deportación van en aumento.
Los inmigrantes han cambiado sus hábitos y limitado sus actividades. No saben cuándo podrán encontrarse frente a «la Migra», como denominan a los agentes del ICE.
El diario Los Angeles Times, publicó esta semana un artículo en el que el jefe de policía de la ciudad, Charlie Beck, dijo que los reportes de asaltos sexuales y violencia doméstica realizadas por los residentes latinos cayeron en picada este año por el miedo de los inmigrantes indocumentados a ser deportados al interactuar con la policía o testificar en una corte. Beck informó que los reportes de asalto sexual cayeros un 25% entre esa población desde comienzos de 2017, comparado con el mismo período del año pasado, y que las denuncias de volencia doméstica cayeron un 10 por ciento. Esa merma no se vio en reportes donde otras etnias estuvieran involucradas. «Imagine a una joven, imagine a su hermana, su hija, su madre, sin reportar una violación por miedo a que su familia sea separada», amplió el policía ante el periodista de ese medio.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), los denominados dreamers, no es una prioridad en la agenda de Trump enfocada en desmantelar los restos de la administración Obama. Sin embargo, los jóvenes que se han beneficiado con esa política tampoco están tranquilos. El caso de Daniela Vargas, la argentina detenida cuando estaba haciendo una declaración a la prensa sobre el tema, no es el único: también en Nueva Jersey las autoridades arrestaron a otro ‘soñador’.
En Nueva York, la oficina del alcalde demócrata Bill de Blasio debe salir, de tanto en tanto, a hacer algún anuncio para tranquilizar a los inmigrantes. En febrero, aseguraron que los centros médicos y los hospitales seguirían atendiendo a todos, sin importar el estatus migratorio. Esta semana, fue el turno del área educativa. «Haremos todo lo posible para mantener a las fuerzas de inmigración fuera de nuestras escuelas», dijo de Blasio, quien este año buscará ser reelecto en las elecciones municipales. La medida establece que los agentes del ICE no podrán entrar a los establecimientos públicos, a menos que la orden de arresto sea evaluada y verificada por abogados del municipio.
Chicago, San Francisco, Washington, Providence, Denver, Seattle y Los Ángeles son otras de las ciudades cuyos alcaldes y alcaldesas se han comprometido esta semana con los inmigrantes indocumentados. También un congresista presentó un proyecto de ley para que los agentes de inmigración usen cámaras mientras realizan sus funciones para proteger los derechos civiles de los detenidos. El objetivo de la idea es contar con imágenes de los procedimientos y de las detenciones.
Los que todavía están a la deriva en las grandes ciudades son los trabajadores. Gran parte de ellos han trabajado este tiempo en las cocinas o en el sector de la construcción. Esta semana, Tom Cat Bakery, una panadería del distrito de Queens, intimó a sus 30 empleados inmigrantes a presentar su documentación. Les dio 10 días. De lo contrario, serán despedidos.
Brandworkers, uno de los sindicatos de la industria alimenticia local, organizó una protesta contra la decisión de la empresa de colaborar con el ICE. «Tom Cat, escucha, estamos en la lucha», cantaron los trabajadores. Algunos de ellos han estado en la empresa por más de 20 años.
Llevaron carteles con los mensajes «luchamos por nuestras familias» y «arriba, abajo, la migra pal carajo». Mientras la preocupación se extiende, los consulados empiezan a recibir más consultas. Ecuador ya preparó un plan de contingencia. «Vamos a tener una línea 1-800, asesoría legal para que los migrantes sepan cuáles son sus derechos, no que llegan las fuerzas del orden a la casa, a golpear la puerta y se firma cualquier cosa», dijo el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long.
El consulado de República Dominicana también organizó esta semana una reunión para inmigrantes. «No vamos a permitir que les violen los derechos a nuestros conciudadanos y a aquellos emigrantes que hayan residido por más de 10 años y su estatus esté un poco indeciso o se encuentren en un proceso de residencia y ciudadanía, no vamos a permitir que los atropellen», aseguró Carlos Castillo, el cónsul dominicano en Nueva York.
Además de las iniciativas oficiales, los inmigrantes se organizan por su cuenta y con sus propios recursos. Por ejemplo, un latinoamericano que vivió durante 25 años en forma ilegal en Estados Unidos desarrolló una aplicación que alerta sobre las redadas del ICE. Empezó a funcionar bajo el gobierno de Obama, pero su uso se ha incrementado con el inicio de la administración Trump.
Las redes sociales como Facebook y Twitter tienen una gran utilidad para las comunidades en las que viven indocumentados con temor a la deportación. Los grupos que trabajan con inmigrantes también se han concentrado en difundir información sobre cómo actuar ante la aparición del ICE. «No abra la puerta», indica el material. «Permanezca en silencio», «no firme nada», «tome fotografías y grabe videos», sugieren.
También hay grupos de WhatsApp que no solo avisan de la cercanía de la ‘migra’, sino que verifican que la información sea cierta. Ya han tenido una mala experiencia en la que se viralizaron imágenes de supuestas redadas que eran, en realidad, de 2014. Desde entonces, activistas trabajan para certificar las alarmas, para que el miedo no sea mayor de lo que ya es. «
