La ex presidenta Dilma Rousseff pidió una medida cautelar en el Supremo Tribunal Federal que anule el proceso de juicio político que la destituyó el año pasado y permitió la asunción de su vicepresidente, Michel Temer.
El pedido fue entregado el miércoles por la noche por el abogado de Rousseff y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ante el juez de la corte Alexandre de Moraes.
Las probabilidades de revocar el juicio político son lejanas, sobre todo porque Moraes es amigo de Temer, fue su ministro de Justicia y él lo propuso en la corte para reemplazar al fallecido magistrado Teori Zavascki, instructor del caso Lava Jato que murió en enero al caer la avioneta en la cual viajaba.
Cardoso incluyó entre sus argumentos la delación premiada del empresario Joesley Batista, en el centro de la crisis brasileña por haber grabado al presidente Temer avalando sobornos al ex diputado preso Eduardo Cunha, el cerebro del juicio político contra Rousseff.
«Todo aquel proceso de juicio político estuvo viciado», dijo Cardoso al presentar el reclamo, que ya había sido presentado el año pasado luego de la condena a la ex mandataria.
En las delaciones de Batista figuran el pago de sobornos por unos 10 millones de dólares para comprar votos que colocaron a Cunha en la presidencia de la Cámara de Diputados.
La defensa de Rousseff indicó que los votos a favor de su juicio político por violar la ley de responsabilidad fiscal tienen que ver con aquellos sobornos.
Batista también contó que del sector que defendía a Rousseff en Diputados le pidieron dinero para pagar el voto de diputados que estaban dudosos en aquel momento.
Rousseff fue suspendida del cargo el 12 de mayo de 2016 y destituida el 31 de agosto por el Senado.