El dramático desenlace del secuestro de los trabajadores de prensa del diario ecuatoriano El Comercio, con la confirmación de la muerte de los tres rehenes, abre un nuevo capítulo en la disputa por el control militar en la zona de fronteras entre Ecuador y Colombia, y amenaza con sitiar aun más a una región ya castigada por la violencia y el narcotráfico. El secuestro y posterior asesinato del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años; el redactor Javier Ortega, 32; y el conductor Efraín Segarra, 60; pusieron en evidencia también una aparente falta de coordinación del gobierno de Lenín Moreno, que fracasó en su promesa de regresar a los periodistas con vida, y cuyo discurso oficial varió a lo largo de estos 20 días dependiendo de quién lo transmitía. «Hay mucha desinformación, no se ve una coordinación, entonces es muy complicado saber exactamente qué pasó», comentó a Tiempo Adriana Noboa, jefa de política de El Comercio, impactada al igual que los casi 600 empleados de uno de los matutinos más importantes del país.
La mayor contradicción se evidenció en la conferencia de prensa del coronel Polibio Vinueza, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, quien reveló que el gobierno estaba avanzando sobre la posibilidad de intercambiar prisioneros. La liberación de tres detenidos era la principal demanda del grupo que efectuó el secuestro. «
