Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda nació en julio de 1950 en Bogotá pero se crió en la ciudad de Valledupar, en el seno de una familia acomodada. Siendo un reconocido economista y profesor universitario, en 1985 se sumó a la Unión Patriótica, organización que sufrió el exterminio de unos seis mil militantes, por lo que decidió seguir su camino en la guerrilla de las FARC. Allí eligió el seudónimo de Simón Trinidad, en honor al Libertador Bolívar.
Fue responsable de formación política del Bloque Caribe de la insurgencia y ganó visibilidad pública siendo uno de los negociadores en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana a fines del siglo pasado, proceso truncado tras la implementación del Plan Colombia por parte de Estados Unidos. Ya en la era de Álvaro Uribe, Trinidad fue capturado en Quito por militares colombianos (acompañados por la CIA), el 2 de enero de 2004, y extraditado a Estados Unidos en la tarde del último día de ese año. En la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, y en condiciones inhumanas, Trinidad cumple una pena de 60 años de prisión —de los cuales lleva 19— por su participación en el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos.
Durante los diálogos que decantaron en los acuerdos de paz de 2016, la delegación de las FARC insistió con su repatriación, incluso colocando una silueta de cartón con su figura durante las ruedas de prensa. Pero eso nunca ocurrió.
Con la llegada de Gustavo Petro y el primer gobierno progresista de la historia colombiana, se abrió una ventana de esperanza. El 27 de julio, Trinidad reapareció en las noticias con una carta pública al canciller Álvaro Leyva pidiendo que se gestione su repatriación y poder participar del proceso de «paz total» que impulsa el gobierno (ver nota aparte). A lo que Leyva respondió positivamente asegurando que «se están moviendo canales» para dicho objetivo. Y a fines de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –surgida de los acuerdos de paz– anunció que acogió el pedido para que Trinidad comparezca ante ese tribunal de justicia transicional.
Esto implica que se lo reconoce como un actor del conflicto armado, lo que abre el camino para que sea amnistiado, como ocurrió con otros excombatientes que firmaron la paz. Pero la pelota quedó, una vez más, en la Justicia estadounidense, que debe decidir si concede la extradición o si solo acepta que declare de forma virtual.
Tiempo dialogó con Uldarico Florez, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, a cargo de su defensa, sobre su situación y las expectativas que se abrieron ante este panorama.
–¿En qué condiciones humanas y anímicas se encuentra actualmente Trinidad?
–Gran parte de la prisión en la que está se encuentra bajo tierra y los presos pasan casi todo el día subterráneamente. Está en un pabellón donde van quienes Estados Unidos considera «terroristas», en celdas de 2 x 3 metros aproximadamente y casi todo el día en total soledad. Las conversaciones que tiene ocasionalmente con otros presos están siempre monitoreadas. De salud se encuentra perfectamente, siempre pensando en su país y en cómo aportar para la paz de Colombia. Tiene sus principios y su moral muy en alto: ha hecho de su prisión una trinchera de lucha y resistencia.
–¿Qué implica la decisión de la JEP? ¿Hay posibilidades de que Estados Unidos finalmente acepte extraditarlo?
–Nosotros no hablamos de extradición sino de repatriación humanitaria. Por pedido de él, ahora deberá someterse a este sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP inicialmente planteó que sea virtualmente pero nosotros estamos pidiendo que sea presencial. Él está muy interesado en esa comparecencia, pero se necesita que efectivamente la Justicia de los Estados Unidos desarrolle una serie de acciones para que sea repatriado dado que fue condenado injustamente.
–¿Qué actitud tiene el gobierno de Gustavo Petro frente a este caso y cuál fue la de los gobiernos anteriores?
–Lo primero que hay que decir es que el presidente compañero Gustavo Petro planteó en la última cumbre de la Celac que no es posible que en pleno siglo XXI todavía haya prisioneros políticos en América Latina. Al presidente le solicitamos que se nombre a Simón Trinidad como gestor de paz como se ha hecho con otros presos políticos. Sin dudas hay una gran diferencia con los gobiernos anteriores: el compañero Gustavo Petro tiene una política trazada a través de la participación ciudadana y la sociedad civil que busca solucionar los conflictos que históricamente ha tenido nuestro país a lo largo de estos 60 años de conflicto armado.
