Una investigación del diario español El País pone en negro sobre blanco la trama de corrupción que envuelve a dos empresas públicas de la península, el Metro de Madrid –el subterráneo– y el Canal Isabel II, proveedora de agua potable de la capital española. El quid de la cuestión es una serie de negociados que golpean sobre las administraciones del Partido Popular desde principios de siglo pero salpican a emprendimientos realizados en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En el caso de Argentina, el escándalo tiene que ver con la venta de vagones con amianto durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño.
Si bien todos estos escándalos no son nuevos ni es la primera vez que aparecen en los medios, el trabajo realizado por los periodistas Soraya Constante, Mar Centenera, Juan José Mateo y Francesco Manetto acumula todas las denuncias y procesos judiciales de tal manera que se revelan las operatorias dentro de un marco general, a espaldas de la sociedad y con repercusiones en todos los países donde ambas empresas sentaron sus reales.
Por el lado de Argentina, la maniobra apunta a la venta de vagones de subte para la línea B. La compra data de 2011 pero recién en febrero del año pasado se supo que los coches contenían el mineral cancerígeno. La adquisición fue realizada por Macri, que según destacaron los medios españoles en aquel momento, es muy cercano al Partido Popular. La demanda de Sbase, que explota el metro capitalino, es de 15 millones de euros de indemnizaciones. Pero esa no es la mayor de las querellas.
La llamada Operación Lezo, iniciada en un tribunal madrileño, implica sobreprecios y coimas en la compra de la sociedad brasileña Emissão, proveedora de servicios de aguas potables. El sobrecosto trepa a los 10 millones de euros y la «mordida» entre los directivos llega a los 5 millones. Por ese caso, en noviembre pasado fue procesado el expresidente de la Comunidad de Madrid del PP, Ignacio González, quien dirigió Canal Isabel II entre 2003 y 2012, y que ya venía siendo juzgado por fraude y malversación de caudales luego de su paso por la administración comunitaria, entre 2012 y 2015.
El salto hacia América de Canal Isabel II se inició en 2001 y en Colombia, donde adquirió la proveedora de agua corriente Inassa, de Barranquilla. En el país caribeño también se hicieron de Triple A.
El año pasado salió a la luz que la Fiscalía General de Colombia embargó acciones de Inassa por unos 70 millones de euros a raíz de un sobreprecio. Según se publicó, en 2008 un espía español siguió a González hasta Cartagena de Indias y lo filmó con una bolsa en su poder donde se supone que llevaba dinero. Luego encontraron que tenía una fortuna oculta en empresas radicadas en Panamá.
El caso se conoce en Colombia como Operación Acordeón y el procurador general, Fernando Carrillo, dijo que Odebrecht también tendría algo que ver con esa trama de corrupción en la obra pública. Los investigadores llegaron a hablar de que desde las mismas oficinas se pagó la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección, en 2014. Quizás por eso el actual mandatario, Ivan Duque, estaba tan interesado en profundizar la pesquisa. «
Sánchez depende del voto catalán
La nominación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español depende de que la Abogacía del Estado se pronuncie en forma favorable a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado. De cumplirse ese paso, se podrá lograr formar gobierno con apoyo del partido independentista catalán. Un intríngulis que mantiene en vilo a la sociedad española, que ahora enfrenta la necesidad de obtener acuerdos con los secesionistas para tener un gobierno sin ir a alecciones nuevamente, ya que la coalición del PSOE con Unidas-Podemos no alcanza para lograr la investidura.
De no lograrse este paso, que es rechazado por gran parte del establishment político de la nación, la posibilidad de que Sánchez cumpla el mandato que le dio el rey Felipe VI se restringe a recostarse en acuerdos con las derechas (PP, Ciudadanos y el racista Vox).
