La cancillería argentina emitió un comunicado firmado por el gobierno nacional junto con los de Colombia, México y Bolivia en el que expresa su preocupación por la situación peruana y especialmente por “los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
“Para el mundo no es novedad que el presidente Pedro Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención” , dice el texto difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, prosigue el documento, que concluye con una exhortación a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Finalmente, los gobiernos de Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Alberto Fernández solicitan respetar “a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.
El gobierno de México había adelantado que estaba dispuesto a concederle el asilo político a Castillo. El abogado había enviado una carta al presidente mexicano en el que rogaba aceptar el pedido “en resguardo de su vida y su inseguridad”. Pero la situación en el país es lo suficientemente confusa como para no poder predecir lo que puede ocurrir en las próximas horas.
