Después del pedido de prisión preventiva y la alerta de Interpol para detener al expresidente Rafael Correa, por un proceso en el que se lo acusa de ordenar un supuesto secuestro a un dirigente opositor, en Revolución Ciudadana no sólo llevaron la denuncia de persecución política a nivel internacional, sino que ya empiezan a dudar de que el eventual juicio se desarrolle en un marco de pleno derecho. «Tenemos dudas de que pueda haber garantías para un juicio justo, para un proceso que se desarrolle y se desenvuelva con las garantías del debido proceso», dijo a Tiempo Virgilio Hernández, quien coordina los equipos jurídicos de movimiento político del exmandatario y que el viernes debió realizar diligencias para sacar a los diez detenidos en la manifestación a favor del exmandatario, en Quito.

La orden de la jueza Daniella Camacho, que además pide la extradición a Bélgica, donde vive Correa junto con su familia, se produjo un día después de que el expresidente se presentara en el consulado de su país, en Bruselas. Camacho había dictaminado que la presentación debía realizarse en tribunales ecuatorianos cada 15 días, algo que los abogados de Correa intentaron revertir pidiendo una audiencia de revisión, que la Justicia fijó para el 3 de julio pasado, un día después del plazo fijado por Camacho para la primera presentación.

«El hecho de que la audiencia de revisión de la medida se haya convocado el 3 de julio era una muy mala señal», observó Hernández. «Lo correcto era realizar la audiencia, que nos nieguen la revisión si ese era el criterio, y se convocara como dice nuestro código integral penal a la audiencia para sustituir las medidas de presentarse cada 15 días por la de la prisión preventiva. Pero ya no guardan ni las formas, la jueza aprovechó la audiencia que estaba convocada para la revisión de medida, para hacer directamente la sustitución y empeorar la condición del economista Rafael Correa», dijo Hernández a este diario.

Según los plazos y procedimientos judiciales ecuatorianos, la fase de instrucción fiscal concluye el próximo 18 de julio y luego debe convocarse a la audiencia preparatoria de juicio. «Estamos haciendo una serie de planteamientos que nos permitan llegar a la audiencia preparatoria con todos los elementos para que Correa sea sobreseído», agregó Hernández. Además acusó a la fiscalía de no responder en término con los requerimientos, lo cual entorpece el ejercicio de la defensa. «Esto vale denunciarlo internacionalmente: hasta el día de hoy no se nos ha despachado ninguna de las peticiones que hemos señalado a la fiscalía y ya quedan menos de 12 días para que termine la instrucción fiscal. Ellos saben que los argumentos son absolutamente débiles y deleznables y por lo tanto pretenden impedir una adecuada defensa».

Hernández, quien fue además asambleísta y funcionario del gabinete de Correa, enfatizó que «lo que tenemos aquí es una persecución política utilizando la vía judicial». En ese sentido señaló que la Justicia ecuatoriana «ahora está controlada por el Partido Social Cristiano y Alianza País, que controlan la Asamblea Nacional. Acaban de nombrar a través del Consejo de Participación Ciudadana al Fiscal General, al Consejo Nacional de la Judicatura, pretenden evaluar a la Corte Constitucional, es decir, hay todo un andamiaje que se ha construido y está básicamente enfocado a encauzar a Correa y perseguir a la Revolución Ciudadana y a quienes nos decimos correístas y reivindicamos este proceso tan importante para el país».

Además de la estrategia política, donde los dirigentes de Revolución Ciudadana están convocando al apoyo de líderes internacionales al expresidente, la defensa buscará evitar por un lado la extradición, cuestión difícil de producirse por el hecho de que el acuerdo entre Ecuador y Bélgica sobre ese punto data del siglo XIX y no se aplicaría a un caso como este. Y por otro, a demostrar su inocencia y la falta de pruebas en su contra. Sin dar detalles precisos para preservar las acciones que se realizarán, Hernández asegura que «se buscarán los mecanismos internacionales que nos permitan garantizar la seguridad y la libertad del expresidente».

El gobierno de Ecuador, sin embargo, no dejó pasar declaraciones de importantes líderes regionales como el venezolano Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales, quienes se pronunciaron a favor de Correa y destacaron la persecución en su contra. Moreno llamó entonces a consultas a su embajador en La Paz y suspendió el viaje de su nuevo representante en Caracas. Su gobierno también envió notas de protesta a ambos países y exigió «el respeto de gobiernos vecinos» al trabajo de la justicia ecuatoriana.

Con referencia a la situación de su antiguo jefe, Moreno fue más allá y pareció dictar su propia condena anticipada. Dijo que no era «agradable» haber sido vicepresidente durante dos ocasiones «de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios» ya que, dijo, durante el mandato de Correa «se han realizado de manera clandestina, de manera subterránea, secuestros, violaciones de los Derechos Humanos y asesinatos», dando por cierta la acusación.

La causa en cuestión la inició Fernando Balda, un exdiputado del derechista partido Sociedad Patriótica, que durante el gobierno de Correa fue condenado por injurias en un proceso iniciado por el presidente, y se profugó a Colombia para evitar la prisión. Allí tuvo reuniones con Álvaro Uribe y otros dirigentes de la extrema derecha, y según testimonios que se están conociendo estos días, habría operado para desestabilizar al gobierno ecuatoriano a través de plataformas informáticas. En octubre de 2012 fue obligado a subir a un auto que luego fue interceptado por la policía de Colombia, frustrando el aparente secuestro. Luego fue deportado y cumplió su condena en Quito. «