A tres meses de iniciado el proceso de movilización de las FARC a la vida civil, empieza el hito de la «dejación de sus armas». Hecho catalogado por el presidente Juan Manuel Santos como histórico para el país, un optimismo que no logra vencer los temores por la seguridad para los excombatientes y militantes del movimiento popular.

Entre noviembre y febrero grupos paramilitares asesinaron a 37 líderes sociales con la total desprotección estatal y con impunidad. Una situación déjà vu que recuerda el genocidio en contra de la Unión Patriótica, perpetrado en similares circunstancias en los años 80 que generalizó y mantuvo la guerra 25 años más.

El ambiente social del país está enrarecido. La trascendencia de la movilización guerrillera hacia la vida civil y de la apertura democrática son opacadas por la ola de asesinatos, la pésima situación económica y la polarización entre la ultraderecha y los defensores de la paz.

Existe un optimismo moderado, pues se recuerdan los recurrentes intentos por lograr la paz, siempre convertidos en traición y frustración. En nuestra retina permanece latente la muerte de Carlos Pizarro, comandante del M-19,asesinado después de entregar las armas y en plena campaña a la presidencial.

Las organizaciones populares persisten en la búsqueda de la democracia, ante estas prevenciones sus vocerías reafirman el compromiso con la paz y la disputa por la justicia social, insisten en cada discurso que «hemos perdido el miedo», han vencido el terror paralizador, ese que obliga al silencio, a censuras y autocensuras en la vida cotidiana.

La guerra marcó al país, dejó miles de víctimas y se estableció una maquinaria de desinformación. Los medios hegemónicos aún incitan a la guerra con titulares que aluden al enemigo interno, un absurdo justificador de la muerte como parte de la política. Demuestran que el ruido de las armas ahogó el sustrato del debate político que originó el conflicto. Pero no se recuerda el asesinato de Gaitán, la dictadura, las persecuciones políticas, el debate por la economía y la justicia social, los argumentos que empujaron a generaciones a tomar las armas, como sí en cambio lo recordó la Comisión Histórica del Conflicto en su trabajo para la mesa de negociaciones.

Las principales expectativas del advenimiento de la paz son la desmilitarización y la instalación de una democracia garante de la vida, respetuosa de las libertades políticas para toda la sociedad.

Con ese propósito se puede ver el movimiento popular organizándose para el nuevo momento, y a las FARC preparando el programa y la estructura del movimiento que los agrupará desde el mes de junio.

Un movimiento que tendrá como desafíos presionar el cumplimiento de las reformas sociales pactadas con el Estado, y preparar el proyecto político para las elecciones de 2018 que definirán el gobierno encargado de continuar la obra de la paz.

En general, el desafío del movimiento popular será trabajar para que las palabras se impongan sobre el ruido de las armas que algunos no quieren acallar. «

* Investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica.