Cuando se cumplieron dos meses del inicio de las protestas en Colombia, por las que se registraron decenas de muertos, cientos de heridos y numerosos hechos de violencia, sobre todo institucional, y aun transitando el peor momento de aceptación pública, el presidente Iván Duque resolvió enviar al Congreso un proyecto de ley de antivandalismo y antidisturbios que, según sus críticos, aumentaría el poder represivo del Estado y podría afectar el derecho a la protesta, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional.

Para la diputada de Colombia Humana, María José Pizarro, la propuesta de Duque es “abiertamente ilegal. Recordemos que el gobierno apenas cuenta con el 23% de favorabilidad, lo que pone en duda su legitimidad. Insistir en la militarización y criminalización de la protesta social solo muestra incapacidad y falta de visión”. De igual forma, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, afirmó que “resulta inverosímil que el presidente Iván Duque anuncie un proyecto de ley ‘antidisturbios’, cuando el país ha vivido la mayor violación de Derechos Humanos por la brutalidad policial. Presidente, el país y el mundo le exigen es una reforma policial estructural que garantice los Derechos Humanos”.

En la presentación del jueves, el presidente Duque aseguró que la ley servirá para que la sociedad diferencie lo que «debe ser la protesta pacífica». Los principales enemigos, dijo, “son el vandalismo, los disturbios y el terrorismo urbano» y justificó la propuesta en el hecho de que «quienes promueven esas prácticas no pretendan pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos».

El accionar policial es uno de los cuestionamientos más fuertes de la demanda social. La ONG local Temblores publicó esta semana un informe al cumplirse los dos meses del inicio de las protestas, en el que afirma que “entre el 28 de abril del 2021 y el 26 de junio del 2021, ocurrieron, al menos, 4687 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir casos de desapariciones)”.

Entre los casos, asegura la organización, fue posible identificar: “44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública; otros 29 homicidios en proceso de verificación; 1617 víctimas de violencia física; 82 víctimas de agresiones oculares; 228 víctimas de disparos de arma de fuego y 28 víctimas de violencia sexual”. Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusa a la policía de estar implicada en al menos 20 homicidios, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de «matar».

Las violaciones fueron registradas también por distintas misiones internacionales, como la de dirigentes argentinos que visitó el país a fines de mayo, y la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se esperaba para ayer la llegada de una nueva misión internacional, SOS Colombia, integrada por activistas de 12 países de Europa y América.

En tanto, una encuesta de Invamer publicada estos días da cuenta de que el 72% de los colombianos desaprueba la gestión de Duque, cifra que creció notablemente desde el inicio de las movilizaciones. «